Por Simón Antonio Ramón
28 de mayo del 2019
En un comunicado firmado por la Asociación en Guatemala de Amigos de la UNESCO, integrado por profesionales de temas de archivística y derechos humanos, pidieron al Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) y el Ministerio de Gobernación (MINGOB) firmar lo antes posible la prórroga del Convenio que dio vida al Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) firmado el 30 de diciembre de 2009.
El 30 de junio de 2019 vence del Acuerdo Ministerial 24-2009, Convenio firmado por los ministerios para alojar por un periodo de diez años la documentación, AHPN que registra en archivos 116 años de servicio de la desaparecida Policía Nacional (PN).
Incertidumbre y preocupación
La preocupación manifiesta de los profesionales que integran la Asociación en Guatemala de Amigos de la UNESCO, se expresó por varias decisiones entre el MICUDE y el PNUD, que desde agosto de 2018 no renovaron el contrato del antiguo director Gustavo Meoño y otras personas que habían trabajado en el Archivo por muchos años sin ninguna explicación. También por el despido de 30 personas y el nombramiento como directora a Ana María Salomé y posteriormente a Carlos David Marroquín.
Esta preocupación es compartida por la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Como respuesta Jordán Rodas, titular de la PDH interpuso el 16 de mayo una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra los dos ministerios responsables para que se prorrogue el Acuerdo 24-2009. Esta prorroga del Convenio permitiría dos cosas: primero, la continuidad del trabajo del AHPN en el edificio que ocupa actualmente y que es propiedad del MINGOB; y segundo, la continuidad de su funcionamiento, debido a que la mayoría del personal solo cuenta con un contrat laboral hasta el 30 de junio.
En el amparo la PDH indica “Las autoridades impugnadas son responsables directamente del cuidado y resguardo de la documentación, sin embargo, el convenio no ha sido prorrogado y por ende existe el riesgo inminente que al finalizar el plazo, el Ministerio de Gobernación, exija la devolución inmediata del inmueble que ocupada el Archivo Histórico de la Policía Nacional y como consecuencia, se desordene, destruya, desaparezca o deteriore la información y los documentos que lo conforman”.
En el comunicado de la Asociación en Guatemala Amigos de la UNESCO expresan “Pedimos a las instituciones involucradas tomar las acciones necesarios para que garanticen la seguridad, preservación y accesibilidad de los documentos del AHPN en el edificio donde se encuentran para que las organizaciones de víctimas, de familiares, de derechos humanos, académicas y usuarios sigan teniendo acceso”.
Por su parte, la comunidad internacional ha estado atenta a la crisis que ha venido atravesando el AHPN desde el 2018. Como el atraso de la contratación del personal hasta abril de 2018[1]. Sobre el tema la Red de Sitios de Memoria Latinoamericana y Caribeños (RESLAC) hizo un pronunciamiento en el que manifiesta su preocupación por la situción del archivo policial.
En agosto tras la intervención del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) docentes de universidades y las organizaciones The Bernard Archive Rapoport Center For Human Rights and Justice, Lilian Benson Latin America Studies and Collections y Human Rights Clinic de la Universidad de Texas enviaron una carta a Ana María Díaz directora del organismo internacional, en el que manifestaron su preocupación por los cambios que se estaban realizando, entre ellos la salida del director Gustavo Meoño.
En el mes de septiembre, Archivos Sin Fronteras pidieron tanto al MICUDE y PNUD informaran sobre la problemática y expresaron “Queremos, igualmente, dejar en constancia de nuestra preocupación por esta decisión, por cuanto supone un paso atrás en la institucionalización del conocido como Archivo Historico de la Policia Nacional de Guatemala”. La organización finalizó su comunicado expresando “Lo que si esperamos, y en su caso demandaremos, es que los documentos de la Policía Nacional continúen al servicio de la justicia y la memoria”.
En Noviembre 2018, la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) dirigió una comunicación a Ana María Díaz del PNUD y a José Luis Chea Urruela, exministro de Cultura y Deporte, en función en esa fecha, en la que expresaron “preocupación ante la irrupción abrupta de la oficial local de PNUD y del Ministerio de Cultura y Deportes en la dirección del AHPH, al realizar cambios estratégicos de forma apresurada, sin hacer ningún tipo de evaluación técnica ni acercamiento con el equipo archivístico a cargo del acervo para preparar un proceso de transición adecuado” haciendo referencia.
Los juicios por delitos de lesa humanidad y la prórroga del Convenio
El AHPN ha sido fundamental en la información que resguarda. De igual importancia ha la información que ha aportado en juicios contra militares que han sido condenados por delitos de lesa humanidad durante la guerra interna en Guatemala. Como el caso mas reciente en el que Pedro García Arredondo fue condenado por la quema de la embajada de España, icurrida el 31 de enero de 1979 en enero de 2015.
El otro caso, la más reciente condena contra los exmilitares, general Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas Callejas, coronel Francisco Luis Gordill y Hugo Ramiro Zaldaña, condenado por detención y violación contra Emma Guadalupe Molina Theissen y la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, hechos ocurridos en octubre de 1981 en mayo de 2018.
Tanto el MINGOB como el MICUDE tienen hasta el 30 de junio para prorrogar el Convenio como lo establece el apartado sexto del Acuerdo 24-2009 “el plazo podrá prorrogarse de mutuo acuerdo entre las partes, con el simple cruce de cartas con un mes de anticipación a la finalización de la misma y por el plazo que se estime”. Al final, sino se prorroga el Convenio quedaría esperar la resolución de la CSJ.
[1] https://prensacomunitaria.org/el-ministerio-de-cultura-y-deportes-quiere-cerrar-el-archivo-historico-de-la-policia-nacional
