Por Lourdes Alvarez
El trabajo periodístico en Guatemala es considerado de alto riesgo, porque muchas de las investigaciones, notas o columnas de opinión, abordan temáticas relacionadas con estructuras de corrupción, violaciones de derechos humanos y crimen organizado.
Según información de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP), en los primeros 6 meses de 2020 se han presentado 43 denuncias de ataques contra periodistas en el país.
Entre las denuncias hay delitos de amenazas, coacción, lesiones leves, robo, hurto, retención de información, abuso de autoridad y un caso de asesinato, según Gladys Galeano, de comunicación social del Ministerio Público.
El riesgo se incrementa cuando se trata del ejercicio periodístico de las y los comunicadores comunitarios que, además, son criminalizados por su posición de defensa al derecho de solicitar y transmitir información, según el informe: “situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: entre el compromiso y la adversidad, 2019”, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH).
Entre los casos más recientes de criminalización destaca el de Francisco Chox, un periodista comunitario y bombero de Nahualá, en el departamento de Sololá, que fue agredido y detenido mientras cubría un enfrentamiento entre comunitarios de los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá el 11 de junio. El 30 de mayo fue declarado estado de sitio en los municipios porque el 25 de ese mismo mes en un enfrentamiento entre comunitarios falleció una persona.
Durante la cobertura, Chox fue despojado de su equipo de trabajo y detenido por pobladores que lo entregaron a elementos del Ejército y luego a la Policía Nacional Civil (PNC). Chox pasó seis días en una prisión del departamento de Chimaltenango hasta que logró que un juez lo escuchara en su primera declaración.
Una estrategia legal liderada por la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala “Nim Ajpu”, logró que Chox quedara libre de los cargos de portación ilegal de municiones, luego de demostrar inconsistencias graves en la cadena de mando de la custodia de la evidencia que se presentó como prueba y la violación al derecho de información y libertad de prensa del periodista.
Cristian Otzin, abogado de esa institución, comentó que este caso debe sentar un precedente importante. “Muchos periodistas están realizando su trabajo en contextos vulnerables en comunidades indígenas, pero el riesgo se duplica cuando trabajan en lugares con estados de sitio y hasta se triplica si sumamos la crisis de salud por la pandemia de coronavirus”, añadió.
Chox: comunicar es una obligación, pero también nuestro derecho
La experiencia significó un trauma en la vida de Chox, que describe el episodio como una pesadilla, pero aseguró que no dejará de ejercer el oficio de comunicador porque considera que la falta de información debe erradicarse desde y para las propias comunidades.
“Nosotros estamos cerca, con más apego a lo que las comunidades dicen y hacen. En muchos lugares hay desinformación o no se conoce lo que está pasando, por eso nosotros somos los llamados a cubrir esa información”, comentó el periodista.
Chox es corresponsal de Nim TV, en Sololá, y añadió que el acompañamiento y respaldo que recibió de ese canal local fue fundamental en el proceso. Además tuvo el apoyo de otras organizaciones de sociedad civil que velan por el respeto a los derechos humanos y libertad de expresión como el Centro Civitas, Artículo 19 y Festivales Solidarios.
“A mis compañeros periodistas comunitarios los animo a seguir. Es nuestra obligación, pero también nuestro derecho dar a conocer la información, porque hay muchos lugares a donde no llega”, concluyó Chox.
Incrementan riesgos
Desde el inicio del estado de emergencia nacional por la crisis de covid-19 y la imposición de estado de sitio declarado en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, la PDH ha recopilado diversas denuncias.
Ruth del Valle Cobar, de la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comentó que por esa razón se brinda un acompañamiento especial a la población de ambas comunidades, a defensores y defensoras de derechos humanos, a instituciones del Estado y a periodistas que dan cobertura a los acontecimientos.
Del Valle añadió que “las autoridades locales deben informar sobre lo que sucede y las comunidades deben conocer su situación. La libertad de expresión no se restringe durante estado de calamidad, ni por el estado de sitio”, indicó.
Desde la PDH y diversos sectores sociales se ha reiterado que el estado de sitio es solo una medida temporal y paliativa, pero se deben encontrar acuerdos duraderos entre ambas comunidades.
Del Valle puntualizó que “la falta de información contribuye a generar un ambiente de desconfianza entre las poblaciones afectadas, por esa razón es importante garantizar que se conozcan los diversos mecanismos que se están implementando”.
Por instrucción del presidente Alejandro Giammattei, el vicepresidente Guillermo Castillo fue el encargo de instalar una mesa de diálogo con ambas comunidades de Sololá. De momento solo se conoce que se ha reunido por separado con las dos poblaciones.
Según Diego Vásquez Monterroso, antropólogo y arqueólogo investigador del Instituto sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar: “es importante proponer otras maneras de resolver el conflicto que históricamente ha enfrentado a estas dos comunidades, maneras que involucren a las autoridades K’iche’ comunitarias y sus formas de resolución de conflictos, con acompañamiento del Estado”.
