La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) está hondamente preocupada por los últimos actos del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República, que atentan contra la vigencia del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos en Guatemala. En efecto, el Presidente Jimmy Morales declaró sin ningún fundamento, persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Sr. Iván Velásquez; posteriormente, diputados y diputadas del Congreso de la República intentaron reformar el Código Penal; recientemente, el Superintendente de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), fue removido de su cargo; se han registrado intentos de destituir ilegalmente al Procurador de los Derechos Humanos por parte del Congreso de la República, ya que dicho funcionario ha cumplido con su mandato según la ley; el Presidente de la República está intentando modificar el mandato de la CICIG y/o expulsar al Comisionado Iván Velásquez del país. Estos gravísimos hechos demuestran que las autoridades del Estado de Guatemala, pretenden con sus actos, menoscabar el funcionamiento de la administración pública y promover la impunidad de sus actos.
Por medio de la negociación de la paz y con fundamento en el Derecho Humano a la Paz, el Estado de Guatemala asumió el compromiso de reformar, fortalecer y modernizar la gestión pública, en procura de un manejo tansparente y absolutamente honrado en el uso de los recursos públicos, como condición para lograr que administración pública tenga la capacidad de cumplir con el supremo deber impuesto al Estado de Guatemala por la Constitución Política, de garantizar a los habitantes del país el bien común[1] .
La CIJ recuerda que es un principio aceptado nacional e internacionalmente, que le está prohibido a las autoridades en cualquier nivel, utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, de participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de tercero. Hacerlo atenta en contra de la Democracia y del Estado de Derecho.
El abuso de poder en el ejercicio de la función pública, socava las bases del Estado de Derecho y constituye un acto ilícito, contrario a la Constitución, que debe ser investigado y castigado por las autoridades de Justicia con prontitud. De lo contrario, si no se toman ahora las medidas legales adecuadas, para detener la imposición del Pacto de Corrupción e Impunidad que las autoridades al más alto nivel vienen impulsando, las consecuencias pueden llegar a ser de una magnitud y consecuencias irreparables, causando graves daños a la población guatemalteca y al Estado de Derecho en Guatemala.
Con fundamento en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIJ hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que envíe una misión al país, con el mandato de investigar la existencia de dicho Pacto de Corrupción e Impunidad y evitar así, que avance y cause un grave daño irreparable a la democracia y al pueblo de Guatemala.
Asímismo, con fundamento en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, urge a la Representante Residente del Sistema de Naciones Unidas, a tomar las medidas adecuadas para evitar que continúe avanzando dicho pacto.
“Las autoridades del Estado de Guatemala al más alto nivel han diseñado y están implementando una política exterior fundamentada en una errónea interpretación de la soberanía nacional y en el absoluto desprecio por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, todo ello para defender los intereses personales de funcionarios de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y así hacer prevalecer el sistema de impunidad que ha existido en el país, en las últimas décadas. Todo ello es parte del Pacto de Corrupción e Impunidad que existe en el país y que proviene de las autoridades al más alto nivel.”, declaró Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América.
Guatemala 18 de enero de 2018
[1] Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Los Acuerdos de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y Acuerdo de Paz para el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.
Título original: La CIJ hondamente preocupada por los actos de las autoridades guatemaltecas que promueven el debilitamiento del Estado de Derecho y sus instituciones
