El miedo y la violencia aumenta en municipios donde opera CGN luego que la CC ordenara su suspensión

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Créditos: cgn imagen

Fotografía y texto: Prensa Comunitaria

31 de julio 2019

Autoridades Indígenas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denuncian el patrón de violencia y miedo que ha aumentado en los municipios donde opera la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN/Solway Investment Group; expresan su profunda preocupación por la seguridad de los peticionarios Q’eqchi y sus familias desde que la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión provisional de las actividades mineras.

El jueves 25 de julio de 2019, se llevó a cabo una audiencia de vista pública ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con relación a un amparo presentado en febrero del 2018 en contra del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM). Mediante este amparo, se reclamó que el MEM otorgó a la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), entonces propiedad de Skye Resources de Canadá y ahora de Solway Investment Group de Suiza, una licencia de explotación para el proyecto minero Fénix en abril de 2006. Los amparistas, defensores Q’eqchi y en su mayoría integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales, alegaron que la licencia fue otorgada sin haber consultado y recibido el consentimiento libre, previo e informado de la población indígena Maya Q’eqchi’, afectada por las operaciones mineras de tres municipios de Alta Verapaz y uno de Izabal. En dicho amparo, se solicitó el amparo provisional para lograr suspender las operaciones mineras como un medio para proteger los derechos de los peticionarios hasta que haya una resolución definitiva en el caso.

En marzo de 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala denegó el amparo provisional solicitado de suspender las operaciones, lo cual fue apelado por las comunidades. Dicha apelación fue resuelta favorablemente el 18 de julio del presente año por la Corte de Constitucionalidad, en la cual ordenó a la CGN/Solway, que cesara sus operaciones en el proyecto Fénix, hasta que haya una resolución definitiva. Se desconoce si hasta el presente la empresa CGN/Solway ha seguido la orden de suspender las operaciones mineras.

En febrero de 2019, la CSJ falló en definitiva a favor de los amparistas y ordenó al estado guatemalteco que cumpliera con su obligación nacional e internacional de consultar a las poblaciones afectadas, pero no ordenó la suspensión de las operaciones mineras, abriendo la posibilidad de que continúe operando la empresa, mientras se lleva a cabo la consulta. Los peticionarios apelaron esta decisión, y la vista pública del 25 de julio se trataba de esta tema. Ahora le corresponde a la CC tomar una decisión definitiva sobre si suspender o nolas operaciones de la mina mientras se lleva a cabo una consulta a los cuatro municipios afectados.

Autoridades Ancestrales y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, estuvieron presentes durante la audiencia del 25 de julio a solicitud de las y los amparistas y sus abogados, quienes solicitaron acompañamiento después de haber denunciado amenazas e intimidaciones como resultado de la suspensión provisional ordenada el 18 de julio. Tanto fuera, como dentro de la CC, estas organizaciones presenciaron y en algunos casos, fueron objeto de amenazas directas, agresiones físicas e intimidación por parte de personas identificadas como empleados y empleadas, seguridad armada y partidarios de la CGN/Solway. También observaron con preocupación, que a varios peticionarios no se les concedió la entrada a la CC para la audiencia, violando su derecho como parte del proceso legal.

Condenamos estos actos y al mismo tiempo, expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de los peticionarios y sus abogados, que han seguido siendo objeto de campañas de odio, difamación e intimidación a través de las redes sociales y medios de comunicación. Condenamos el uso de la violencia, y las amenazas de violencia, como medio para intimidar a los y las defensores y peticionarios Q’eqchi que están haciendo uso de sus derechos legítimos, tal como se estipula en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los Convenios Internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.

También, notamos con preocupación que el mismo día 25 de julio de 2019, que se llevó a cabo la audiencia de vista pública, en horas de la noche, en Municipio de El Estor, departamento de Izabal, Daniel Coc Maquin, de 33 años, y su hijo Wilmer Coc Coc, de 12, viajaban en una motocicleta, cuando fueron atropellados por una góndola, camión de transporte aparentemente de material minero, en el pueblo de El Estor, donde opera la empresa minera CGN. El Sr. Coc Maquin murió inmediatamente, mientras que su hijo fue llevado a un hospital local y luego al hospital regional, para ser tratado por sus heridas. La situación del niño es desconocida en este momento.

Tras la muerte de Coc Maquin, varios camiones que, según medios nacionales transportaban mena de níquel, fueron incendiados en la salida de El Estor. Al día siguiente, el 26 de julio, el consejo municipal de El Estor manifestó a través de una publicación en su página oficial de Facebook, que habían realizado una sesión extraordinaria y en consecuencia, solicitaba, de forma unánime, que el Ministro de Gobernación declarara un Estado de Prevención en la zona. Además, pidió el urgente establecimiento de una comisaría de la Policía Nacional Civil para “atender la problemática social en el municipio y de la zona del Polochic por la conflictividad que hay en la zona.”

Ademas, ell consejo municipal pidió la permanencia de agentes antimotines de la policía que habían llegado al municipio como resultado de la quema de los camiones. En un reportaje de prensa local, el Gobernador de Izabal, Erick Bosbelli Martínez, no descarta la posibilidad de que el Estado guatemalteco haga cumplir un Estado de Sitio en la zona.

Desde que la licencia minera fue otorgada a CGN/Skye Resources en 2006, el Proyecto Fénix ha estado plagado de acusaciones sustentadas de graves violaciones de los derechos humanos ​y del marco jurídico ambiental​. Entre ellos figuran los desalojos forzosos ilegales y violentos de seis comunidades Maya Q’eqchi ​ HYPERLINK “http://www.albedrio.org/htm/articulos/j/jpo-016.htm” en 2006-2007​, la violación en grupo de 11 mujeres Q’eqchi  HYPERLINK “https://www.nytimes.com/2016/04/03/world/americas/guatemalan-womens-claims-put-focus-on-canadian-firms-conduct-abroad.html” ​en 2007, los asesinatos de un profesor y líder comunitario  HYPERLINK “http://www.chocversushubday.com/” en 2009 y un miembro de la Gremial de Pescadores Artesanales ​ HYPERLINK “https://intercontinentalcry.org/maya-qeqchi-demand-justice-fisherman-killed-police-crackdown-mining-protest-guatemala/” en 2017 y las heridas graves de otro poblador  HYPERLINK “http://www.chocversushudbay.com/” ​en 2009 y la comisión de reiterados delitos de contaminación del agua, de la tierra y del aire en los municipios afectados.

 HYPERLINK “https://nomada.gt/pais/actualidad/un-sentenciado-por-imprudencia-una-multa-de-q51-millones-la-uvg-exonerada-pero-el-crimen-de-los-estudiantes-continua-sin-resolverse/” En junio de 2019​, un trabajador de la minera CGN/Solway fue condenado por homicidio por su papel en la muerte de tres universitarios en 2012 y la mina fue condenada civilmente tras una multa de Q51 millones por su papel en los hechos. Además, periodistas nacionales e ​ HYPERLINK “http://www.schnoorversuscanada.ca/” internacionale​s han sido víctimas de campañas de difamación, mientras que otros han sido ​ HYPERLINK “https://www.thestar.com/news/investigations/2019/06/19/this-photo-of-a-dead-fisherman-left-many-questions-for-a-swiss-russian-mine-in-guatemala.html” objeto de acusaciones criminales maliciosas y de amenazas e intimidación cuando cubrían el caso. Cuatro de los amparistas Mayas Q’eqchi ​ HYPERLINK “https://fger.org/2018/09/17/cristobal-pop-seguira-luchando-y-defendiendo-el-territorio-a-pesar-de-la-intimidacion/” han sido acusados  HYPERLINK “https://fger.org/2018/09/17/cristobal-pop-seguira-luchando-y-defendiendo-el-territorio-a-pesar-de-la-intimidacion/” penalmente por la empresa ​CGN/Solway después de haber denunciado la contaminación del lago de Izabal como resultado de las operaciones mineras.

En 2013, el estado guatemalteco usó pruebas sin fundamento para justificar la implementación de un Estado de Sitio en cuatro municipios cercanos a las operaciones de la Minera San Rafael/Tahoe Resources (ahora Pan American Silver) en Santa Rosa y Jalapa. Antes de que se implementara el estado de sitio en ese entonces, campañas de difamación y acusaciones falsas contra miembros de la resistencia a la minería en la zona eran desenfrenadas; también se  HYPERLINK “https://tahoeontrial.net/” ​dio un ataque armado contra 7 personas que manifestaban pacíficamente en contra de las instalaciones de la mina, presuntamente por la seguridad privada de la empresa minera MSR/Tahoe Resources. Como resultado del Estado de Sitio, miembros de las comunidades fueron falsamente procesados, hubo acusaciones de violencia sexual y otras violaciones a los derechos humanos que llegó a generar una clima de inseguridad permanente en la zona. El Estado de Sitio sirvió como una herramienta para militarizar fuertemente el área y, como resultado, controlar la oposición a la mina de plata y reprimir la protesta social.

En el caso de las operaciones de MSR/Tahoe Resources, la Corte Suprema de Justicia también falló que el pueblo indígena afectado por la mina, en este caso el Pueblo Xinca, no había sido consultado, ni había dado su consentimiento libre, previo e informado para las licencias de exploración y explotación y que el Estado actúo de forma discriminatoria en su

contra. Observamos con preocupación que las comunidades locales son objeto de violencia por parte del Estado, las empresas y sus partidarios, mientras que el Estado guatemalteco no cumple con sus obligaciones, hacia los pueblos indígenas directamentes afectados por operaciones extractivistas en sus territorios.

Por lo tanto:

Repudiamos la muerte de Daniel Coc Maquin y las heridas sufridas por su hijo menor, Wilmer. Solicitamos al Ministerio Público que inicie inmediatamente una investigación independiente y objetiva de los incidentes.

Denunciamos los intentos de provocar a las comunidades locales y rechazamos el establecimiento de un estado de sitio en la zona, que sólo serviría para aumentar aún más la violencia, la tensión y los ataques contra la población civil.

Denunciamos el patrón de violencia y miedo que se está generando en los municipios donde opera la minera CGN/Solway y los patrones sistemáticos utilizados para aumentar la militarización y las fuerzas de seguridad del estado en las zonas donde operan los proyectos mineros, como un intento de afectar a la resistencia legítima de los pueblos indígenas.

Exigimos que el Estado cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales en cuanto el otorgamiento de licencias de exploración y explotación de proyectos extractivistas en territorios indígenas, respetando la consulta libre, previa e informada.

Exigimos el cese de la persecución penal en contra del periodista Carlos Ernesto Choc, corresponsal de Prensa Comunitaria, de Cristóbal Pop presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, de Eduardo Bin Pou vicepresidente de la Gremial, de Vicente Rax y de Tomás Che integrantes de la Gremial.

A la Corte de Constitucionalidad, llamamos a resolver de manera definitiva el amparo y las demandas solicitadas por la Gremial de Pescadores Artesanales y autoridades indígenas Q’eqchi de El Estor, Izabal y de tres municipios de Alta Verapaz, tomando como referencia la resolución emitida por esta corte en el caso del pueblo Xinka con los proyectos mineros El Escobal y Juan Bosco de la empresa Minera San Rafael/Tahoe Resources en Santa Rosa.

Recordamos a la empresa CGN/Solway Investments que, de conformidad con los Principios Rectores de Empresas y los Derechos Humanos, tiene la responsabilidad de actuar con la debida diligencia en materia del respeto a los derechos humanos.

Recordamos a la empresa CGN/Solway que tiene la responsabilidad de detener inmediatamente las operaciones del Proyecto Fénix, tal como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad y que el Estado guatemalteco tiene la responsabilidad de asegurar que esta orden se lleve a cabo. De no ser así, el Estado tiene la responsabilidad de investigar y procesar a los que no obedezcan dicha orden.

Autoría y edición

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