Texto y fotografías: Lorenzo Pez
Jolom Konob’ 3 de diciembre 2017. Autoridades del Gobierno Plurinacional Ancestral del norte de Huehuetenango, se reunieron el día domingo 3 de diciembre 2017 en Santa Eulalia, con Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH), también estuvo la responsable de la auxiliatura de la PDH de Huehuetenango.
Esta delegación, con sede en la ciudad capital visitó por primera vez el territorio del norte del departamento de Huehuetenango, luego del retiro de su oficina en Barillas. El procurador tuvo como objetivo conocer y monitorear el grado de problemática social y violaciones a los derechos humanos que afectan a las personas, comunidades y pueblos originarios por la presencia de empresas y megaproyectos como las hidroeléctricas, minería y otros.
Las autoridades del Gobierno Ancestral Plurinacional presentaron un informe general sobre los agravios y riesgos que han venido sufriendo las autoridades comunitarias y ancestrales en las comunidades como Barillas y San Mateo Ixtatán, en donde operan las empresas españolas o empresas de capital norteamericano como el caso de Energuate, empresas de capital nacional como en Santa Eulalia, etc.
Para el gobierno ancestral es realmente preocupante que se tengan contabilizadas 411 personas en riesgo en todo el territorio norte, 105 denuncias penales en contra de la población, 71 personas con cicatrices en el cuerpo por las diversas agresiones protagonizadas por guardias de seguridad de las empresas, Policía Nacional Civil (PNC) o ejército.
También se denunció como operan varias personas de las comunidades que están aliadas a las empresas, realizando el papel de control, vigilancia, acoso y atentados, existen ya varias denuncias que conoce la PDH desde 2008, como es de la presencia de grupos paramilitares que trabajan para las hidroeléctricas.
El Gobierno Ancestral denunció nuevamente que han existido 36 presos políticos, 6 asesinatos y varias personas con constantes amenazas. Es preocupante el rol asumido por la iglesia católica, a través del obispo de Huehuetenango, monseñor Álvaro Ramazinni, quien de la misma manera que las empresas hidroeléctricas, criminaliza a las autoridades comunitarias señalándolas sin fundamente de integrar el narcotráfico, la delincuencia organizada.
Jordán Rodas se mostró indignado ante tal situación e hizo ver su buena voluntad de encontrar un acercamiento con todas las entidades del Estado guatemalteco responsables de buscar la solución a esta problemática social impuesto por las empresas.
Este primer encuentro con el Procurador de los Derechos Humanos se realizó en el salón comunal de una de los cantones en el municipio de Santa Eulalia, el frío característico en una de los territorios más altos de la Sierra de los Cuchumatanes ya se dejó sentir.
