Por: Nelton Rivera y Baudilio Choc.
Para el pescador y dirigente campesino Eduardo Bin Poou, maya Q’eqchi’ el proceso penal en su contra va cuesta arriba, este 7 de julio, el juez Alex Eleodoro Cifuentes Almengor, le negó modificar la prisión preventiva por una medida sustitutiva a la cárcel. Además el juez del juzgado Pluripersonal de Puerto Barrios argumento que por ser un dirigente reconocido por el pueblo maya Q’eqchi’ debe de permanecer en prisión por el delito de usurpación, un delito menor.
El Ministerio Público –MP- también se opuso a que Eduardo Bin pudiera salir de la cárcel, bajo el argumentó que por ser un lideres campesino puede obstruir la investigación de los fiscales, entonces deberá permanecer en prisión en el Preventivo de Puerto Barrios.
Para el abogado Francisco Vivar, del bufete jurídico de Derechos Humanos, esta resolución solo reafirma que los operadores de justicia justifican sus resoluciones en base a prejuicios, con esto está el juez y el MP refirman la criminalización del rol de mediador de Eduardo Bin, quien fue acusado penalmente por representar a las comunidades Q’eqchi’ ante la mesa de dialogo con el Estado para encontrar una solución al problema de la tierra en Izabal.
¿Por qué es criminalizado Eduardo Bin?
Eduardo Bin Poóu, es vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor Izabal, el juez Carlos Fernández lo ligo a proceso penal, el día 5 de julio de 2018, por solicitud del MP. El dirigente campesino fue acusado por los delitos de usurpación de tierras en áreas protegidas, la denuncia es del año 2016 y fue puesta por la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación –FUNDAECO-, cuyo director es Marco Vinicio Cerezo Blandón.[1]
La acusación que presento la fiscalía afirma que Eduardo participó en una mesa de diálogo, con varias instituciones del Estado, estuvieron presentes el gobernador departamental, la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, entre otras. En este espacio se trata de solucionar un conflicto social por la tierra.
La presencia de Eduardo Bin como mediador entre las comunidades maya Q’eqchi’ y el Estado fue motivo para que Fundaeco lo señale de haber cometió el delito de usurpación.
Para los comunitarios y para el equipo de abogados, “la criminalización a los pueblos indígenas es por recuperar sus territorios y por la lucha de la defensa de sus recursos naturales, son discriminados por la justicia’’
Durante la audiencia de primera declaración, los abogados defensores mostraron su desacuerdo con lo resuelto por el juez Alex Cifuentes, al no darle medida sustitutiva. El abogado Francisco Vivar manifestó: “consideramos que es grave lo que ha sucedido, esto es un típico caso de criminalización, pero lo más grave aún, es la falta de conciencia total, al no otorgarle una medida sustitutiva, aduciendo que hay un peligro de obstaculización y que pueda influir en los demás imputados’’
En agosto del 2017, Eduardo Bin fue acusado penalmente por la empresa minera CGN Pronico, junto a 8 pescadores más de la Gremial, un barbero y dos periodistas de Prensa Comunitaria, corresponsales en El Estor Izabal.
[1] Fundaeco. Equipo de trabajo. Página Web. http://fundaeco.org.gt/equipo-de-trabajo.php
