Vejez, pensiones y COVID-19 en América Latina

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Créditos: Fabián Campos
Tiempo de lectura: 3 minutos

Fabián Campos

La semana pasada señalábamos las falsas promesas con las que el neoliberalismo había engañado a los trabajadores para que aceptaran abandonar los esquemas de cotización tripartitas y entregaran sus ahorros a las administradoras privadas de fondos para el retiro. Hoy, muchos de esos trabajadores son ya adultos mayores y pensionados viviendo las consecuencias de la COVID-19.

Los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables a la enfermedad, por ello, deben de cumplir más estrictamente las medidas de prevención y aislamiento social. Esto obligó a muchos a dejar sus trabajos precarios con los que complementaban sus magras pensiones hundiéndolos en la pobreza. Con el paso de los meses esto se ha vuelto intolerable. Hoy tienen dos opciones: o mueren de hambre en sus casas tratando de salvarse de la COVID-19 o mueren en las calles buscando no morir de hambre.

Para tratar de enfrentar este problema en América Latina se han ensayado dos caminos. El primero, busca modificar las leyes respectivas, para que los trabajadores y pensionados puedan retirar parte de su ahorro para el retiro y de esta forma enfrentar la pandemia sin morir de hambre o ser desalojados de sus casas habitación por deudas con los bancos.

En Chile, al igual que en Perú, se aprobó una modificación constitucional que permite a los jubilados y trabajadores en activo, el retiro del 10 % del fondo de pensiones. Esta iniciativa responde a una de las demandas sociales impulsadas por las protestas iniciadas desde octubre del año pasado en aquel país y había sido rechazada por el gobierno. El argumento es muy baladí. Los neoliberales, con Sebastián Piñera a la cabeza, afirman que si hoy retiran el 10 % de su ahorro en el futuro sus pensiones se verán reducidas y “caerá la confianza que tienen en Chile los mercados internacionales”.

Para la gente de a pie eso no es un problema. Muchos han optado por vivir hoy porque el futuro ya se les negó. En realidad, el rechazo del gobierno chileno tiene su origen en otro lado. Ese 10 % se reduciría del monto que tienen las empresas que administran los fondos para sus inversiones altamente lucrativas. Según estimaciones de las empresas del ramo, en las próximas semanas tendrán que desembolsar cerca de 20 mil millones de dólares por este concepto.

La otra medida que se está implementando en América Latina, se centra en la búsqueda de un cambio en el sistema de jubilaciones pero desde distintas perspectivas y opciones. La primera obligaría a los fondos de pensiones a un aumento de los montos que pagan mensualmente a los jubilados. Pero ese sería el menor de los costos para la versión neoliberal de la seguridad social. El sistema seguiría en manos privadas pero verían reducidas sus tasas de ganancias y con una mayor regulación estatal.

Otra propuesta estriba en que, en los casos como el chileno, gobierno y empresarios deban contribuir nuevamente al fondo de ahorro. Parte de los gobiernos de la región y de la empresa privada se oponen firmemente porque esta medida los obliga reconocer el fracaso del modelo neoliberal. Para ellos socializar las ganancias atenta contra la “libertad del mercado” y blanden la amenaza del “comunismo”. Pero con todo, no es la postura que más transformaría la situación de este tema fundamental para América Latina.

Finalmente, hay voces que claman por la reestatización de las pensiones. En este escenario las empresas de fondos para el retiro perderían todo su negocio. La empresa privada ya no contaría con una de sus fuentes de financiamiento menos costosas, vería reducida su tasa de ganancia al estar obligados a contribuir a los pensiones de sus trabajadores y, lo más importante, el Estado adquiriría nuevos poderes que limitarían su accionar.

Andrés Manuel López Obrador presentó su propia propuesta al respecto. En septiembre, si se dan finalmente los comicios, los bolivianos votarán por el regreso del Movimiento Al Socialismo y el restablecimiento de un Estado de Bienestar cuya construcción se vio frenada por el golpe de Estado y la dictadura de facto del gobierno de Jeanine Añez. En octubre, los chilenos concurrirán a un plebiscito para iniciar el proceso de una nueva Asamblea que derogue la constitución aprobada por la dictadura de Augusto Pinochet, misma que volvió ley en ese país al neoliberalismo.

Allí están las dos opciones que tiene hasta el momento América Latina para enfrentar el grave problema derivado del envejecimiento de un sistema nefando de pensiones y de la COVID-19. La moneda está en el aire. ¿Se logrará modificar un sistema que condena a la muerte a millones de latinoamericanos o el capital mostrara su fuerza y se postergará indefinidamente una solución? La respuesta final dependerá en gran medida de la presión social que se ejerza durante las siguientes semanas.

Comentarios y sugerencias: lasochodeocholatinoamericanas@gmail.com

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