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En 10 días el gobierno de Giammattei gastó Q1,400 millones para el estado de calamidad

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Créditos: Nelton Rivera. Nebaj Quiché durante las tormentas.
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

Los ciclones tropicales Celia y Blas impactaron la Costa Sur guatemalteca en junio pasado. El Ejecutivo se apresuró a decretar estado de calamidad en ocho departamentos y el Congreso lo ratificó para todo el país. En diez días, ministerios, secretarías y municipalidades del país otorgaron proyectos y obras valoradas en Q1,400 millones. Una suma que ha generado suspicacias por los antecedentes de soborno y corrupción del Ministerio de Comunicaciones. 

Pero también porque las millonarias compras se ejecutaron cuando el foco público se concentraba en el fraude en las elecciones a rector de la Universidad de San Carlos (USAC), la crisis sanitaria por el Covid-19, la publicación de la segunda parte de la Lista Engel y, recientemente, la captura de Jose Rubén Zamora, director de elPeriódico, y la auxiliar fiscal especial contra la corrupción, Samari Gómez. Todos estos eventos, con cierta proximidad a la convocatoria a las Elecciones Generales de 2023. 

Por Paolina Albani

El 9 de agosto, el diputado de la oposición, Orlando Blanco, del Grupo Parlamentario de Oposición del Congreso, tuiteaba desde su cuenta la fotografía de un documento con el desglose de los gastos ejecutados durante el estado de calamidad. En él, mostraba que ocho dependencias gastaron Q.1, 400 millones en proyectos y obras durante la emergencia de los ciclones.

Un monto que equivale al presupuesto anual del Ministerio de Agricultura o bien, la tercera parte del presupuesto del Ministerio de la Defensa.

Cuando el estado de calamidad fue aprobado en junio pasado, “hubo muchos intereses de diputados en juego”, dijo Blanco, y eso fue lo que provocó que la emergencia se ampliara a los 22 departamentos y no solo a ocho, como propuso al inicio el Ejecutivo.

La aprobación fue apresurada y vimos el aprovechamiento del Ejecutivo, pero también del Congreso, pues tuvieron la puerta abierta para evadir la Ley de Contrataciones del Estado y ejecutar recursos destinados a la obra pública”, señaló.

El diputado dijo que “las bancadas lo que querían era aprovechar eso para sacar algunas dádivas al Ejecutivo. Se sacaron proyectos, plazas, dinero, y obra pública”. Dádivas que podrían ser utilizadas como campaña política de cara a las elecciones.

A los que votaron por ratificar el estado de calamidad, de forma urgente, les dieron 100 mil quetzales. Con ello, empezó la corrupción en el estado de emergencia, indicó Blanco, pero no dio pruebas de ello.

En esos 30 días, mientras el país entero estaba sumergido en la debacle política del fraude en la elección para rector en la USAC, la crisis sanitaria por el aumento de contagios por la COVID-19, la publicación de la segunda parte de la Lista Engel de actores corruptos y, posteriormente, en la detención del periodista y director de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, y una de las fiscales especiales contra la impunidad, Samari Gómez, acusados por el Ministerio Público de Consuelo Porras, de lavado de dinero y filtración de información de dos investigaciones penales; se subieron 169 concursos al portal de Guatecompras.gt.

De estos, 141 fueron adjudicados y ocho instituciones fueron las principales compradoras. Siendo la primera el Ministerio de Comunicaciones con 132 concursos, por Q1,197 millones. El siguiente en la lista fue el Ministerio de la Defensa con un solo concurso, el más caro, de Q139.2 millones. Le siguió el Ministerio de Desarrollo Social con 2 concursos por Q54.7 millones. En el cuarto lugar está la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) con cuatro concursos, por Q2.5 millones; el Ministerio de Cultura, con una adjudicación de Q2.5 millones; la Municipalidad de San José La Arada, Chiquimula, con dos adjudicaciones, por Q1 millón; la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente con 12 concursos, por Q812 mil 850; y la Municipalidad de Los Amates, Izabal, con una adjudicación de Q311 mil 250.

De acuerdo a la circular 003-2022 subida a Guatecompras, las adquisiciones y contrataciones bajo el estado de emergencia, únicamente, podrían cubrir daños en infraestructura, y debían tener una constancia de causa y daño de la CONRED, pero de los 141 concursos adjudicados, solo 93 contaron con el respaldo de la coordinadora, de acuerdo a la vocería de la institución.

El problema, dijo Blanco, es que “varias instituciones aprovecharon el estado de calamidad para incluir ejecución ordinaria de su presupuesto, sin haber llenado los requisitos correspondientes”. Es decir, sin que las obras o proyectos estuvieran relacionados a los efectos de las tormentas.

Al cuestionar a la Secretaría de Comunicación de al Presidencia si podrían respaldar que todas las compras por excepción, hechas en esos 10 días, fueron para atender los daños ocasionados por las lluvias, se limitó a responder:

“Todas las adjudicaciones realizadas por las distintas dependencias del gobierno de Guatemala, se desarrollan en estricto cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado  y  se ejecutan con absoluta transparencia, por medio del portal de Guatecompras, en donde pueden ser consultadas. Cada una de las entidades ejecutoras, es encargada de cumplir a cabalidad con los procesos establecidos en la ley”.

El gobierno ha declarado al menos tres estados de calamidad (por la pandemia en agosto de 2021, por las tormentas ETA y IOTA en enero de 2021, y por los ciclones Celia y Blas el 24 de junio pasado), tres estados de sitio (El Estor, Izabal en octubre de 2021; Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá en diciembre de 2021; Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos en julio de 2022), tres estados de prevención (en Izabal en noviembre de 2021, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén en marzo de 2021 y otro a nivel nacional por la pandemia en julio de 2021). Siete de ellos declarados en 2021.

El diputado Blanco no es el único en sugerir el aprovechamiento del Congreso. Aldo Dávila, del partido Winaq, ha referido en redes sociales que, el oficialismo crea cortinas de humo para distraer la fiscalización.

Esta vez, la tormenta no sería la excusa, sino la iniciativa 6076, Ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del ejército de Guatemala, que avanza rápidamente en el Congreso. Según Dávila, detrás de la negociación de la normativa buscan ocultar el gasto de Q10.5 millones para remodelar salones en el Congreso de la República, un concurso adjudicado a Arcos Proyecciones, S.A.

La adjudicación publicada por el diputado Dávila, es de 2020, y Prensa Comunitaria no pudo confirmar una actualización de la información.

ETA y IOTA vrs. Celia y Blas

En octubre y noviembre de 2020, las tormentas ETA y IOTA dejaron pérdidas agrícolas mayores a Q800 millones y Q6 millardos en pérdidas generales. Una tormenta con secuelas más graves que las del huracán Mitch. El Ejecutivo y el Congreso decretaron estado de calamidad para atender esa emergencia. Ahí, el gobierno gastó Q200.3 millones en 88 adjudicaciones.

Sin embargo, las compras para Celia y Blas son 85.6% más caras, pese a que los daños reportados habrían sido menores a los de ETA y IOTA, según información del portal de Guatecompras.gt.

Es más, algunos damnificados por las tormentas de 2020 han dicho a Prensa Comunitaria que no han recibido lo que se les prometió. Solo algunos de ellos calificaron para la reconstrucción de sus casas y, casi dos años después, todavía no reciben la ayuda del gobierno.

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Gastos sospechosos cerca del año electoral

Eddy Cux, presidente de Acción Ciudadana (AC), señaló que aunque todavía falta ponderar los daños estructurales y la afectación versus lo gastado, ha sido evidente que durante este año no ha habido tanta catástrofe como en años anteriores.

Las compras para atender la emergencia del estado de calamidad, en el caso de los ciclones Celia y Blas,  iniciaron el 11 de julio. Una semana después de que los medios reportaran que todavía no habían compras para atender la urgencia. Además, el  Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó US$250 mil como ayuda de emergencia para mitigar los daños causados por los ciclones.

“Resulta escandaloso como, de forma metódica, han aumentado el presupuesto de Comunicaciones cuyos fondos van dirigido a unidades ejecutores con un alto riesgo de corrupción. Como Covial y Caminos. Esto ha generado una estructura de corrupción descarada. Este gobierno es el que más ha invertido en calamidad publica”, dijo Cux.

Ejemplo de ello, fue el desembolso millonario para la compra de las vacunas contra la COVID-19 que terminaron venciéndose antes de ser distribuidas entre la población. Además, muchas veces, en las obras que se pagan, no se ven mayores beneficios. Ni en salud ni en infraestructura, aseguró.

“La corrupción llega al punto que lo ejecutado no va a las carreteras. Lo mas seguro es que va a financistas y contratistas”, es un círculo de corrupción que se vincula con la proximidad de las elecciones.

Esta cercanía del arranque electoral, la conformación de partidos, el anuncio de postulantes, genera suspicacias.

“Vemos intereses espurios, ilegítimos, posiblemente, ilícitos de parte de los diputados. Especialmente, de los que aprobaron el Estado de Calamidad”, dijo Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Más aun cuando el Congreso aprobó en marzo pasado, el decreto 21-2022, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, que suavizó los controles de la inspección física de las obras y elevó el presupuesto de Comunicaciones por Q3,191.2 millones para “rescatar la red vial”.

ICEFI, en su momento, aconsejó a los diputados de no aprobar la ley pues la fuente de la misma serían los recursos ociosos del 2021, pero el Legislativo no escuchó razones.

A “la Contraloría General de Cuentas le tocaría hacer la inspección física y ver si las obras existen”, refirió Barrientos.

Ante este panorama, los entrevistados coincidieron al decir que el gasto del estado de calamidad “llama a preocupación”, pues el registro contable de la ejecución presupuestaria de las obras no quiere decir que sean reparadas y reconstruidas las carreteras, los puentes y caminos.

Barrientos admitió que las crisis políticas, sociales y sanitarias que Guatemala atraviesa suelen distraer a la gente, pero que “no hay que descuidar la auditoria social y la supervisión ciudadana” del uso de los recursos públicos, pues “se percibe que hay un robo a mansalva conectado con el proceso electoral”.

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