De acuerdo con Acción Ciudadana, la fiscal Cinthia Monterroso debió accionar como lo estipula la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, acudiendo al Tribunal de Honor y no con una denuncia como lo ordenó el juez Jimmi Bremer.
Por Regina Pérez
Periodistas con auxilio de Acción Ciudadana (AC) presentaron un amparo en contra de la resolución del juez Décimo, Jimmi Bremer, quien autorizó al Ministerio Público (MP) investigar a periodistas de elPeriódico y Prensa Comunitaria, columnistas y el financiamiento de medios independientes a solicitud de la fiscal Cinthia Monterroso, quien considera se ha visto afectada por las publicaciones realizadas en el caso de Jose Rubén Zamora.
Eddie Cux, de Acción Ciudadana, dijo que la resolución del juez es ilegal porque según el artículo 35 de la Constitución Política no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos.
Lo que busca el amparo es que una Sala otorgue amparo provisional dejando sin efecto la parte de la audiencia en la que el juez autorizó la investigación “y que se conmine al MP o a la persona ofendida, que en este caso fue la fiscal, a que presente su queja ante el Tribunal de Honor o Juicio de Imprenta que es lo que procede” indicó el abogado.
La acción fue presentada en Gestión de Tribunales y se espera que la Sala designada solicite en un plazo de 48 horas un informe circunstanciado al Juzgado que preside Bremer. Con base a ese informe se determina si se otorga el amparo provisional a las y los periodistas y columnistas.
El pasado 28 de febrero, en una audiencia del segundo proceso que se lleva a cabo en contra de Zamora, la fiscal Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) pidió al juez Bremer que autorizara una investigación en contra de los periodistas Gerson Ortiz, Julia Corado, Denis Aguilar, Cristian Velix, Alexander Valdéz, Rony Ríos y los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, Al considerar que dl MP ha sido afectado por reportajes y notas periodísticas publicadas en elPeriódico y otros medios.
Según la fiscal, desde la prisión preventiva Zamora habría ordenado dichas publicaciones, por lo que pidió que fueran investigados por el delito de obstrucción a la justicia, en el segundo caso en conta del director de elPeriódico, detenido desde julio de 2022.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, señaló que con este tipo de acciones se está frente a un Estado con pretensiones autoritarias. “Como parte del manual del proceso para ser un Estado autoritario uno de los primeros pasos es acallar las voces disidentes y después de expulsar a activistas y operadores de justicia, ahora van por la prensa”, afirmó.
Según Marroquín, lo que se pretende con este caso es dar una lección a las y los periodistas para que se autocensuren y dejen de cubrir notas que son incómodas al actual régimen, incluso poniendo restricciones a la pauta publicitaria.
Libertad de prensa en riesgo
El sábado 4 de marzo, el gremio periodístico se movilizó en solidaridad con las y los periodistas y columnistas afectados y para pedir al MP que detenga las acciones penales en contra de miembros de la prensa y medios de comunicación independientes. El exrelator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, dijo que el hecho de que un periodista emita opiniones o críticas por medio de periodismo investigativo no es motivo para una investigación penal.
A nivel internacional, diversas organizaciones se pronunciaron en contra de la investigación anunciada, lo cual señalaron es una muestra más de cómo la democracia ha sido debilitada en Guatemala.
Esta política represiva del MP, avalada por el gobierno de Alejandro Giammattei, ha tenido como resultado que fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas estén en prisión o en el exilio, señalaron.
Organizaciones internacionales rechazan la criminalización de periodistas en Guatemala
