Texto y fotografías: Simón Antonio
Este lunes 28 de mayo estaba previsto el inicio del debate oral y público en el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios, Izabal, contra Lemuel Alfredo Valle, trabajador de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel CGN Pronico, que junto a la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) son terceros civilmente demandados por la sospechosa muerte de los estudiantes Juan Carlos Velásquez Marroquín de 24 años, Nahomy Lara Orellana de 20 años y Ángel Rodolfo de León Palacios de 20 años, en la planta de la minera el 31 de marzo de 2012, cuando se encontraban realizando una tarea universitaria.
El delito por el que se juzga Lemuel Valle, CGN Pronico y la Universidad del Valle es por homicidio culposo, dado que los estudiantes estaban bajo la responsabilidad de Lemuel Valle cuando desaparecieron y fueron encontrados un día después, en la planta de la empresa del lago Izabal.
La tarea de los alumnos era estudiar el comportamiento de los cocodrilos la tarde del 30 de marzo, sin embargo el ejercicio se trasladó hasta la noche. Según el testimonio de Mauricio Velásquez, padre de Juan Carlos, que los estudiantes llevaban chalecos salvavidas, “cuando me llamó las 7:45 de la noche le pregunté si llevaba chaleco salvavidas y me dijo que sí y sus compañeros también”.
El guía que estaba con ellos era Lemuel Valle, al volcarse la lancha el único sobreviviente fue él, ante la negligencia de la Universidad y la empresa CGN, los padres de los estudiantes decidieron emprender un proceso penal contra la Universidad del Valle como tercero civilmente demandado con la empresa CGN Pronico.
El guía que estaba con ellos era Lemuel Valle, contratado por la empresa CGN, él era responsable de acompañar a los estudiantes en su tarea universitaria. Al volcarse la lancha donde se transportaban el único sobreviviente fue él. A pesar que el profesor Arnoldo Font Nájera acompañaba la delegación, según el testimonio de los padres, no llegó a la hora de la expedición. Ante la negligencia de la Universidad y la empresa CGN, los padres de los estudiantes decidieron emprender un proceso penal contra la Universidad del Valle como tercero civilmente demandado con la empresa CGN Pronico.
El juicio oral y público y los amparos de la UVG
Al inicio de la audiencia Jorge García de la Fiscalía Especial para el caso, pidió que “se altere la recepción de la prueba y se recalendarice las fechas de las declaraciones de los siete peritos y 32 testigos”. Tres de los testigos se encuentran fuera del país, ellos son María Eugenia Chavarría Martínez novia de Ángel Rodolfo de León Palacios, está en México; José Carlos García Salazar, que iba a acompañar a los estudiantes esa misma noche pero se le impidió participar en el ejercicio universitario, está en Panamá y el docente que los acompañaba Arnoldo Font Nájera se encuentra en Colombia. Ellos darían su versión de los hechos a través de la plataforma de videoconferencias.
La Universidad del Valle de Guatemala, en el 2016 interpuso en la Corte de Constitucionalidad (CC) dos amparos en los que alega que el delito por el que se le sindica no cabe en el marco jurídico porque no tiene relación ni laboral ni profesional con Lemuel Valle. En la exposición del abogado director de la universidad Luis Pedro Martínez dijo “Los amparos fueron interpuestos en el año 2016 con el objeto de protección constitucional de los derechos que había sido vulnerado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Izabal, al momento de vincular a la Universidad del Valle de Guatemala como tercero civilmente demandado”. Según informó el abogado recientemente la CC hizo consulta respecto a los hechos que alega la universidad bajo la figura de “Auto para mejor fallar”.
El abogado de la UVG indicó que la resolución de la CC puede incidir en el desarrollo del juicio aunque este pueda continuar sin la resolución, esto a pesar que en su argumento insistió que la intención no es retardar el proceso. “Entendemos que continuar con el presente juicio puede implicar una cantidad de prejuicios al momento de diligenciar siete peritos y 32 testigos por lo que comprendemos y para el beneficio de las partes y del caso, creemos conveniente que se debe suspender la presente audiencia hasta que se dilucide o la Corte de Constitucionalidad profiera la apelación del amparo mencionado”.
Tanto el Ministerio Público, los abogados de las parte querellantes y el tercero civilmente demandado CGN Pronico, apoyaron la postura de la UVG excepto la abogada de Lemuel Valle, Lilian Guerra Regalado quien manifestó “Esa resolución se ha gestionado hasta la presente fecha sin que exista obstáculo para el proceso penal en sí que estamos llevando, por lo cual al no ser ningún obstáculo, solicito puntualmente que se continúe con el proceso penal”.
El juez de sentencia Jesús Felícito Mazariegos Herrera, resolvió suspender la audiencia de apertura a juicio y programó para el 3 de septiembre la próxima audiencia e indicó que ese día la audiencia sería todo el día y las demás audiencias se realizarían después del mediodía.
Seis años de la búsqueda de justicia entre recusaciones y retardos maliciosos
La apertura a juicio oral y público se da tras más de seis años de que sucedieron los hechos, el fiscal Jorge García dijo “Hubo una serie de obstáculos de parte de la mina y de la universidad en el planteamiento de amparos que no tenían ningún sustento y entorpecen todo el proceso y la investigación para de alguna manera agotar a los padres de las víctimas. Entonces, ha sido un camino bastante difícil en el sentido de que no esperábamos tanto oposición, ellos trataban de suspender las audiencias, no venían a las audiencias, se reprogramaban audiencias y obviamente esos viajes son demasiados agotadores para las víctimas”.
Para Carlos De León la suspensión de la audiencia es una actuación de la UVG para desligarse del proceso “Una vez más nos encontramos que la justicia se interrumpe a causa de ellos, obviamente se quieren desligar de la responsabilidad en el caso de nuestros hijos, pero afortunadamente se fijó una fecha para la próxima audiencia para la apertura a juicio, esperamos que se cumpla”.
Ante los retardos por parte de la universidad y de la CGN Pronico se recusó al juez Édgar Aníbal Arteaga López del Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, quien al final se excusó de seguir conociendo el proceso y este se trasladó en la etapa intermedia al Juzgado de Primera Instancias Penal de Zacapa, quien envió a los acusados a juicio oral y público.
