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Giammattei anuncia veto para polémico decreto 18-2022

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Créditos: Juan Rosales.
Tiempo de lectura: 4 minutos

En horas de la tarde y tras dos días de protestas y objeciones de distintos bloques legislativos de oposición, el presidente anunció que vetará la ley aprobada por el Congreso, por ser inconstitucional. 

Por Juan Calles

El presidente Alejandro Giammattei, en un mensaje televisado, informó que vetará el decreto 18-2022 porque viola artículos de la Constitución Política de la República y varias convenciones de las que Guatemala es signataria.

Además solicitó a la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, que archive el Decreto 18-022.

“Como representante de la unidad nacional, anunció que de venir a este despacho la iniciativa de ley 5272, que da origen al Decreto 18-2022, será vetada porque viola la Constitución de la República”, dijo Giammattei.

Más temprano, los diputados y diputadas de las bancadas, Semilla, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Winaq y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), utilizaron el precedente legislativo 2-2017 para presentar este jueves una serie de objeciones contra el decreto 18-2022, conocido como ley para la protección de la Familia, aprobado por el Congreso de la República.

Dicho precedente legislativo establece que cuando existen objeciones por inconstitucionalidades, oportunidad o conveniencia nacional, en un decreto aprobado, se deben discutir en el pleno y si se aprueba, detener su proceso legal para guardarlo en el Archivo de la Dirección Legislativa del Congreso de la República.

Mientras las diputadas y diputados de oposición ingresaban las objeciones en la dirección legislativa, en la calle, frente al Congreso de la República un grupo de representantes de organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual protestaban y mostraban su apoyo a las objeciones presentadas por las bancadas de oposición.

Foto: Juan Rosales.

Las personas que participaron en la manifestación preferían no dar declaraciones o pedían a los periodistas no mencionar sus nombres pues temían por su seguridad. En las declaraciones de quienes manifestaban su descontento a la aprobación de la “Ley Para la Protección de la Vida y la Familia”, se podía percibir una actitud de reserva, “por seguridad no decimos nuestro nombre, ni el nombre de la organización a la que pertenecemos”, decían antes de las entrevistas y fotografías de los periodistas.

Con tambores, chinchines y silbatos coreaban consignas: “las familias diversas existimos”, “No son provida, son asesinos”, gritaban al ritmo de la batucada. Una mujer trans que participó en la protesta dijo que el decreto 18-2022 es discriminatorio y que promueve la violencia contra las personas de la diversidad sexual. “Los crímenes de odio han ido en aumento, con esta ley se promueve la violencia, se promueven los crímenes de odio contra nosotras”, declaró.

Las mujeres en riesgo de ir a prisión si sufren un aborto involuntario 

Según las objeciones presentadas, el decreto 18-2022 no es claro al conceptualizar el aborto, por lo tanto, ponen en riesgo la seguridad jurídica, el principio de inocencia y criminaliza a las mujeres. “Pone en duda la muerte natural, las acusa de antemano, a la mujer como la causante del mismo y  permite que sea estigmatizada, que no obstante, haber sufrido por la pérdida del feto o embrión y sufrir emocional y físicamente por el mismo, podría ser investigada porque la ley la supone sospechosa de haber provocado el mismo, con lo que se ejerce violencia psicológica en contra de la mujer”, se menciona en el documento.

Se objeta también el endurecimiento de las penas en el Código Penal para quienes se encuentren culpables de participar de un aborto, lo mismo para mujeres que consientan un aborto o médicos que den atención médica a mujeres que en esta situación lo necesiten.

La diputada Vicenta Jerónimo, del MLP, dijo que el presidente Giammattei debía vetar el decreto 18-2022, porque, en su opinión, criminaliza la diversidad.

Por su parte, la diputada Sonia Raguay de Winaq dijo: “Hemos entregado a la presidencia del Congreso, objeciones al decreto 18-2022, la llamada iniciativa 5272, porque tiene falencias constitucionales”.

Además de las inconstitucionalidades, el decreto 18-2022 no cuenta con dictamen técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ni dictamen financiero del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), que garanticen que las disposiciones de dicho decreto puedan ser debidamente atendidas por las instituciones respectivas.

“El MSPAS actualmente solo cuenta con al menos 6 mil médicos en toda la red de servicios de salud, y ello implicaría desarrollar procesos de formación de personal y fortalecimiento de la red de servicios en el primer nivel de atención el Ministerio de Salud y Asistencia Social necesitaría que en los 1 mil 232 servicios de atención primaria y que prestan servicios directos a las comunidades, y lo que implicaría contar con 2 mil 464 médicos generales para poder aplicar dicha norma”, concluyen los diputados en el documento presentado este día.

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