Exclusión de candidatos afines al Gobierno altera el cronograma de elección a Contralor

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Créditos: Simón Antonio.
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

La agenda de la Comisión de Postulación en el proceso de la elección de Contralor General de Cuentas se alteró por las dudas sobre si se debe excluir a los candidatos Erick Mazariegos y César Elías del proceso, porque no fueron aceptadas las pruebas de descargo; además, Sergio Waldemar Max Moya, otro de los candidatos, debe acreditar sus 10 años de ejercicio profesional antes del 27 de octubre. Esto retrasó la votación para la integración de la nómina final que puede realizarse esta semana.

Por Simón Antonio Ramón

La calificación de la tabla degradación y la revisión de las pruebas de descargo de cuatro candidatos, que fueron señalados en la fase de entrega de tachas, obligó a la Comisión de Postulación a que solicitara una opinión jurídica al equipo legal. Ambas actividades siguen generando fisuras en las y los comisionados para favorecer a candidatos que son señalados de tener vínculos con el gobierno, situación que ha generado argumentos de conflictos de interés entre comisionados y candidatos que buscan ocupar el cargo de Contralor.

Las calificaciones dejan fuera a candidaturas con mayor posibilidad de ocupar el cargo

La Comisión de Postulación determinó las calificaciones en la tabla de degradación el viernes 21 de octubre para hacer un primer corte, con 12 aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), para el período 2022-2026 que hayan obtenido los mayores punteos, como se indica en el acuerdo que la Comisión de Postulación aprobó el 17 de octubre.

 

En la revisión de la tabla de degradación del 21 de octubre, la candidata Adriana Estévez Clavería obtuvo un punteo de 81.98 puntos, colocándola en el segundo lugar del punteo. En la revisión y aprobación del acta de la sesión del viernes, el presidente de la Comisión, Roberto Moreno reconoció el error que algunas organizaciones de la sociedad civil señalaron, por lo que pidió hacer la corrección.

El descuido de haberse sumado mal la calificación provocó discrepancias entre las y los comisionados. Se aprobó el acta y después se pidió la revisión, por lo que la calificación de Adriana Estévez, actual directora y consejera de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se quedó en 80.98 puntos, lo que la colocó en el quinto lugar.

Inicialmente se centró la atención en el candidato Erick Mazariegos quien ha ocupado cargos de auditoría y finanzas en el partido Vamos, que llevó al gobierno a Alejandro Giammattei, quien fue señalado por el Movimiento Projusticia y otras organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, de ser responsable del retraso de la elección de comisionados en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) hasta cumplir los 40 años a mediados de septiembre.

Otra de las candidaturas que desde un principio llamó la atención fue la de la excontralora Nora Segura, de la planilla Nosotros, que tiene tres escaños dentro de la Comisión de Postulación de los dos colegios que participan en el proceso. En contra de Segura se presentó un amparo el miércoles 19 de octubre por José León Pensamiento en el que se argumenta que ella no puede volver a postularse, porque la Constitución lo prohíbe para un segundo período porque ejerció el cargo en 2010 – 2014. Un antecedente ocurrió en 2014 con el excontralor Carlos Mencos que fue electo para un segundo período entre 2014-2018, aunque hasta el momento no hay jurisprudencia sobre este caso.

El tercer candidato fuera de la planilla de los 12, fue Óscar Mauricio López Ixcolin, actual secretario general de la Contraloría General de Cuentas, al no alcanzar un punteo más alto.

De haber una rigidez de la Comisión de Postulación con los punteos, el candidato oficialista, la excontralora y el secretario general de la CGC quedarían fuera de la contienda. Mazariegos obtuvo 61.04 puntos, que lo colocan en el escaño 21 de 33 participantes. En el caso de excontralora obtuvo 69.32 puntos, ubicándola en el puesto 17 y López Ixcolin con 70.69 puntos quedó en el puesto 16.

El 17 de octubre para el establecimiento del corte, con 12 candidatos que hayan obtenido una mejor calificación en la tabla degradación no implica una decisión final por dos circunstancias: la primera, no se estableció un punteo máximo, porque al momento de la propuesta de 75 puntos máximo, solo fue apoyada por el rector de la Universidad del Valle, Roberto Moreno, el delegado gremial por Avancemos y muy pocos decanos: Universidad Mesoamericana, Universidad Da Vinci, Universidad InterNaciones, Universidad Panamericana, Universidad Francisco Marroquín, Universidad Mariano Gálvez, Universidad Rafael Landívar; dos; y el segundo quizá el más importante, no tiene ninguna base legal expresa, según el boletín de monitoreo de la organización Guatemala Visible.

Respecto al primer corte con 12 candidatos de mayor punteo que ahora encabeza Carlos Echeverría, el abogado Rafael Maldonado al evaluar la base legal indicó que la Ley de Comisiones de Postulación “le faculta a la Comisión establecer mecanismos de trabajo por lo que el primer corte tiene ahí su fundamento legal”.

El Movimiento Projusticia analizó en una publicación  del 17 de octubre, las ventajas y desventajas del acuerdo de ese día con el corte de 12 aspirantes, con las mejores calificaciones. “El votar por los doce aspirantes con las mejores notas implica tener un universo limitado, pero podrán votar incluso por punteos bajos en ese universo y dejar fuera a quienes tengan notas más altas. Entre los doce podría haber brechas considerables y significativas”, publicó.

Las pruebas de descargo y Mazariegos penden de un hilo

En la revisión de las pruebas de descargo por las 12 tachas que se presentaron contra cuatro candidatos, la Comisión de Postulación no aprobó ninguna de las pruebas de descargo de las seis tachas presentadas en contra de Erick Mazariegos Salas, el candidato del gobierno.

Las tachas contra Erick Mazariegos se refirieron a la falta de idoneidad por integrar un partido político que crea conflictos de interés y carencia de independencia, por lo que no cumple con los requisitos constitucionales.

Por falsedad material al acreditar 10 años de ejercicio profesional que no tiene; posible tráfico de influencia con el comisionado Jeovani Ulises Navarro. Violación al Código de Ética del Colegio Profesional de Contadores Públicos y Auditores (CPA) por haber estado a cargo de auditoría y finanzas de un partido político lo que le genera inexistente de independencia e imparcialidad.

Las tachas fueron presentadas por Eleonora Muralles, de la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS); José Luis Aguilar Canales, presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario (COCODE), del Barrio Las Casas y lotificación Maza Coatepeque, Quetzaltenango; Máximo Ramírez Valdez; José Antonio Álvarez Rosales y Carlos Vicente Solís.

El Movimiento Projusticia había informado que en el actual proceso, la Comisión de Postulación pidió información que en otras ocasiones no se habían pedido como la “información de verificación y reafirmación o aclaración a empresas, universidades y otras entidades aludidas en los señalamientos”.

También se presentaron cargos contra los candidatos César Elías, Frank Bode y Mario Xocoy. En el caso de César Elías, es señalado de falta de idoneidad por una denuncia penal en su contra por su gestión como Contador general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y por su posible vinculación al caso Cooptación de Estado, en el que aparecen el expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías.

En el caso de Frank Helmuth Bode Fuentes es señalada de haber obtenido los grados académicos de magister y doctorado por medio de fraude de ley en dos años. A Frank Helmuth Bode y a Mario Francisco Xocoy Buch, se les señala por qué son sindicados en un proceso penal junto a Gustavo Alejos Cámbara.

La Comisión de Postulación sólo aceptó las pruebas de descargo de Mario Xocou y Gran Helmuth Bode, que está dentro del listado de los 12 con 81.53 puntos. A Erick Mazariegos y a César Elías no se les aceptó ninguna de las pruebas de descargo, antes de la hora de almuerzo de la Comisión el sábado 22 de octubre, habían excluido a Erick Fernando Mazariegos Salas del proceso.

El comisionado Milton Fuentes de la planilla Gran Alianza Profesional (GAP) reclamó que la exclusión de Erick Mazariegos del proceso al no aceptarse todas las pruebas de descargo sería ilegal, el otro argumento que usó Fuentes, fue que sólo se obtuvo 15 votos para excluir a Mazariegos del proceso cuando debieran ser 16 votos. La variación de la cantidad de los votos fue por la ausencia del comisionado Arlindo Velásquez de la Universidad de Occidente.

Los argumentos de Milton Fuentes fueron apoyados por la comisionada Ingrid Chavarría y el comisionado José Mazariegos del CPA. Por lo que se acordó hacer una solicitud de opinión legal al equipo jurídico. Sobre este tema, el abogado Maldonado opinó que las tachas pueden ser referencias al momento de la votación por la nómina. “Hay antecedentes recientes sobre el tema; durante la elección de la fiscal general ella tuvo muchas tachas pero se le voto para ser incluida en la nómina que se envió a Giammattei, esto previo a la resolución de la CC que obligó a la Comisión incluirla en la nómina, eso puede ser el caso aquí”, indicó el abogado.

La alteración del cronograma de la Postuladora

Según el cronograma de la Postuladora, el domingo 23 y lunes 24 de octubre se realizaría la votación final y la integración de la nómina de seis aspirantes que sería enviada al Congreso y publicada en el Diario de Centroamérica el martes 25 de octubre para que elija al contralor; pero en las sesiones del viernes y sábado el cronograma sufrió un primer retraso por dos razones.

La primera, la Comisión se percató que el candidato Sergio Waldemar Max Moya no tiene los 10 años de experiencia que requiere el cargo, por lo que se le dio tres días (25 a 27 de octubre) para acreditar los años de experiencia; y la segunda, será para conocer la opinión del equipo jurídico sobre dos consultas: si es viable la exclusión de candidatos al no aceptarse las pruebas de descargo; y si la ausencia de un comisionado disminuye la cantidad de votos para determinar acuerdos.

De solventarse la opinión jurídica y la acreditación de Sergio Max, esta semana se podrá retomar el cronograma para la votación e integración de la nómina final y } la próxima semana se envíe la nómina al Congreso y sea publicada en el diario oficial, lo condicionaría la agenda del Congreso con la aprobación del presupuesto de 2023 antes de irse al período de receso por fin de año.

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