Por David Toro
La Defensoría de salud de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) visitó el Hospital Nacional de Tiquisate, Escuintla, y entre los primeros hallazgos se encontró que los Q1.5 millones asignados para la emergencia aún no han sido utilizados para contratar personal exclusivo para atender la emergencia de la COVID-19.
Zulma Calderón, defensora de salud de la PDH, continúa con su gira departamental verificando el estado de la red nacional de salud. Este 9 de septiembre visitó el Hospital Nacional de Tiquisate “Ramiro de León Carpio”, ubicado en un municipio que acumula 128 casos de COVID-19 y a nivel departamental un total de 3,859 casos, según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mpsas).
En su informe, Calderón mostró que este hospital no cuenta con equipo para realizar estudios de rayos X desde hace más de un año, lo que ha obligado que los pacientes que requieren este tipo de estudios deban realizar gastos de su propio bolsillo en centros de atención privados con precios que están entre los Q200 y Q400. “Esto es un problema porque los pacientes con COVID-19 requieren de rayos X como parte del diagnóstico”, resaltó.
Durante los meses de pandemia toda la red nacional de salud ha tenido que readecuar sus servicios para responder a la emergencia, la PDH señaló que este hospital recibió Q1.5 millones para la crisis, pero hasta la fecha no han contratado personal médico exclusivo para la atención de pacientes con coronavirus.
“El hospital tiene 100 camas, 10 de ellas han sido dispuestas para el área de COVID, que está ubicada en espacio que antes era una cafetería, funciona con una auxiliar de enfermería, una profesional y un médico de turno (…) a pesar de ser un hospital distrital solo atienden pacientes moderados, no tienen capacidad para pacientes críticos ni enfermos renales porque no se cuenta con el área de hemodiálisis”, destacó Calderón al presentar los primeros resultados de la verificación.
Asimismo, la defensora de la salud de la PDH informó que “la atención médica en el hospital se está brindando a través de cuatro médicos que cubren el área covid, las área de emergencia y los encamamientos”. También agregó que el hospital no está realizando pruebas de PCR sino únicamente de antígeno para la detección de la COVID-19.
Otro de los hallazgos encontrados por Calderón, es que en el área de laboratorio hay personas a quienes se les debe hasta diez meses de salario. También agregó que el hospital no cuenta con un protocolo para el manejo de cadáveres y que no hay “congruencia” en los datos reportados por muerte por causa de coronavirus.
El 2 de marzo de 2020, días antes de que se anunciara el primer caso de la COVID-19 en Guatemala, Norberto Cuevas Alfaro, quien hasta ese entonces fungía como director del Hospital de Tiquisate, aceptó en una nota del medio escrito Prensa Libre que el centro asistencial se encontraba en estado de abandono y la infraestructura estaba por ser remodelada.
La doctora Calderón hizo un llamado a las autoridades del MSPAS para que mejore las condiciones de este centro asistencial ya que a consideración de la defensora este hospital cubre una gran cantidad de pobladores del sur del país.
