Desalojan comunidad Se’inup’ en Petén; trabajadores de la empresa San Agustín queman sus casas

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Créditos: Comunitarios
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Durante los últimos meses se han desalojado comunidades Q’eqchi’ en la región de Alta Verapaz, Izabal y Petén, a pesar de la resistencia de los pueblos indígenas organizados, bajo argumentos legalistas y con la venia de autoridades gubernamentales, las comunidades son despojadas y violentadas.

Por Guadalupe Figueroa

A pesar de que la población de Se’inup’, en El Chal, Petén, buscó una salida por la vía legal y sus habitantes intentaron resolver el conflicto pacíficamente, este 15 de diciembre de 2022 fueron desalojados por la Policía Nacional Civil (PNC).

Foto: Comunitarios

La policía incendió alguna de las viviendas de las 56 familias maya Q’eqchi’ de la comunidad de Se’inup’. Representantes de la empresa San Agustín S.A., según dijeron algunos comunitarios, se comprometieron a alojar a los comunitarios en dos hoteles de El Chal y uno en Santa Elena, por un mes.

Uno de los pobladores que habló con Prensa Comunitaria bajo condición de anonimato, dijo que se quedaran en la calle que está en la entrada de la finca y que están pendientes de recibir ayuda humanitaria. Además, las personas desalojadas señalaron que aunque los hayan desalojado y quemado sus casas, no se moverán del albergue en el que se encuentran actualmente.

Según la población, quienes incendiaron las casas fueron personas particulares, que se conducían en un vehículo de la empresa San Agustín S.A.

Ayer, la población expresaba su temor de ser desalojada y este jueves se concretó. “No tenemos a dónde irnos, nosotros continuamos sembrando maíz y nuestro frijol, no nos vamos a mover, lo que estamos haciendo es trabajar la tierra y estar en la lucha por nuestra tierra ya sea que la nación nos venda la mitad o toda la finca, ya que la necesitamos para mantener a nuestras familias, ahora tenemos una noticia que el día de mañana (15 de diciembre) nos van a desalojar”, había dicho uno de los pobladores.

Nueva orden de desalojo judicial 

La finca en la que se encuentra asentada la comunidad de Se’inup’ está doblemente registrada. Por una parte, es tierra a nombre del Estado guatemalteco; y por la otra, existe un alegato de parte de la empresa San Agustín, que es la misma que ha criminalizado a las autoridades comunitarias, según han denunciado algunos pobladores.

Foto: Comunitarios

La comunidad hizo las gestiones ante el Fondo de Tierras para adquirir legalmente el terreno a su favor, sin embargo, no fueron atendidas, mientras que la empresa, a pesar del conflicto de propiedad mencionado, ha presentado denuncias antel el Ministerio Público (MP), por el delito de usurpación, contra autoridades comunitarias de Se’inup’.

El MP por su parte, concluyó que el caso es un tema agrario y no penal, sin embargo, el juez de San Benito, Petén, Bejamín Chinchilla, autorizó el desalojo.

“Con respecto al proceso de la tierra, vamos luchando, pero el juez de san Benito, Benjamín Chinchilla, siempre autoriza el desalojo. El mismo Fondo de Tierras reconoce que esta tierra está en conflicto, pero el juez no entiende esa parte y sigue autorizando el desalojo”, mencionó otro comunitario.

La situación que viven las mujeres, niñas y niños en la comunidad ha afectado su salud mental, algunas personas reportan tristeza y miedo.

El sentir de las mujeres, lo comparte una comunitaria al afirmar: “duele ver lo que hemos estado viviendo, somos una comunidad indígena, eso nos duele y vemos que en otras comunidades ha pasando la misma situación, las desalojan, algunos estamos viviendo todavía en casitas de nailon, eso es duro porque estamos acostumbrados a vivir en casas frescas, como las de hojas, pero vivimos con un trauma que si pasa un carro o escuchamos un disparo y cosas así nosotras, estamos ahí asustadas porque estamos con ese trauma y no sabemos que pueda pasar con esta situación”.

Foto: Comunitarios

La comunidad indígena de Se’inup’ fue desalojada extrajudicialmente el pasado 30 de septiembre, aunque los dirigentes de la comunidad acudieron a presentar una denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Fiscalía Municipal del Chal esta entidad no dictó ninguna medida de seguridad para los habitantes, tampoco ordenó la investigación inmediata.

El ataque armado denunciado fue ejecutado por personas desconocidas, ese mismo día de la denuncia, a eso de las nueve de la noche, los perpetradores se tomaron el tiempo necesario para ir de casa en casa a disparar al aire, generando miedo y terror en los pobladores, seguidamente quemaron sus hogares, sus animales domésticos y aves de corral, con todos sus enseres.

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