La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó en definitiva el cierre del caso por corrupción contra el exdiputado Armando Escribá. La resolución deja firme el cese de la persecución penal por los delitos de concusión y fraude y pone fin al proceso en su contra
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en definitiva una apelación promovida por el Ministerio Público (MP) y confirmó la resolución del Juzgado Noveno Penal que no tramitó, por extemporáneo, un recurso legal presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a cargo del exfiscal Rafael Curruchiche, buscando reactivar el proceso. Con esta decisión, el máximo tribunal deja sin posibilidad al MP para retomar el caso contra el exdiputado Armando Escribá.
Esa resolución deja firme la decisión que benefició al exdiputado Armando Escribá, quien queda libre de proceso por los dos delitos de concusión y fraude en el caso “Construcción y Corrupción”, al no prosperar el intento del MP de revertir el rechazo de su impugnación presentada fuera del plazo legal.
“Sin lugar los recursos de apelación instados por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, y el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación y, como consecuencia, confirma la sentencia venida en grado”, resolvió la CC.
Prensa Comunitaria conoció que el fallo fue emitido por mayoría y que cinco magistrados aprobaron la decisión, mientras que dos estuvieron en contra. Escribá es primo de Dina Ochoa, magistrada constitucional con alta influencia dentro de la máxima corte, aunque en este asunto decidió apartarse.
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Impunidad
El caso se presentó dentro del proceso conocido como “Construcción y Corrupción”, en 2018. De acuerdo con la investigación, Escribá habría cometido delitos como lavado de dinero, fraude, concusión y falsedad en declaración jurada patrimonial.
Empresas vinculadas a él habrían sido beneficiadas con adjudicaciones del Ministerio de Comunicaciones cuando era funcionario público de ese ministerio. El señalamiento de la FECI determinó que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).
En noviembre de 2022, la CC confirmó que el exdiputado Armando Escribá no podía ser procesado en un juzgado de mayor riesgo. De esa cuenta, se rechazó una acción legal que fue planteada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que figura como querellante adhesivo, para evitar que el caso fuera devuelto a un juzgado ordinario.
El señalamiento contra el excongresista, vinculado al caso Construcción y Corrupción fase ll, se remitió al Juzgado Noveno Penal, en donde inició el expediente.
¿Un “error” de Curruchiche?
En 2024, este medio expuso que un supuesto “error” de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ya bajo el mando de Rafael Curruchiche impidió que se reactivara el proceso penal contra el exdiputado Armando Escribá, señalado en el caso Construcción y Corrupción.
La publicación reveló que la FECI presentó fuera de plazo una apelación contra la resolución que anuló el proceso, por lo que el Juzgado Noveno Penal rechazó el recurso al considerar que fue entregado fuera del horario hábil y en un órgano judicial distinto al que correspondía.
Fue por ese incidente que quedó firme la decisión que puso fin a la persecución penal contra Escribá por los dos delitos que le atribuía la FECI. También se documentó que no era la primera ocasión en que esa fiscalía presentaba recursos o solicitudes fuera del horario laboral o ante juzgados distintos a los competentes, lo que había generado cuestionamientos sobre su actuación.
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