Por: David Toro
Este viernes 21 de septiembre, cobra vigencia la ley que otorgará a las 15 sobrevivientes de la masacre del Hogar Virgen de la Asunción una pensión vitalicia. Este caso es conocido como uno de los tantos crímenes de Estado en la historia de Guatemala. Por supuesto, la versión oficial se caracteriza por encubrir los hechos y expiar la culpa del Estado, contra todas las evidencias del caso. Las sobrevivientes han pasado más de 500 días luego de los sucesos, viviendo a la deriva con situaciones de salud complicadas.
La pensión vitalicia será igual para todas. Los primeros 3 años recibirán Q5, 000.00 mensuales y luego recibirán el equivalente a un salario mínimo. El primer error cometido, según el criterio de la Abogada Paula Barrios de Mujeres Transformando al Mundo, es que la comisión que presentó y redactó esta ley en el Congreso, no consideró que cada niña tiene condiciones diferentes. Algunas tienen quemaduras de 3er y 4to grado en gran parte de su cuerpo, otras viven en condiciones deplorables sin cubrir los requerimientos mínimos de salubridad que una persona en esas condiciones necesita. Además dos de ellas están embarazadas.
Otras instituciones cargan con la responsabilidad del Estado
El Estado no puede evadir la responsabilidad penal y social que pesa en su contra por lo sucedido en Virgen de la Asunción. Gran parte de los gastos de las niñas durante este primer año han sido sufragados por instituciones sin fines de lucro y alianzas extranjeras.
Nayeli, una de las niñas sobrevivientes de aquel 8 de marzo, perdió un pie, nariz y orejas, sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo. El año pasado estuvo muchos meses internada siendo intervenida en un Hospital de Boston, Estados Unidos. Los gastos corrieron por cuenta de la Fundación Shirners.
Nayeli viaja a diario al Hospital Roosevelt donde recibe un tratamiento. Su casa no tiene las condiciones necesarias para una persona con una situación de salud tan delicada. Para llegar al Hospital debe viajar en taxi, el cual de momento es pagado por el grupo de ayuda ALIANZA, sin embargo esta cooperación no será para siempre y los tratamientos seguirán por un largo tiempo. La pensión, y el dinero que gane la mamá de Nayeli, tendrían que alcanzar para cubrir estos gastos diarios de tratamientos y medicamentos. La cantidad que les dará la pensión es insuficiente. “Un salario mínimo no cubre ni la canasta básica”, resaltó Paula Barrios de MTM, quien asegura que aspectos de fondo no fueron tomados en cuenta para definir los montos de la pensión que recibirán las niñas.
Dentro de las sobrevivientes, existen menores que aún están bajo cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), distribuidas en diferentes hogares. La mayoría recibe donaciones de víveres, aportes de diferentes organizaciones, pero esta ayuda será temporal. Stef Arriaga, del Colectivo 8 Tijax, considera que independientemente de la ayuda pecuniaria, el problema no sólo es la cantidad de dinero, sino la administración de los fondos por parte de las familias, pues en ocasiones su forma de administrar el dinero no es la idónea.
Evidentemente las familias de las menores tienen problemas, se encuentran en situaciones de riesgo y habitan en zonas marginadas de la ciudad, pero esta debilidad de las familias fue empleada en el Congreso para justificar las razones de no dar mayor cantidad de dinero a las sobrevivientes. En lugar de ofrecer mayor apoyo para la reparación integral de las jóvenes, “temen que se malgaste el dinero que se les dé o que se enriquezcan a costa de la ayuda”, dice Paula Barrios, quien tiene claro que los legisladores no quieren ver a las niñas como lo que son: víctimas de un suceso acontecido bajo la responsabilidad directa del Estado.
Se buscará reformar la ley
No obstante, todo puede mejorar. La abogada Barrios afirmó hace unas semanas para Prensa Comunitaria que, cuando la ley es promulgada, se puede actuar para que se aumente la cantidad económica que el Estado entregará a las niñas, además de poder proponer enmiendas para esta pensión en pro de las víctimas.
En el material penal de caso, cuando inicie el juicio en febrero del 2019, en contra de los tres ex funcionarios de la SBS (Carlos Rodas, Anahí Keller y Santos Torres), los representantes legales de las niñas, como es el caso de Mujeres Transformando el Mundo, tendrán la oportunidad de proponer dictámenes que favorezcan la reparación integral de las sobrevivientes.
