Por Baudilio Choc/Rony Morales
29 de octubre 2019
Este martes 22 de octubre de 2019, representantes de 51 familias asentadas en la finca Macho Creek, en la comunidad Santa María del Mar, en Puerto Barrios, Izabal junto a miembros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) denunciaron por medio de un video que han estado viviendo en los últimos meses amenazas, órdenes de captura e intimidaciones de ser desalojados de donde viven por parte de la empresa Quetzal Forest Sociedad anónima S.A.
Según Sara Agustín, vecina de la comunidad Macho Creek, las familias se encuentran asentadas en el área desde año 1913, tres generaciones han vivido en el territorio pero fue el 27 de noviembre de 1996 con el decreto No. 129-96 del Congreso de la República que estas tierras fueron dadas como un arrendamiento para el manejo de flora y fauna para el manejo de áreas protegidas a la empresa Quetzal Forest y llamada “Reserva Natural Manantiales cerro San Gil”.
La primera vez que les intimidaron fue el 18 de septiembre de 2019, relató Sara Agustín. Según la información de la lideresa, miembros del ejército junto a la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron hasta la comunidad para intentar desalojar a la gente, quienes dieron a conocer que temen ser desalojados y reprimidos en sus hogares.
Según requerimiento del Ministerio Publico (MP) en su escrito 2017-174, al juez Edgar Aníbal Arteaga López, los vecinos de la comunidad son acusados de usurpación de áreas protegidas, atentado contra el patrimonio nacional, recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación, incendio forestal y delitos en contra de los recursos forestales.
Para Abraham Suchite, Macho Creek es una comunidad en resistencia que mantiene su lucha por los pueblos y la recuperación de las tierra y de los bosques que quieren privatizar la empresa. “Manifestamos nuestra preocupación como respuesta a nuestras justas demandas por tener un pedazo de tierra donde vivir y cultivar nuestros alimentos, la respuesta de las instituciones del Estado es la de amenazar, girar órdenes de captura y encarcelar a nuestros líderes comunitarios y personas defensoras de los derechos humanos, puesto que de la misma manera hay órdenes de captura para 20 líderes y lideresas de la comunidad”, agregó Suchite.
Representantes de la comunidades hacen un llamado a la solidaridad y al acompañamiento, para que no se permita que el Gobierno actúe de esta manera contra la población y “a no usar la fuerza por ninguna circunstancia y que en su lugar den solución a las diferentes demandas de las comunidades y prevalezca Constitución, que garantiza que el Estado debe ser el garante de la vida de las personas. Al mismo tiempo, “responsabilizan al Gobierno y sus diferentes instituciones de cualquier acto de violencia que se pueda dar en este lugar, en contra de las comunidades antes mencionadas”.
Las 51 familias de la comunidad Macho Creek que están en riesgo de desalojo, por orden de juez Edgar Aníbal Arteaga López, del juzgado de primera instancia penal de narco actividad y delitos contra el medio ambiente de Puerto Barrios, está relacionado a los casos del dirigente campesino Abelino Chub, de los nueve pescadores artesanales y de los periodistas Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitumul Morales, del Estor, Izabal.
