Este miércoles 9 de febrero, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) realizó una audiencia para conocer la acción de inconstitucionalidad que busca resolver las trabas jurídicas que impiden que las personas con discapacidad gocen plenamente de sus derechos y obligaciones, situación reconocida por expertos y documentos de organismos internacionales.
Por Juan Calles
La Corte de Constitucionalidad -CC recibió la declaración de Silvia Quan, de la organización Vida Independiente, como representante de las personas con discapacidad, que fundamentó las razones para plantear la acción de inconstitucionalidad. La capacidad jurídica es la aptitud de todas las personas de tener derechos y obligaciones ante la ley, en el caso de las personas que viven con alguna discapacidad, esta aptitud está limitada y se permite, según la ley, que terceras personas decidan sobre sus derechos y obligaciones.
Silvia Quan del Colectivo Vida Independiente y representante de las personas que viven con discapacidad ante el pleno de la CC dijo que: “Es necesario eliminar las barreras jurídicas porque las personas que viven con discapacidad son vistas como una carga familiar y social sin capacidad de pensar y aprender. Eso se ve reflejado en las normas que nos excluyen de acceder a los mismos derechos, bienes y servicios que tienen los demás con el pretexto de que nos dan un trato “especial”.
“En el ámbito de nuestros derechos civiles y políticos, el paradigma de la interdicción, en la toma de decisiones, refleja el mito de que no somos capaces de pensar por nosotras mismas, sin embargo, la práctica de negarnos nuestra capacidad jurídica, un derecho humano fundamental, solo nos sitúa en un estado de mayor vulnerabilidad ante la posibilidad de que terceros decidan por nuestras vidas”, agregó.
La representante del Ministerio Público, Verónica del Carmen Mazariegos, por su parte, dijo frente a los magistrados constitucionales que considera la actual legislación como la correcta para proteger a las personas que viven con discapacidad, para defender su punto de vista puso el ejemplo de una persona con discapacidad psicológica y su capacidad para decidir, al final de su intervención pidió a los magistrados que declaren sin lugar la solicitud de inconstitucionalidad presentada por las personas que viven con alguna discapacidad.
Según la ley guatemalteca la CC tiene tres meses para pronunciarse sobre este planteo de inconstitucionalidad, sin embargo, se conocen de casos que han tardado hasta un año en dar a conocer sus conclusiones.
Como antecedente se menciona que el presiente Alejandro Giammattei rechazó una iniciativa de ley que avanzó en el pleno del Congreso de la República hasta su tercera lectura y que establecía ampliación de derechos para las personas con discapacidad. Cuando se la envió al presidente Giammattei para refrendarla, el mandatario la devolvió con un decreto en el que se señalaba la inviabilidad de la iniciativa de ley 51-25 y el entonces presidente del Congreso Allan Rodríguez le dijo a las representantes de organizaciones y personas con discapacidad que “el Jefe” mandaba a decir que la ley era inviable, “así que no la apoyaremos más”.
La situación jurídica de las personas que viven con discapacidad ahora depende de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que, en una audiencia de menos de media hora, escuchó este miércoles los argumentos a favor de Silvia Quan y en contra del Ministerio Publico, a través de su representante; también se citó a un representante del Congreso de la República, pero no se presentó ninguna persona.
