Fotografía y texto: Rony Morales
23 de agosto 2019
El martes 20 de agosto en la comunidad Nueva Jerusalén el Wiscoyol, Iztapa en Escuintla, 60 familias exigieron en una conferencia de prensa que se les reconozca como legítimos dueños de las 93 manzanas de terreno en la que habitan.
Los representantes dieron a conocer que llevan seis años de vivir y trabajar en el área. Como parte del reclamo realizaron una investigación para poder acceder a la tierra y en el curso de la indagación descubrieron que son tierras nacionales. Los comunitarios denunciaron que la población durante estos años ha sufrido desalojos, amenazas, cárcel y criminalización, de parte de empresarios ganaderos y azucareros apoyados por el alcalde de Iztapa, Mario Rolando Mejía Alfaro. Pero ellos se mantienen en resistencia pacífica.
La problemática que enfrentan las 60 familias radica en que se encuentran asentadas en tierras nacionales, las cuales estaban a cargo del extinto Instituto de Transformación Agraria (INTA). Lo que se sabe sobre el terreno es que están en proceso de regularización por medio del Fondo de Tierras (Fontierras) y la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA).
A principios de 2018 el señor Igliberto Villegas Castillo junto al alcalde Mario Rolando Mejía Alfaro denunciaron ante el Ministerio Público (MP) a los principales líderes de la comunidad Fabio Eliseo Bermúdez, Sotero Pablo Pérez, Aníbal Santos Marroquín y Luis Alberto Hurtado López, a quienes los acusan de invasión y usurpación de tierras junto a toda la comunidad.
Los abogados defensores de la comunidad Jorge Morales y Castulo Gómez explicaron que el caso se está resolviendo por la vía civil. Los abogados preven que el proceso será largo pero con beneficios para sus defendidos. También dijeron que la jueza Yadira Judith Reyes Villela se presentó y realizó un proceso de reconocimiento judicial para observar los terrenos, linderos y con ello recolectar una serie de pruebas para poder iniciar el proceso de regularizción de las tierras.
Según la investigación realizada por ingenieros para la comunidad, en la medición se ubico a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) el lugar donde están ubicados corresponde a tierras nacionales. Mientras que la finca que el empresario Igliberto Villegas Castillo busca se encuentra a seis kilómetros del lugar. De acuerdo con mapas y un plano en posesión de la comunidad, el número de la finca en la que viven está registrado con el número 18766.
Según declaraciones del abogado Castulo Gómez, el empresario está utilizando el sistema penal (acusaciones legales y órdenes de captura), el desprestigio público y presiones a la comunidad para que dejen las tierras que habitan. Desde hace seis años este mecanismi busca ligar en el imaginario social, político y legal a defensores y defensoras de derechos humanos con actividades ilegales, para deslegitimar y desmovilizar su actuación.
Las familias campesinas fueron desalojadas el 9 de mayo de 2018 poniendo en riesgo la seguridad y la vida de las familias. “Las familias fueron tratadas como invasores y recibieron amenazas de volver a desalojarlos por el empresario Igliberto Zepeda Sierra en contubernio con el alcalde Mario Rolando Mejía Alfaro múltiples ocasiones los intimida y hostigan en su comunidad”, dio a conocer Sotero Pablo Pérez vecino de la comunidad.
“Queremos solicitar a las señora juez, que se resuelva este caso de tierra a favor de las comunidades que habitamos el área, que tome en cuenta que no tenemos donde vivir y que no nos podemos quedar sin tierra, necesitamos certeza jurídica de estos terrenos”, finalizó Sotero Pablo.
