En la tarde de este 18 de enero un grupo de personas armadas atacó a 12 familias del paraje Pacaja’, de la aldea Chirijox, en Sololá. Después de desalojarlos incendiaron sus casas y pertenencias; autoridades del Ministerio Público levantaron un acta, pero no hay ninguna persona señalada o investigada por los hechos.
Por Tzijinel pa Raxk’im Sija
En el sector conocido como Pacaja’ un grupo de personas armadas desalojó e incendió las casas de al menos 12 familias, ubicadas sobre la línea divisoria entre los poblados de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá, que desde hace años enfrentan un conflicto al que no se le ha encontrado una solución.
Según la versión de personas de la aldea Chirijox de Santa Catarina Ixtahuacán, el pasado 18 de enero, pobladores de Nahualá se dividieron en tres grupos, uno de ellos se reunió con la fiscal general, Consuelo Porras, para entregar a la jefa del Ministerio Público (MP) una solicitud en la que piden su intervención en el conflicto entre las dos poblaciones; el segundo se presentó a la Gobernación de Sololá con la misma solicitud; mientras un tercer grupo atacó y desalojó a 12 familias del lugar conocido como Pacaja’.
A eso de las 14 horas inició el ataque a las familias, duró al menos cinco horas, algunas familias huyeron del lugar buscando refugio con familiares en Santa Catarina Ixtahuacán.
Ese día se reportaron personas heridas y con ataque de nervios, además de seis casas, dos vehículos y un camión incendiados.
El MP se presentó al lugar para levantar un acta, sin embargo, no se responsabilizó a nadie por los hechos. Los afectados dijeron que al lugar no se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y tampoco personal del Ejército, a pesar de que tienen comisaría y destacamento en el lugar desde junio de 2022.
Las familias desalojadas fueron albergadas en una escuela local y, por la noche del miércoles se trasladaron a casa de familiares en Ixtahuacán.
Tanto Nahualá como Santa Catarina Ixtahuacán pertenecen al departamento de Sololá. El conflicto data de hace varias décadas. Historiadores y antropólogos registran conflictos por paso de comercio hacia otros municipios, disputas por fuentes de agua y más recientemente una disputa entre grupos del narcotráfico.
La respuesta del Estado guatemalteco ha sido errática y débil, se han instaurado estados de sitio que no han resuelto el conflicto y mesas de diálogo que tampoco atienden la complejidad histórica y antropológica del conflicto.
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