Por la Redacción
Guatemala sigue atravesando una crisis política, que cada vez más, debilita la institucionalidad democrática del Estado. El ejercicio de la democracia, sigue siendo un proceso incipiente que se aleja cada día de las mayorías de este país empobrecidas y olvidadas por un Estado clientelar y corrupto. Con la incertidumbre generada por los grupos de poder en las ultimas semanas, en las que se ha intentado consolidar el #PactoDeCorruptos, pareciera que ganan nuevamente el terreno perdido aquellas estructuras criminales que nacieron de la impunidad y la corrupción dentro y fuera del Estado.
La finalización unilateral del acuerdo que daba vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y mucho antes que el mandato de la misma feneciera, la expulsión del Comisionado Iván Velásquez por parte del gobierno de Jimmy Morales Cabrera, son el ejemplo claro que en el país nada o poco ha cambiado, aún con los avances que la lucha contra la corrupción iniciada por la CICIG y el Ministerio Público (MP) había empezado a mostrar. Con la CICIG fuera del país y el MP en manos de una administración que ha logrado relentizar la función de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), las estructuras del crimen organizado alrededor del funcionamiento del Estado han cobrado nuevos aires.
En ese contexto la defensa de la libertad de expresión como un derecho universal y una garantía constitucional cobra vital importancia, para la defensa y promoción de los derechos humanos, el ejercicio de auditoría ciudadana y la denuncia pública de los negocios espurios que puedan ocurrir a espaldas de la ciudadanía. La defensa del periodismo, debe de ser una preocupación de la sociedad en su conjunto, en tanto sectores de poder acostumbrados a las viejas prácticas corruptas y el sostenimiento del status quo se encuentran en una brutal arremetida en contra de las voces que les denuncian.
Transcurren tiempos difíciles, sin embargo, todas las personas tienen el derecho a expresarse sin miedo, ni censura o presiones de ningún tipo. Nadie debe ser perseguido por hacerlo, mientras Guatemala sigue siendo un país con grandes desigualdades y pobreza. En nuestro país, las mujeres, los pueblos originarios y la niñez llevan la peor parte. El estado de Guatemala tiene una deuda con quienes ejercen el periodismo, sean estos periodistas alternativos o de medios de comunicación tradicionales, radios comunitarias, cientistas sociales y artistas, principales actores en la defensa de la libertad de expresión. Tal es el extremo que no se ha aprobado un programa de protección a periodistas, el cual está en ciernes desde hace más de 10 años.
En cuanto a la libertad de expresión se refiere, tenemos el caso de la artista conceptual Regina José Galindo, quien denunció y criticó el 19 de noviembre una campaña publicitaria que promueve el acoso sexual callejero llamada “El viejo verde”, en un país en dónde 571 mujeres fueron asesinadas de forma violenta este año y al menos 6 mil 842 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, incluidos el acoso sexual en la calle, según la Coordinadora 25 de noviembre. A estas cifras se suman las 1948 alertas Isabel-Claudina para mujeres desaparecidas. La respuesta de la empresa publicitaria a la artista fue agresiva y misógina.
Andina Ayala, periodista de este medio, abordó esta denuncia en una nota periodística, recibiendo el mismo nivel de descalificaciones y agresión por parte de la agencia de publicidad que las vertidas desde la cuenta institucional de la agencia de publicidad en mención, hacia la artista conceptual Regina José Galindo.
En otro ámbito de la defensa de la libertad de expresión, pero desde las comunidades afectadas por los intereses de empresas extractivas de capital transnacional, la periodista y corresponsal de TeleSur, Rolanda García, el 22 de noviembre fue intimidada y agredida por trabajadores de la empresa minera CGN-Pronico en El Estor, Izabal, mientras realizaba un reportaje periodístico sobre la extracción de níquel del proyecto minero Fénix en la montaña Sequenel. Lo anterior, a pesar que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspensión de este proyecto minero en julio de 2019. Las actividades extractivas y el posible impacto ambiental vinculado a las mismas, continúa en marcha sin que los órganos competentes certifiquen lo conducente contra quienes desobedecen flagrantemente una resolución del máximo órgano del sistema de administración de justicia guatemalteco.
Otro caso paradigmático de la atrofia sistémica del sistema de justicia del país, es el relacionado a Norma Sut Sancir periodista detenida y encarcelada de forma arbitraria por la Policía Nacional Civil (PNC) de Chiquimula en el año 2014. Cinco años después de la detención, asistió a una audiencia de primera declaración de los policías implicados, el juez Manuel Francisco Vela de Mata resolvió el 21 de noviembre la falta de mérito contra cuatro policías acusados de abuso de autoridad, la resolución podría dejar el caso en la impunidad.
Recordamos también, el caso de Imelda Tax Monroy, periodista de este medio, quien durante la segunda vuelta electoral, en junio 2019, en el departamento de Totonicapán encontró limitaciones en uno de los centros de votación, cuando el presidente de una de las mesas electorales quiso bloquearle el acceso al lugar de votación, haciendo uso de violencia verbal, intentando incluso sacarla del centro de votaciones y restringir de esta manera, su labor periodística.
En el marco del proceso de justicia que buscan las familias de las 56 niñas víctimas del femicidio en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, la corresponsal e investigadora Stephanie Arreaga fue víctima de intimidaciones y seguimiento en la ciudad capital por un grupo de hombres en el interior de un vehículo durante varias horas, hecho ocurrido en febrero de 2019.
El artículo 35 de la Constitución Política de la República garantiza la libre emisión del pensamiento, base para la libertad de expresión y para el ejercicio periodístico en Guatemala, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos.
En el marco del 25 de noviembre, “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, reiteremos nuestra preocupación por las periodistas, trabajadoras de medios de comunicación, corresponsales, radialistas, cientistas sociales y artistas que ejercen la libertad de expresión y el periodismo en Guatemala, bajo condiciones de violencia.
#NiUnaMenos
