Por David Toro
El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) se encuentra en una situación de riesgo que lleva más de cinco meses sin poder resolverse. El personal fue reducido dramáticamente. De 245 trabajadores, únicamente quedan 15 personas, quienes no tienen conocimientos técnicos para el resguardo de los documentos.
El AHPN está sufriendo cambios negativos. Los más de 80 millones de folios que contiene están en peligro de deterioro o de pérdida debido a una pugna silenciosa. El interés sobre ellos radica en que resguardan datos recabados por la extinta Policía Nacional (PN) desde finales del siglo XIX hasta 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz.
Estamos hablando de más de 115 años de historia de la Policía Nacional (PN), de 1881 a 1997, según la información que el mismo AHPN proporciona en su sitio web. Los cientos de legajos, proporcionan datos claves que han servido para establecer responsabilidades penales de crímenes cometidos por las fuerzas armadas del Estado durante la guerra civil en Guatemala. También contiene información que podría ayudar a conocer el destino de un porcientaje de los 40 mil desaparecidas registrados en el informe “Guetemala: Memoria del Silencio”, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
El fondo documental enfrenta problemas debido a la naturaleza de la información que contiene. Según la misma fuente consultada, “Todos hemos escuchado que el exministro de gobernación Enrique Degenhart, le somató la mesa al ministro de cultura Elder Suchite y le dijo que le entregara el archivo. Desde mediados de 2019 todo comenzó a empeorar, al grado que los documentos hoy por hoy corren un serio riesgo”.
El problema de la administración del AHPN se agudizó cuando llegó la sentencia del Caso Molina Theissen, por la que fue sentenciado el general Benedicto Lucas García, quien está cumpliendo una sentencia de 58 años por los delitos de desaparición y detenciones ilegales de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, en 1981.
Los cambios impositivos se notaron enseguida, el exministro Suchite no aceptó recibir el apoyo financiero de países como Suecia, Holanda, Alemania, el Gobierno del país Vasco, Estados Unidos y Canadá. Recortó drásticamente el personal, de los 245 trabajadores que el PNUD había contratado por más de 13 años, en 2019 la institución llegó a tener solo 35 trabajadores.
Según la información de un funcionario del AHPN, que pidió la reserva de su nombre, de enero de 2020 a la fecha, solo cuentan con 15 trabajadores, entre ellos agentes de seguridad, personal de limpieza, y de administración. Del total de personas que laboran en la institución, agregó, un grupo reducido se dedica a la digitalización de los documentos. Ninguno con experiencia técnica comprobada en archivística.
El ministro de cultura justificó ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) que no pudieron contratar más personal porque no hay presupuesto, en 2019 se había presupuestado Q4 millones para su funcionamiento pero el Congreso no lo aprobó.
Además, Mundo Rodríguez sostuvo que la escasez de personal y la falta de financiamiento también ha perjudicado el proceso para obtener información pública “como no hay mucho personal no han podido cumplir los plazos que la ley de acceso fija, no nos han negado información pero se tardan mucho para ubicarla y trasladarla”, agregó.
¿Qué pasará con el AHPN?
Desde julio de 2019, Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para evitar que se restringiera el acceso al archivo y se asegurara su preservación. El 3 de febrero de 2020, el PDH junto a representantes de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP y estudiantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), pidieron a los magistrados, en una vista pública, que emitieran una resolución sobre la falta de presupuesto, acciones para prevenir el deterioro de los documentos, asegurar el espacio físico donde se encuentra el AHPN actualmente y garantizar el acceso a la información pública.
La situación es incierta. El AHPN se mantiene prácticamente varado a la espera de una solución, el pasado 4 de febrero un extrabajador aseguró que al menos 10 empleados del área técnica están a la espera de que Mario David Marroquín, quien actualmente es el director de la institución, cumpla con reubicarlos en su puesto de trabajo ya que había prometido restituirlos durante febrero.
