Por Luis Ovalle
La empresa Energía y Renovación, S.A. demandó al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroeléctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y Generadora San Andrés, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos indígenas ahí asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.
De acuerdo con la información, dada a conocer este miércoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registró el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energía y Renovación Holding, S.A, registrada en Panamá. Lo irónico del caso es que Energía y Renovación SA es una empresa Guatemalteca “cuya misión es trabajar para el desarrollo energético del país”, explica la página de la Asociación Nacional del Café Anacafé.
En una publicación de Prensa Libre, el ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que señala la empresa, por la oposición de una comunidad, cuando “hay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos”. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Economía, que deberá contratar a un despacho internacional de abogados, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El funcionario resaltó la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en cuanto a la construcción de proyectos de carácter extractivistas en sus territorios. Esta “legalidad” ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q’anjob’al y mestizas de la microrregión de Yich’Kisis y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidirá sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Pojom II
La empresa Energía y Renovación, sufrió un duro revés cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), publicó el Informe de Verificación de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, al financiar dos proyectos hidroeléctricos solicitado por esta empresa. La empresa prácticamente mintió sobre los pueblos originarios históricamente asentados en esta municipio.
Ante esto, el MICI recomendó al BID retirar la inversión mediante una “salida responsable”, que priorice a las mujeres de la comunidad. Señala, además que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género.
Asimismo, reconoce que generó impactos ambientales y que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporación y con intereses dentro de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán se señala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.
En enero de 2020, a pocos días de haber tomado posesión de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtatán centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energía y Renovación SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisión de “Paz” para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán
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Informe Internacional sugiere que el BID retire su capital a dos hidroeléctricas en Huehuetenango
Las hidroeléctricas y el préstamo
Las operaciones de préstamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andrés S.A. (GSA), financian la construcción de dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroeléctrica GSM utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con capacidad de generación de 120.087 MWh por año, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generación de 44.300 MWh por año, con dos turbinas de 5 MW cada una.
Las hidroeléctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtatán, son desarrolladas por la empresa Energía y Renovación S.A., Cliente de BID Invest, y su construcción se planificó de forma simultánea.
El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprobó las dos (2) operaciones de préstamo en apoyo a los Proyectos.
San Mateo Ixtatán, en defensa de los ríos
San Mateo Ixtatán, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con México, se encuentra situada la microrregión de Yichk´isis, habitada por cuatro pueblos indígenas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de ríos y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la microrregión.
La empresa Energía y Renovación, S.A logró las licencias municipales para las dos plantas de hidroeléctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreció nunca llegó a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés.
Los opositores exigían ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y público por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposición a las hidroeléctricas, como ocurrió con Sebastián Alonzo Juan de 72 años, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del río Negro.
En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto Pérez Molina, llegaron a esa región una base militar del ejército y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la población opositora a la construcción de hidroeléctricas.
La empresa recibe financiamiento del BID a través de fondos destinados para el desarrollo de generación de energía renovable, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperación alemán KFW, según fuentes consultados de NISGUA.
De ser así, BID Invest deberá preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transición orientado por los principios de no hacer daño, transparencia y responsabilidad.