Por: Nelton Rivera
“Puede haber acciones para mejorar las condiciones de la justicia, como en las reformas constitucionales, pero sabemos que hay reacciones fuertes de la clase económica, poder económico, político y los sectores del crimen que no quieren que se reconozca en nuestra legislación el Pluralismo Jurídico, eso lo vemos nosotros con mucha preocupación, porque la persecución va a seguir.”
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En una entrevista realizada con Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral maya Q’anjob’al y representante del Gobierno Plurinacional nos comentó la fuerte preocupación de muchas personas, especialmente las autoridades comunitarias y ancestrales en el contexto de despojo de los bienes naturales, el Estado se niega a reconocer el carácter vinculante de las consultas y las empresas actúan con total impunidad.
Él fue uno de los presos políticos por defender el territorio, tiene 14 procesos penales a la espera, ha resuelto tres, en todos se le absolvió de cualquier delito por los que fue acusado injustamente.
Conversamos sobre estas preocupaciones y sobre las reformas a la justicia que desde los pueblos se vienen impulsando, varios días después de nuestra conversación en la Torre de Tribunales en el juzgado de Mayor Riesgo A, en el Congreso de la Republica, los diputados vuelven a demostrar que se niegan a reconocer cualquier reformar que fortalezca el Pluralismo Jurídico.
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“Lo que está pasando con todos nosotros, hay preocupación de nuestra parte, los procesos penales que están abiertos en contra de autoridades en el territorio Q’anjob’al nos tienen en una incertidumbre, ¿porque? Porque precisamente apenas estan resolviendo algunos de los casos que tienen una temporalidad de 2 años, quedando abiertos procesos penales en contra de nosotros.
Hemos interpuesto varios amparos en contra de estos procesos que consideramos arbitrarios, pero la lentitud en cuento a la respuesta de estos amparos no nos da certeza de que vamos a hacer.
Vemos que el sistema de justicia tiene serias dificultades para resolver los casos de persecución y la agresión en contra de las autoridades ancestrales de nuestros pueblos, dado que los intereses empresariales y la explotación de los bienes naturales sobre nuestros territorios son fuertes, creemos nosotros que aún le hace falta que al sistema de justicia sea más objetivo y transparente y apegaos a la ley y al derecho.
Y eso no lo vemos, cuando digo que apenas se van resolviendo diez órdenes de aprensión en contra de igual número de procesados, en pocos procesos judiciales, h hacen falta ver que sucederá con las y los demás. Hay 67 órdenes de aprensión vigentes en contra de la gente en el territorio qanjobal, imagínenos si solo se van medio resolviendo el caso de diez autoridades, cuanto tiempo nos llevara resolver la situación jurídica de los restantes 57 autoridades.
Tenemos mucha preocupación, eso limita también el trabajo y movilkizacion de neustras autoridades y por otro lado, también hay otra situación que vemos preocupante, porque los tribunales no informan quienes son las personas que fueron acusadas y tienen órdenes de aprensión, cuando la ley dice claramente, si una persona tienen una denuncia o se le abre un proceso penal, sobre todo si tienen orden de aprensión debe de ser notificada.
Sin embargo las autoridades no tienen esa información, la justicia no les informa, para que sepan y puedan acercarse a los órganos jurisdiccionales para resolver su situación jurídica, sin embargo no hay.
Solo sabemos que estan las ordenes de aprensión y no hay notificaciones, entendemos que se está violando el debido proceso de ofrma intencional, esto favorece a las empresas, con esto tienen las manos sueltas para actuar con impunidad y seguir operando en todo nuestro territorio.
Especialmente en San Mateo Ixtatán, la empresa de Proyectos de Desarrollo Hídricos PDHSA no hace caso a las demandas de las comunidade, no hacen caso de la demanda de la movilización social, las autoridades de la nación Chuj hacen sentir su voz en cuanto que la empresa no esta operando de forma legal, que tienen serias dificultades legales para realizar el trabajo.
Por otro lado que las denuncias interpuestas por las autoridades, por los comunitarios y personas que han sido agredidas fuertemente por la empresa en San Mateo Ixtatan y sus trabajadores y no hay acciones que las autoridades de justicia eten realizando apra la persecución penal en cotnra de esas agresiones.
Los procesos abierots en el territorio qanjobal como Barillas, Santa Eulalia no vemos ninguna acicon en la persecución penal de quenes han cometido delitos, violado derechos humanos de quienes han vioelntado el territorio. Se acumulan las denucnias y no vemos que la fiscalía del MP accione, en la práctica las empresas cometen delitos y no hay acciones de la justicia en investigarlos y perseguirlos, esto confirma que ellos con la impunidad pueden actuar y nadie en este país les puede decir nada.
Lo reciente ocurrido con don Julio Gómez, es el representante y titular de la nación Chuj dentro del Gobierno Plurinacional de nuestras naciones, esto nos lleva a afirmar que las acciones de criminalización y acciones judiciales en contra de las autoridades ancestrales son sistemáticas.
Puede haber acciones para mejorar las condiciones de la justicia, como en las reformas constitucionales, pero sabemos que hay reacciones fuertes de la clase económica, poder económico, político y los sectores del crimen que no quieren que se reconozca en nuestra legislación el Pluralismo Jurídico, eso lo vemos nosotros con mucha preocupación, porque la persecución va a seguir.
En san marcos hay una cantidad enorme de órdenes de aprensión dirigidas injustamente en contra de autoridades comunitarias y ancestrales, hay una cantidad enorme de presos políticos, hombres y mujeres. Que uno puede pensar, nosotros creemos que hace falta mucho para cambiar el sistema de justicia en Guatemala para que muestre voluntad política para resolver la situación en nuestros territorios.
Finalmente quiero hacer notar que los intentos que hay desde el organismo ejecutivo en cuanto a intentar propiciar un ambiente de dialogo no es contundente, no es fuerte, ni creíble, hay mucha debilidad y por otro lado están inclinados a no querer entender que en los territorios ya hay una decisión de nuestros pueblos.
La estrategia del gobierno de querer normar las consultas nos dice mucho, que están siguiendo los pasos de los anteriores gobiernos, querer regular las consultas, cuando lo que tienen que hacer es asumir con total responsabilidad la vinculación de los resultados de millones de personas a través de las consultas en las políticas públicas, ordenar la inmediata cancelación de las licencias de exploración y explotación de empresas, y resolver la conflictividad que crearon con estas en nuestros territorios.
Veo que el Estado no tiene la voluntad política de definir y resolver las situaciones que ocurren en nuestros territorios y de una vez por todas terminar con las causas que están provocando tanta conflictividad.”
