Por Rony Morales
Las 75 Familias de la comunidad Nueva Jerusalén el Wiscoyol, del municipio de Iztapa, Escuintla se encuentran en peligro de ser desalojadas porque la jueza María Antonia Mazariegos podría ordenar tal acción, a favor de la familia del terrateniente Igliberto Villegas Castillo, por el delito de usurpación de tierras.
La comunidad se encuentra en un área de pantanos y humedales, en el kilómetro 126 de la carretera que conduce de ciudad de Guatemala hacia el municipio de Iztapa. En 2013 las personas llegaron al lugar e iniciaron la actividad agrícola en los terrenos de la finca Wiscoyol. Empezaron a cultivar maíz, frijol, soya, arroz, tomate, sandia y chile; de forma simultanea comenzó la fundación de un caserío, que luego se constituyó como aldea.
El problema de los comunitarios empezó cuando un grupo de empresarios azucareros, tomaron interés sobre las tierras ya que pueden ser cultivadas y explotadas para la caña de azúcar, durante estos seis años, los comuneros han sufrido varios desalojos por orden de juez, otros desalojos han sido extrajudiciales, denuncias penales, amenazas, cárcel y criminalización, detrás de estos hechos están las personas que tienen intereses sobre la tierra.
Según Fabio Bermúdez, dirigente de la comunidad, el empresario ganadero y azucarero Igliberto Villegas Castillo, apoyado por Mario Rolando Mejía Alfaro, alcalde de Iztapa, acusan de invasión y usurpación a Sotero Pablo Pérez, Aníbal Santos Marroquín, Luis Alberto Hurtado López y a su persona, de ser los principales líderes y de estar asentados en media caballería de tierra que supuestamente es su propiedad.
Los abogados defensores de la comunidad Jorge Morales y Castulo Gómez explicaron que desde el 2 de diciembre existe una orden de desocupación que el juzgado de Primera Instancia Civil y Económico de Escuintla le concedió a Villegas Castillo. Según declaron, se hará efectiva la segunda semana del mes de enero, por la vía civil, para intentar detenerlo, interpusieron un recurso de amparo en la sala primera de amparos del departamento de Escuintla.
Los abogados comentaron que este proceso podría resultar muy lento y cansado para las personas. Agregaron que la jueza María Antonia Mazariegos Flores, no tomó en cuenta que las 75 familias se encuentra en un proceso de mesa de negociación para la regularización de los terrenos en el que participan el Fondo de Tierras (Fontierras), la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA) y el Registro de Información Catastral (RIC).
Sotero Pablo, de la comunidad Nueva Jerusalén comentó que espera que “el recurso de amparo que pusieron los abogados a la sala de amparos en Escuintla funcione, ya que queremos que esto se resuelva a favor de las familias de la comunidad porque no tenemos en donde ir a vivir y son las únicas tierras que tenemos”.
Faltan 16 días para el 2020, y todo parece que las familias campesinas e indígenas seguirán siendo objetos intimidación, violencia, destrucción de viviendas, la perdida de cultivos, desplazamiento forzoso y daños psicosociales en la niñez.