3 de octubre 2019
Muchos nos reunimos en la plaza ese día, para buscar consuelo, brindar abrigo y sensibilizar a otros sobre la realidad que enfrentan las mujeres en Guatemala día a día. Colocamos flores, encendimos velas, oramos, honramos y prometimos cambiar la situación y el futuro de las niñas de nuestra nación.
¿Qué estamos haciendo hoy?
Las adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a su corta edad se enfrentaron con valentía y elevaron su voz ante las injusticias cometidas en un país indiferente, la respuesta fue encerrarlas y dejarlas que se quemaran por casi 10 minutos en un salón de clases.
Según testimonios de las sobrevivientes e investigaciones realizadas por el MP, las menores del Hogar Seguro trataron de amotinarse un día anterior a la tragedia para darse a la fuga, debido a diferentes maltratos cometidos por parte del personal del Hogar Seguro y por las condiciones deplorables de la institución. En el marco del día de la mujer, 56 niñas que debían ser protegidas por el Estado de Guatemala fueron encerradas en un aula con capacidad para 11 personas como medida de castigo tras rebelarse contra la institución que según el sitio web de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) es especializada en: “la atención a la niñez y adolescencia vulnerada y amenazada en sus derechos, mediante programas y servicios de prevención, protección integral, reinserción y resocialización a nivel nacional con equidad e igualdad.”
Tras la desesperación del encierro en condiciones inhumanas, se cree que un grupo de adolescentes optaron por llamar la atención de sus cuidadores, provocando un pequeño incendio, el cual se salió de control y dejó un saldo de 41 niñas fallecidas y 15 sobrevivientes. Las niñas no eran reclusas, eran protegidas por el Estado y la tragedia sucedió con el consentimiento de varios responsables, mientras se aplicaba un castigo y bajo la supervisión de sus cuidadores, es por eso que la resolución del Caso Hogar Seguro debe de ser de interés de todos los guatemaltecos.
Situación del Juicio, sin pies y de cabeza.
El Caso Hogar Seguro inició en abril del 2017 y aún no ha sido resuelto, fue dividido en tres grupos, debido a como se dieron las órdenes de capturas. Cada grupo debe pasar por tres etapas o fases procesales por el mismo crimen, pero en diferente tiempo lo cual según abogados que representan a los familiares de las víctimas, solo retrasa más el caso y lo vuelve complicado sobre todo por la revictimización hacia las familias y sobrevivientes.
El primer grupo, se encuentra en la tercera etapa del proceso penal. Actualmente se tiene programado el juicio en donde se decide si los implicados son absueltos (inocentes) o sentenciados (culpables).
El Juicio inicialmente estaba programado para febrero del 2019 y fue suspendido y reprogramado para el mes de mayo pero nuevamente se trasladó para el 22 de octubre. Se cree que el caso será nuevamente reprogramado ya que el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal no cuenta con juez titular y el juez interino Mario Rolando Solórzano Díaz termina sus actividades el 10 de octubre, 11 días antes del juicio.
Según los abogados querellantes de la Fundación Sobrevivientes, en la última audiencia el juez expresó abiertamente a todos los involucrados del juicio, que la plaza está abierta para todos los jueces que deseen aplicar pero que hasta el momento nadie ha aplicado.
El nuevo juez debe ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que actualmente se encuentra en proceso de votación para la elección de los nuevos magistrados que integrarán los próximos cinco años la CSJ; este proceso también puede ser la razón por la cual hasta el momento no se han recibido postulaciones para el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
El primer grupo está integrado por las autoridades máximas de la Secretaría de Bienestar Social (SBS); Carlos Rodas -ex secretario de la SBS- Anahy Keller – ex subsecretaría de la SBS- quien también es conocida por ser productora de televisión de diferente programas como: Aló qué tal América y por su participación en la película de “Un presidente de Asombrero” de Moralejas Film. Adicionalmente a este grupo pertenece Santos Torres, ex director del Hogar Seguro; todos serán juzgados por los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.
Por otro lado, el segundo grupo continúa a la espera de la consignación del proceso de la segunda etapa, donde se presentaron las pruebas iniciales que vinculan a Harold Flores Valenzuela, el actual procurador de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por el delito de incumplimiento de deberes y maltrato contra menores.
Así mismo el grupo está integrado por Gloria Castro, exdefensora de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) enviada a juicio solamente por incumplimiento de deberes; Lucinda Marroquín, subinspectora de la PNC quien se presume tenía la llave para abrir la puerta del salón de clases será juzgada por maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo.
En el grupo también será juzgado el ex subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja por abuso de autoridad y delito al maltrato de menores y Brenda Chamán, jefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas de la SBS, por maltrato contra menores, homicidio culposo e incumplimiento de deberes.
El tercer grupo , aún no ha tenido avances; aunque el proceso lleva casi dos años, este grupo aún se encuentra a la espera de brindar la declaración inicial en dónde se conocen los cargos por los que serán juzgados Rocío Albany Murillo Martínez; jueza de Paz de San José Pinula y su secretario Rolando Romeo Miranda; quienes no solo se negaron a realizar la exhibición personal en favor de las y los adolescentes que se encontraban afuera del hogar la noche del 7 de marzo, sino que emitieron un informe basado en algo que no les constaba. De igual manera, Ofelia María Pérez Campos, coordinadora del área “Mi Hogar” de quién se presume haber coordinado junto con Chamán y Keller el encierro de las niñas como castigo en un salón de 6.8 x 7 metros y Crucy Flor de María López, monitora del Centro Juvenil de Privación de Libertad de Mujeres (Gorriones), que hasta el momento es un enigma el por qué se encontraba en el lugar y que las autoridades fueran permisibles con ella para actuar en contra de las y los adolescentes la noche previa al incendio.
La situación actual de la Corte Suprema de Justicia; el cierre de labores al finalizar el año y el cambio de mandato presidencial podrían seguir atrasando el caso del Hogar Seguro, llevándonos a todos, irreparablemente a tres años sin que se aplique la justicia en Guatemala no por una niña ni por dos sino por las 56 niñas que representan la situación actual de todos los niños institucionalizados de Guatemala.
