Guatemala va a los comicios con una Ley Electoral y de Partidos Políticos señalada de restrictiva y que deja a discreción del TSE el financiamiento de las agrupaciones y el techo de campaña. Algunos grupos señalan que esto abre la puerta al financiamiento ilícito y que el Congreso, así como la CC, entorpecieron el camino a una nueva reforma. Sin embargo, los expertos que han acompañado la discusión sobre cambios a la Ley, señalan que el problema del financiamiento ilícito tiene muy poco que ver con las últimas reformas.
Por Juan Calles
Guatemala irá a las elecciones con una ley señalada de restrictiva y que deja a discreción del TSE todo lo referente al financiamiento de los partidos políticos.
Son muchas las denuncias de falta de transparencia en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), candidaturas rechazadas a discreción, la inscripción de candidatos de dudosa honorabilidad y el rechazo al trabajo de la prensa independiente.
Para completar el escenario, por decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), este proceso electoral se realizará con una Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) impugnada. Desde el proceso electoral pasado (2019) hasta la fecha, varios sectores pidieron cambios a la LEPP, al considerar que era necesario solventar debilidades o errores que se habían cometido en la elección pasada.
Sin embargo, la CC decidió que la ley debía quedar tal y como estaba, sin hacer caso de las acciones presentadas por abogados, empresarios y ciudadana. Mientras, los diputados en el Congreso entramparon por cuatro años cualquier iniciativa de reformas a la LEEP presentada.
Los artículos del financiamiento y la campaña
Los artículos que fueron impugnados son lo que se refieren a la campaña electoral anticipada, Artículo 94 Bis. Según los cambios sugeridos, en la reforma pasada no se dejó definido qué significa la misma, ni los límites, por lo que cualquier opinión o aparición en medios de comunicación puede ser calificada como tal y con ello cualquier persona que aspire a un cargo público puede quedar fuera de la contienda.
El Artículo 21 sobre el financiamiento electoral, también fue impugnado. En la ley vigente varios cuestionaron que algunas medidas eran excesivas, por ejemplo, la obligación de habilitar libros contables en el TSE para quien quiera financiar un partido político, sin importar el monto del financiamiento. Un requisito que para algunos abre la puerta al financiamiento ilícito de los partidos.
Un tercer tema es el que tiene que ver con la pauta publicitaria en los medios de comunicación, Artículo 220. Con la ley vigente es el TSE el que asigna espacios iguales a todos los partidos políticos y además autoriza o no a los medios para poder contratar esta pauta publicitaria.
Según los que presentaron las acciones, esto ha alejado a los financistas de los partidos y abre la puerta para que grupos criminales puedan utilizar el dinero de sus actividades ilícitas para financiar las campañas de los políticos. Según los expertos consultados, este artículo debió reformarse para enfrentar de mejor manera los comicios.
Más de una docena de organizaciones se sumaron para pedir reformas a la LEPP en su momento, entre ellas, La Alianza Evangélica, Asies, la Universidad Rafael Landívar, Guatemala Visible, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Primero Guatemala, la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (Confecoop), Comunidad Judía de Guatemala, entre otras.
¿Qué significa que las elecciones 2023 se realicen con la actual LEPP?
“Se está fraguando un fraude electoral”, señala la socióloga, Carmen Reina, de la Coordinadora 8 de marzo. Afirma que la CC está coludida con el pacto de corruptos, por lo que las impugnaciones planteadas contra la LEPP no fueron tomadas en cuenta porque las debilidades encontradas en la misma le favorecen a los partidos que representan a la corrupción y al crimen organizado.
“Primero se deja abierta la puerta para el financiamiento electoral ilícito, no se sanciona a los candidatos oficialistas que hacen campaña anticipada haciendo uso de fondos públicos, sin embargo, dejan fuera al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), entonces con estas decisiones y este actuar de las Cortes, es evidente que vamos hacia el autoritarismo legitimado con unas elecciones 2023 poco transparentes”, dijo.
Reina agregó que los partidos interesados en que las reformas a la LEPP no sean impugnadas son partidos políticos que están blindando la continuidad de un proyecto interesado en la regresión autoritaria y continuar el saqueo de los recursos del Estado.
“El Estado está organizado y coludido para restar derechos a la ciudadanía, en el Congreso se discuten leyes para criminalizar a movimientos políticos campesinos además de la creación de mega ministerios para el control absoluto de los procesos en megaproyectos. La CC, el TSE, la CSJ, todas las instancias estatales están de acuerdo para limpiar el camino y lograr sus objetivos”.
Jahir Dabroy, docente universitario e investigador de la Asociación de investigación y Estudios Sociales, opinó que a pocos días de realizarse las elecciones no era conveniente hacer cambios.
“Se veía venir que no era prudente cambiar las reglas del juego a escasos días de las elecciones de este año, habría sido algo muy complejo de implementar”, afirmó.
Para Dabroy ,lo más grave es el tema del financiamiento de los partidos políticos, ya que con la reforma de 2016 se restringió dicho financiamiento, por lo que ahora entra al juego político el financiamiento a partidos por parte del crimen organizado.
“Desde hace al menos dos periodos venimos escuchando de la narcopolítica, podemos ver a narcotraficantes agenciándose de una alcaldía o una curul en el Congreso, hay un exdiputado que está huyendo por una solicitud de extradición a Estados Unidos”.
Esta semana, durante la reunión semanal del pleno de magistrados del TSE con los fiscales de partidos políticos, después que varios representantes de las organizaciones políticas reclamaran por denuncias anónimas por el delito de campaña electoral anticipada, el magistrado Mynor Franco, en tono de regaño, les pidió no culpar al TSE sino a los diputados en el Congreso.
“No se moleste con el tribunal, si no reformaron la ley (electoral) es lo que tenemos”, mencionó el magistrado Franco a los fiscales de partidos políticos. Franco se refirió a que las reformas electorales propuestas no avanzaron en el Congreso y las inconstitucionalidades presentadas por la sociedad civil tampoco fueron aceptadas por la CC.
La piedra en el camino de las reformas
La LEPP está vigente en Guatemala desde 1986, después que la Asamblea Nacional Constituyente creará la nueva Constitución para restablecer el orden político luego del golpe de Estado de 1982 realizado por militares.
La LEPP es la que ordena todo lo relacionado con las candidaturas para puestos de elección popular y del funcionamiento de los Partidos Políticos en el país. La ley ha estado expuesta a varias reformas desde que entró en vigencia. Las discusiones de cambios a la LEPP pueden durar varios años hasta ser ratificadas.
Las últimas enmiendas las realizó el Congreso de la República en 2016, después de la destitución y encarcelamiento del Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidenta de Guatemala, respectivamente.
Una de las consignas de las protestas ciudadanas de 2015 eran las reformas a la LEEP. Pero luego de esa aprobación y de las elecciones de 2019 se presentaron acciones para mejorar algunos artículos que habían quedado ambiguos y otros que habían generado errores, reformas que debían estar listas en 2022, antes del año electoral.
Sin embargo, en el Congreso los llamados a las reformas no tuvieron eco, y en enero de este año los magistrados de la CC decidieron que no entrarían a conocer dichas impugnaciones.
Dabroy señaló al Congreso de actuar de forma lenta y desinteresada frente a las reformas planteadas durante los últimos cuatro años.
“Todo el proceso inició con la Comisión de Armonización y Modernización electoral 2019, esta comisión trasladó las demandas de todos los sectores al TSE, este las discutió, las aprobó y trasladó a la Comisión de Asuntos Electorales. Fue aquí en donde nos encontramos con un cierre por parte del diputado José Roberto Rivera Nájera del partido Creo”.
La CC también dijo No
Ante la lentitud del Congreso varias acciones fueron interpuestas en contra de la LEPP ante la CC.
La responsabilidad de presentar las acciones interpuestas recayó en años anteriores en el magistrado Roberto Molina Barreto. Cuando el magistrado las presentaba al pleno siempre votó a favor de la discusión, pero los otros integrantes de la Corte votaron a favor de ignorarlas.
Para finales de enero de este año, las impugnaciones fueron trasladadas a la magistrada Leyla Lemus, después de lo cual fue cuestión de trámite informar que la CC rechazaba las impugnaciones.
Leyla Lemus, es magistrada de la CC designada por Alejandro Giammattei. Antes de ese cargo fungió como secretaría General de la Presidencia de la República.
“El financiamiento ilícito a partidos no es causado por las reformas”
Para Luis Mack, sociólogo y catedrático universitario, las reformas a la LEPP de 2016 fueron muy importantes y tenían la intención de mejorar las condiciones de participación para todos los sectores de la sociedad, regular el financiamiento para que no existieran maquinarias electorales con recursos ilimitados contra otros que no lograban acercarse a estos partidos que contaban con el financiamiento de grupos de poder económico y político.
“Las reformas fueron demasiado restrictivas y le dieron demasiadas atribuciones al TSE, que no se preparó bien para enfrentarlas, ahora tiene esa discrecionalidad que tanto se le achaca, pero las reformas aprobadas sí hicieron avances importantes y necesarios.”
En el caso del financiamiento electoral ilícito Mack considera que es una grave preocupación, pero que este no es causado por las reformas de 2016, más bien, es resultado de las condiciones políticas que han imperado en Guatemala desde al menos los últimos 20 años.
“El financiamiento ilícito, siempre jugó un punto importante, lo que pasa es que la CICIG, (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), en su momento, señaló que había una parte de ese financiamiento que venía de actores lícitos, entre comillas, y una parte de los sectores ilícitos, obviamente si esta legislación controla el ingreso de los actores lícitos, entre comillas, es en donde obviamente va a alentar el crecimiento del otro actor, pero me parece que es una postura bastante risible porque lo que están diciendo es: Ahora ya no podemos participar”.
Es necesario discutir y reformar estos artículos de la LEPP, pero con la participación de todos los sectores de la sociedad, “no se debe dejar la discusión de estos temas en manos de un solo sector” aseguró.
“El financiamiento condiciona la acción política de quien ejerce el poder, por eso la sociedad tiene el derecho de saber quiénes financian para explicar después las decisiones que se toman en el poder,” finalizó.
