La iniciativa de ley 6099 llamada por sus ponentes “Ley de Fortalecimiento para la Paz” pretende dar amnistía a militares acusados y enjuiciados por delitos de desaparición forzada, tortura y genocidio. Argumentan que esos delitos no existían en la ley guatemalteca en los años que fueron cometidos. Es decir, durante el periodo del conflicto armado que duró 36 años en Guatemala.
Por Juan Calles
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) envió una carta abierta a la comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, en la que solicitan a los legisladores guatemaltecos que no dictaminen a favor de la iniciativa 6099, pues detendría los juicios por genocidio, desaparición forzada, tortura y otros crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército de Guatemala contra la población civil desarmada en el periodo del conflicto armado interno, que duró 36 años.
La iniciativa 6099 fue conocida en el Congreso de la República en noviembre de 2022 y se encuentra en estudio de la comisión de Derechos Humanos, la cual deberá dictaminar a favor o en contra de la misma, antes de pasar al pleno de diputados para su discusión y aprobación.
La DPLF envió la carta el 27 de marzo recién pasado. “Guatemala tiene prohibido decretar amnistías para las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes internacionales. Además, este intento de retroceso va en total contradicción a los avances que el sistema de justicia penal guatemalteco mostró en los últimos años, en materia de derecho penal y derecho de las víctimas y que han sido un ejemplo para la región y el mundo”, cita el documento.
La Fundación también recuerda que la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, aprobada después de la firma de los Acuerdos de Paz, regula la amnistía por delitos políticos cometidos en el transcurso del conflicto armado interno; en esa Ley se dice explícitamente que la amnistía no es aplicable para delitos como tortura, desaparición forzada y genocidio.
La Fundación para el Debido Proceso es una organización sin fines de lucro que se encuentra en Washington, Estados Unidos, conformada por profesionales del derecho que se dedican a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en Latinoamérica.
¿Qué dice la iniciativa de ley 6099?
En su parte introductoria los diputados ponentes hacen una reseña histórica del conflicto armado interno y en ella argumentan que los oficiales del Ejército y en general los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado cumplían con el deber asignado por las leyes guatemaltecas.
Además, concluyen que no se cometió genocidio y que los delitos de lesa humanidad no estaban tipificados en las leyes guatemaltecas en los años que fueron cometidos y por el principio de no retroactividad de la ley, estos delitos no pueden ser perseguidos en la actualidad.
“Constituye una pretensión perversa que el Estado de Guatemala no obstante que sufrió las terribles consecuencias de la insurrección de grupos guerrilleros, ahora sea condenada por las acciones que en defensa de su propia institucionalidad ejerció por conducto del Ejército y demás cuerpos de seguridad del Estado”, indican.
En el artículo uno decreta la extinción de la responsabilidad y la extensión de la pena, por amnistía, absoluta e incluyente a favor de todas las personas que hayan incurrido por acción u omisión, en el ejercicio de sus cargos como miembros del Ejército de Guatemala y demás fuerzas de seguridad del Estado, y a los integrantes de grupos subversivos.
En el artículo 4 inciso A se decreta libertad inmediata para las personas que han sido enjuiciadas y encontradas culpables de delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno, quienes únicamente necesitarían que un abogado o una persona interesada así lo solicitara al juez de ejecución que corresponda.
Entre los diputados ponentes se encuentra el actual candidato presidencial del oficialismo, Manuel Conde, Javier Hernández, Boris España, Napoleón Rojas, entre otros.
En 2021 la CC ya rechazó una iniciativa de amnistía
En 2017 algunos diputados presentaron la iniciativa 5377 que también buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, luego de avanzar hasta su segunda lectura, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo definitivo que señaló que los delitos de tortura, desaparición forzada y genocidio no son amnistiables, además Guatemala vive en un Estado Constitucional de Derecho, lo que significa que la Constitución tiene un contenido político y legal que protege y da prioridad a los derechos fundamentales.
El fallo de la CC en ese entonces agregó que los diputados del Congreso de la República no pueden introducir esta discusión legislativa, pues la misma contradice los Acuerdos de Paz, la Constitución y los intereses del Estado, que debe procurar el bien común de los y las guatemaltecas.
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Recientemente, en otro caso de delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recomendó al Estado de Guatemala no acatar la resolución de la CC que sugirió dejar en libertad a los militares condenados por la tortura y desaparición forzada contra miembros de la familia Molina Thiessen.
“Para prevenir un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso Molina Theissen Vs. Guatemala, se abstenga de ejecutar la decisión emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 6 de marzo de 2023, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”, publicó la Corte IDH.
El caso Molina Theissen es considerado histórico contra el alto mando militar de los años 80, entre ellos el general Benedicto Lucas, ex jefe del Estado Mayor Presidencial y el ex jefe de inteligencia militar Manuel Callejas y Callejas, por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y la violación y tortura de Emma Molina Theissen.
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Según el abogado constitucionalista, Pablo Bonilla, la CC ya emitió un precedente y existe un sistema regional de protección a los derechos humanos que impediría la aprobación de una iniciativa de ley de esta naturaleza.
“De lo que no estaría tan seguro es si la actual Corte de Constitucionalidad decretaría esta vez una tutela a las leyes y la constitución que mostró la CC anterior, tengo dudas de si esta corte protegería al Estado mismo de estas decisiones que transgreden los derechos que el Estado se ha comprometido internacionalmente a proteger”.
Agregó que en un país en donde se vive en un Estado de Derecho debería generar preocupación a toda la sociedad, “¿Cómo es posible que otros diputados vengan a plantear algo que ya se discutió y se emitió un amparo por la CC? Esto debe provocar preocupación a toda la sociedad”, dijo.
Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo no respondieron a las llamadas de Prensa Comunitaria, por lo que no se obtuvo su opinión respecto a la carta enviada por la DPLF.
