Chaves, Fernández y los nuevos mandamientos de Costa Rica

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Créditos: Redacción Regional

Con el reciente ascenso al poder de Laura Fernández, la “elegida” por el expresidente Rodrigo Chaves para continuar el camino del oficialismo en Costa Rica, el país atestigua, en vivo, cómo el gobierno de la ‘tercera república’ profundiza sus pactos con sectores neopentecostales para gobernar con la Biblia en la mano al punto de retroceder en leyes progresistas en perjuicio de poblaciones históricamente vulneradas.

Por Mayela López Corrales

El 25 de septiembre de 2026, Laura Fernández, la ‘presidente’ de Costa Rica, como a ella le gusta llamarse, asistió al Día de la Biblia, un mitin religioso en la Asamblea Legislativa organizado por Gerald Bogantes, un pastor evangélico de las Asambleas de Dios que en 2026 se convirtió en diputado oficialista.  En el Salón de Expresidentes, y ante decenas de pastores, la presidenta dijo: “he entregado a Costa Rica a los pies de nuestro Señor Jesucristo desde el primer día en que soy presidente… Yo quiero ser una presidente que escucha y obedece”.

Fernández dirige Costa Rica desde mayo de 2026 arropada por grupos que defienden “valores cristianos”, muy a tono con el giro que su antecesor y padrino político, el expresidente Rodrigo Chaves, le dio a su mandato.  “La Biblia es un manual para cómo ser un buen presidente”, añadió Fernández. “¡Amén!”, respondían sus interlocutores. Ella cerró diciendo que se siente honrada por dirigir “un gobierno de principios y valores cristianos”. “¡Amén!”, volvieron a gritar los pastores.

Aquel mitin religioso no es único ni es casual en la nueva Costa Rica de la ´tercera república´. El oficialismo del Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha llamado así a una supuesta transformación del país que preocupa a expertos por sus cargados mensajes y maneras populistas pero, sobre todo, por sus marcados mensajes para erradicar contrapesos al estilo de los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua o el de Nayib Bukele en El Salvador.

La presidente Laura Fernández tomó posesión el 8 de mayo de 2026, después de juramentar sobre la Constitución Política y sobre una Biblia que le regaló su padre en 1992 “porque vengo de una familia de fe”. Foto Presidencia de la República de Costa Rica.

En febrero pasado, el oficialismo ganó la reelección planteándose como un faro ultraconservador en un país que durante décadas se distinguió de sus vecinos centroamericanos por una institucionalidad relativamente sólida, por la abolición del Ejército y por avances, no exentos de disputas, en derechos sexuales y reproductivos.

A pesar de que la religión católica es oficial y mantiene mayores porcentajes de feligreses, ahora esos números parecen insuficientes para contener al PPSO y sus aliados, que convierten el lenguaje de la fe en políticas públicas, diezmando derechos sexuales y reproductivos de miles de jóvenes, derechos a la salud de las mujeres y derechos a la seguridad y no discriminación de la población LGBTIQA+. Lo hacen, dicen, “por el bien país”.

El 23 abril, en una reunión con la Federación Alianza Evangélica y Foro Mi País -la organización cristiana aliada al partido de Chaves- Fernández dijo que el gobierno de su padrino político fue “un milagro” y luego pidió a los presentes orar por ella, por el gabinete “para que no se filtre la corrupción, el crimen organizado, porque ganemos la batalla”.

Chaves, ahora un súper funcionario a cargo de ministerios clave el gabinete, explicó que había pedido iluminación divina para saber a quién recomendar como sucesor. Dios, aseguró, lo iluminó.

“¡Estamos en la cima de la montaña viendo la tierra prometida…!”, proclamó entonces el exmandatario. Su metáfora bíblica desembocó en una promesa terrenal: celebró que su movimiento controlaba los poderes Ejecutivo y el Legislativo y juró, “ante la presencia permanente de nuestro Señor”, esforzarse por “recuperar” también el Poder Judicial.

Entre oraciones y alabanzas, la presidenta Laura Fernández afirmó ante un grupo de pastores evangélicos que “la Biblia es un manual para cómo ser un buen presidente” durante su participación en la celebración del Día de la Biblia, organizada por un pastor y diputado el 25 de setiembre de 2026 en la Asamblea Legislativa. Foto: Cortesía Jorge Navarro

Las tablas del pacto

Que Fernández diga que la Biblia es un manual de gobierno no es solo retórica. Atrás hay un pacto entre Chaves y un grupo de dirigentes evangélicos aglutinados en Foro Mi País que data de 2022. Uno que Fernández prometió respetarlo y ampliarlo.

Los compromisos, una suerte de mandamientos políticos suscritos por Chaves, no se limitaban a defender valores: incluían modificar políticas educativas y sanitarias y abrir plazas para llevar representantes del sector evangélico al corazón del Estado.

Un primer intento para esta apuesta ocurrió en 2018, con la candidatura presidencial del pastor y cantante Fabricio Alvarado. Su campaña contra el matrimonio igualitario, el aborto y la educación sexual lo llevó a la segunda ronda electoral, pero terminó perdiendo ante Carlos Alvarado, del progresista Acción Ciudadana (PAC).

La gesta, sin embargo, demostró que la movilización cristiana podía alterar una elección nacional.

Un grupo religioso creyó que tal vez el camino no pasaba por llevar a un pastor como presidente, sino en la construcción de alianzas con políticos tradicionales dispuestos a pactar.

En este grupo está Reinaldo Salazar, presidente de Foro Mi País. Salazar dirige el Templo Bíblico y fue criticado en 2016 por vender su sede en San José cuando estaba cerca de ser declarada patrimonio histórico. Años después, anunció la venta de quintas ubicadas cerca del Pacífico costarricense, donación de una familia al “reino de Dios”. Su congregación ahora se reúne en el salón de un hotel capitalino.

Insertar foto 3. Pie de foto: Los pastores (de izquierda a derecha) Reynaldo Salazar, Rodolfo Arias y Gonzalo Ramírez acompañan al exmandatario Rodrigo Chaves durante un “tiempo de oración por el Presidente”, divulgado el 2 de octubre de 2025 por la Federación Alianza Evangélica de Costa Rica. Los pastores son parte de Foro Mi País, con el cual Chaves firmó en 2022 compromisos que llevaron a la modificación de políticas educativas y sanitarias. Foto tomada del Facebook de la Federación Alianza Evangélica de Costa Rica.

Foro Mi País es una agrupación de incidencia política dentro de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC). El 9 de enero, Salazar describió en un podcast de corte cristiano que, en 2022, en “el sector evangélico estábamos viviendo una experiencia muy triste y muy trágica a lo interno por ciertas decepciones en el tema electoral “, refiriéndose a la segunda vuelta de ese año donde el pastor Fabricio Alvarado quedó fuera de la contienda.

“Un evangélico que se hace candidato no es tan efectivo como un candidato que apoya a los evangélicos”, explica el investigador y teólogo Alberto Rojas, quien ha estudiado el movimiento religioso costarricense. En su lectura, una parte del sector pasó de buscar un partido confesional victorioso a negociar con quien tuviera posibilidades reales de gobernar.

El instrumento de esa estrategia fue Foro Mi País, encabezada por Salazar. Para Rojas, el foro surgió como un brazo de incidencia política que, aunque formalmente independiente, coordina estrechamente con la FAEC. Aunque Salazar aseguró que el foro tenía más de 20 años de existencia, su primera aparición pública fue en 2022, durante la campaña electoral. Antes de eso, no aparecen registros sobre actividades públicas del foro.

En su página web oficial, la entidad se presenta como “Alianza estratégica Foro Mi País-Pueblo Soberano” y señala que “representamos la continuidad del legado político de Rodrigo Chaves. Un gobierno de resultados, valores y transparencia”.

Con la consigna de manifestarse contra “quienes siguen negociando con nuestros derechos para alcanzar el voto conservador”, miles de costarricenses se lanzaron a la calle para alzar la voz en la Marcha de la Diversidad celebrada el pasado 28 de junio. Foto Mayela López

En el recuento del pastor, el grupo nació con cuatro expresidentes de la FAEC tras “una lectura latinoamericana, una lectura país” en la cual vieron “la necesidad de empezar a estructurar de forma intencionada, organizada, sistemática, no solamente la participación electoral, sino la creación del pensamiento político… construir un proyecto para el país desde los valores judeocristianos”.

Redacción Regional intentó durante meses una entrevista con el pastor, pero nunca dio una respuesta.

En Costa Rica, la población evangélica era de un 1% en 1950, pero a partir de la década de los ochenta comenzó a experimentar un crecimiento modesto pero sostenido. Según datos citados por Clifton L. Holland, director del Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos, en 1983 la población católica era de 84.9% y la evangélica de 8.6%; mientras que para setiembre de 2012, los católicos eran 63.4% y los evangélicos 22.9%.

Para el 2024, el porcentaje de católicos bajó a un 50% de la población y los evangélicos constituían el 33%, según un informe de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la estatal Universidad Nacional (UNA).

Previo a la segunda vuelta electoral de 2022, los representantes de Foro Mi País se reunieron con los dos candidatos en contienda: José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Les llevaron un documento de compromisos con “la vida, el matrimonio natural, la protección de la familia”. Según contó después Salazar en un programa cristiano, Figueres se negó a firmarlo. Chaves, una oveja sin rebaño, aceptó.

Un miembro de la organización de la Marcha de la Diversidad de junio anterior regula el tráfico y el paso de peatones, tarea que antes era usual de la Policía de Tránsito. Desde el 2024, el expresidente Rodrigo Chaves eliminó la declaratoria de interés cultural de la marcha, necesaria para contar con el respaldo de las autoridades. Foto Mayela López.

“Yo no soy evangélico ni soy católico, pero soy un hombre temeroso de Dios… yo lo firmo y no tengo problemas”, recordó Salazar que respondió el candidato. Una semana antes de la victoria de Chaves en las urnas, el acuerdo fue formalizado en el Templo Bíblico de Salazar.

Seis mandatos constituían el texto: no promover la llamada “ideología de género” en el Estado, no apoyar iniciativas favorables al aborto o la eutanasia, revisar la regulación de la fertilización in vitro y la norma del aborto terapéutico, y eliminar contenidos que los firmantes consideraban “ideología de género” de la educación pública. El compromiso incluía dos puntos de otra naturaleza: permitir que el sector cristiano presentara currículos para puestos de liderazgo en Educación, Salud y Relaciones Exteriores, y facilitar desde la Presidencia y los ministerios el funcionamiento de iglesias y ministerios de ayuda social evangélicos.

Tan solo 15 días después de asumir el poder el 8 de mayo de 2022, Chaves ordenó cambios que se corresponden con los contenidos de los seis mandamientos firmados con Foro Mi País. El primero: ordenar que no se izara la bandera LGBTIQA+ en Casa Presidencial para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, algo que se había convertido en tradición desde el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018).

El segundo guiño vino dos meses después, en julio, cuando se eliminó la figura de Comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTIQ+, creada en 2018. El gobierno de Chaves la sustituyó por un comisionado de Inclusión Social, encargado de atender poblaciones afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad y LGBTIQ. El nuevo cargo, sin embargo, terminó eliminándolo por completo dos años después.

Las pancartas contra los retrocesos en políticas públicas, como la eliminación de un protocolo para atender casos de acoso contra población diversa en los centros educativos, fueron numerosas en el Pride 2026 de Costa Rica. Foto Mayela López

Salazar ha sostenido públicamente que el acuerdo se había cumplido por completo. Sin embargo, en el caso del funcionamiento de las iglesias no existe aún un proyecto de ley.

La iniciativa más cercana al tema fue una impulsada por la diputada oficialista Cindy Blanco, con un proyecto para que una institución estatal done un terreno de 5.000 m² a una iglesia evangélica, argumentando que la propiedad se ha utilizado para prestar “servicios de interés comunal”. Blanco es abogada e integra una firma de abogados liderada por el pastor Rodolfo Arias Ramos, uno de los miembros de Foro Mi País.

Un despido intempestivo antes de la Marcha de la Diversidad

Ricardo Sossa recuerda una llamada inesperada y “una gritada”. Era junio de 2024, la víspera de la Marcha de la Diversidad. Sossa ocupaba el cargo de comisionado presidencial para la Inclusión Social. Chaves le reclamaba que él y la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, hubieran tramitado la declaratoria de interés cultural de la marcha sin que el presidente, según su versión, estuviera enterado.

Sossa dice que Chaves le pidió la renuncia. Una hora después, el gobierno anunció su destitución y la de Guadamuz. La explicación oficial fue que no habían informado a la Presidencia y que había problemas con los permisos del evento. El excomisionado rechaza ambas afirmaciones: asegura que comunicó el trámite a otros funcionarios del Ejecutivo y que los organizadores contaban con los permisos necesarios.

La declaratoria se había efectuado sin problema desde años atrás, incluso en el gobierno de Chaves. La marcha, sin embargo, siguió adelante pese a los intentos de bloqueos y a la crítica de diputados ligados a sectores evangélicos.

Por ejemplo, el excandidato presidencial Fabricio Alvarado, para entonces diputado de Nueva República, la principal fuerza evangélica en la Asamblea entre 2022 y 2026, calificó al gobierno de “tibio” porque “la marcha LGTB no aporta ningún interés cultural para el país”. Su compañero de bancada, Pablo Sibaja, calificó de “vergüenza” que Chaves promoviera la “ideología de género” mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, “despide a más de 300 funcionarios que promovían en el ministerio de cultura la ideología de género”.

Por segunda vez consecutiva, un pastor evangélico participa de la bendición en la ceremonia de Traspaso de Poderes, antes exclusiva de algún representante católico. Los diputados oficialistas participan de la oración, entre ellos la pastora Kattia Mora, impulsora de la desvinculación de Costa Rica ante la ONU de los términos “interseccionalidad”, “violencia reproductiva” y “masculinidad patriarcal”. Foto Presidencia de la República de Costa Rica

Para prevenir su interrupción, los organizadores de la marcha acudieron a la Sala Constitucional para ampararse. La Sala, cuyos fallos son de acatamiento obligatorio, determinó que al intentar impedir la marcha “se incurrió en un acto no solo arbitrario, sino absolutamente intempestivo (al ser emitido tan solo un día antes de la marcha) y carente de todo fundamento, lesionando con ello, de forma flagrante, los derechos fundamentales de la población minoritaria LGBTIQ+”.

El fallo judicial fue contundente: aseguró que la declaratoria “buscaba indiscutiblemente no solo fortalecer los derechos de la comunidad LGBTI+ (principalmente los de igualdad y no discriminación), sino también crear un espacio seguro y de sensibilización (dirigido a la educación y hacia un cambio de actitudes de parte de la sociedad)”.

Pero los sectores conservadores no se dieron por vencidos. La destitución de Sossa trajo, a la postre, la aniquilación de la entidad gubernamental que él dirigía. El exfuncionario sospecha que detrás de la decisión hubo presiones del diputado Fabricio Alvarado y de su partido, uno con el cual el gobierno de Chaves hizo alianzas para garantizar proyectos clave a favor de su gobierno.

Redacción Regional intentó obtener una reacción de Alvarado, pero este no dio respuestas a los mensajes enviados a su teléfono. Según Sossa, Alvarado y Chaves “siempre trabajaron de la mano, especialmente después del 2024”, cuando el gobierno necesitaba los votos de la fracción evangélica para la aprobación de una ley presentada por Chaves para delimitar potestades de la Contraloría General de la República. La ‘Ley Jaguar’ se detuvo pues la Sala resolvió el mismo año que presentaba problemas de constitucionalidad.

No fue la primera vez que Chaves necesitó el voto cristiano a su favor. En setiembre de 2025, el Congreso votó la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, a pedido de la Fiscalía, para levantar el fuero al presidente a fin de que enfrentara un juicio por presunta concusión. Según la Fiscalía, Chaves habría presionado a un productor para que entregara $32.000 a un asesor y amigo suyo, como condición para adjudicarle un contrato de imagen de Casa Presidencial.

Eduardo López es pastor de una iglesia inclusiva y participó en el Pride 2026 con el fin de mostrar que existen espacios seguros para las personas LGBTIQA+ y para “ofrecer abrazos de pastor porque hay gente que ha sido sumamente lastimada por los pastores de sus iglesias y por sus iglesias”. Foto Mayela López

En diciembre del mismo año, el Congreso intentó levantar la inmunidad a Chaves luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones lo solicitara para que este enfrentara un juicio por beligerancia política, tras acumular 15 denuncias según las cuales habría intervenido en la campaña electoral a través de actos oficiales y conferencias de prensa.  En ambas oportunidades, el partido evangélico Nueva República votó en bloque en contra y Chaves salió ileso.

Más tarde, el oficialismo devolvió el favor absteniéndose de votar en una sanción de ética pública contra Fabricio Alvarado, acusado de acoso sexual por parte de una asesora y exdiputada de su partido. La  exlegisladora Marulín Azofeifa lo denunció un día después de que, en un debate con los candidatos presidenciales, Laura Fernández asegurara que Alvarado la había acosado cuando era asesora legislativa. La confesión de Fernández, dijo, le dio la fuerza para hablar del acoso que sufrió durante unos ocho años.

El intento de una sanción ética pública no se pudo votar debido a la ausencia de los diputados evangélicos y oficialistas. En mayo pasado, al iniciar funciones el nuevo Congreso, la presidenta de la Asamblea, la oficialista Yara Jiménez, archivó el expediente.

“Gracias a mi Dios infinito”

El 29 de enero de 2025, en su último año de gobierno, Chaves apareció en una conferencia de prensa junto miembros de la FAEC y Reynaldo Salazar. El encuentro se llamó “Protegiendo nuestros valores costarricenses”.  El mandatario anunció desde ahí su intención de eliminar los programas de Afectividad y Sexualidad de los centros educativos y modificar la protección específica contra el acoso hacia estudiantes LGBTIQA+.

En la rueda de prensa, Chaves acusó a exdirigentes del Ministerio de Educación (MEP) de haber llevado “la perversión sexual” a las aulas. Atribuyó a los programas contenidos sobre masturbación infantil que los especialistas entrevistados por Redacción Regional niegan que existieran. “Descarados ustedes. Se acabó. Gracias a mi Dios infinito”, sentenció el mandatario.

La conferencia convirtió en anuncio gubernamental una demanda que el sector conservador llevaba años impulsando: la eliminación de una supuesta “ideología de género”.

Miembros del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica asistieron a la Marcha de la Diversidad con un mensaje en contra de las Terapias de Conversión. Sectores evangélicos y conservadores se han opuesto con vehemencia a un proyecto de ley que busca sancionar a los profesionales de la salud que participen en estas terapias. Foto Mayela López

Leonardo Garnier, exministro de Educación que promovió aquellos programas, explica que la enseñanza buscaba superar una visión limitada a la reproducción biológica y abordar también las relaciones afectivas, el poder y la violencia. Óscar Valverde, de la Fundación PANIAMOR, cuestiona la afirmación presidencial de que casi nadie asistía a las clases. Ambos sostienen que la mayoría del estudiantado sí las recibía.

Cifras oficiales indican que 127 mil 591 estudiantes asistían en 2024 a las clases del programa eliminado, lo que correspondería a cerca de 26.7% de los 477 mil 974 estudiantes matriculados a inicios de ese año.

La prohibición de Chaves cumplió con una de las promesas de campaña de Fabricio Alvarado, recuerda Garnier. En 2018, Alvarado  instaló en el imaginario público una versión distorsionada de los contenidos. Con la eliminación de este programa, el exministro y Valverde coinciden en advertir el peligro de que aumenten los embarazos adolescentes o las enfermedades de transmisión sexual.

Valverde citó cifras según las cuales del 2012 al 2024 la tasa de fecundidad adolescente cayó a una tercera parte, hecho que, dice, puede atribuirse a los Programas de Afectividad y Sexualidad en paralelo a otros programas en salud y leyes. “Si vos sacás una variable, ¿qué va a pasar?”, advierte.

Larisssa Arroyo, abogada especializada en derechos humanos y género, advirtió que podría haber un repunte de infecciones de transmisión sexual y recordó que la educación en sexualidad “es uno de los mecanismos incluso para la protección de la violencia basada en género”.

La hipótesis de Arroyo quizá no se puede probar aún con una medida tan reciente, pero las cifras sugieren que la población de la que habla podría estar en riesgo en pocos años ante la falta de una educación adecuada: según el Ministerio de Salud, hasta la semana 36 de 2026, las enfermedades de transmisión sexual crecieron en comparación con el mismo periodo de 2025, donde las mayores tasas las tienen la sífilis (18,24%), la gonorrea (9,49%) y el herpes simple (9,51%). La mayoría de los casos se concentraron en población de 20 a 30 años.

Una mujer participa en la Marcha del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2026 con un mensaje en contra de la intervención de la religión en las políticas públicas. Foto Mayela López

Aquel discurso de enero de 2025 también tuvo consecuencias inmediatas en la vida de algunos estudiantes. En su momento, Chaves aseguró que la existencia de un protocolo diferenciado en lugar de proteger lo que hacía era segregar a la población LGBTIQA+.

 El director de la Fundación Paniamor rechazó el argumento del exmandatario. “Tratar como diferente lo que es igual es discriminación, pero tratar igual lo que es diferente también es discriminación”, dijo Valverde citando a Elizabeth Odio, jurista y defensora de los derechos humanos costarricense.

 La abogada y activista trans Jota Vargas menciona el caso de un niño trans cuyo nombre había sido respetado durante años en la escuela. Desde mayo de 2019, Costa Rica contaba con un protocolo que brindaba a los docentes una serie de pasos para atender casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Después del anuncio presidencial, cuenta Vargas, un docente llamó al niño por su nombre anterior delante de otros alumnos, lo que provocó burlas. Según la activista, el centro educativo no activó el protocolo de protección.

Sus padres recurrieron a la Sala Constitucional, que ordenó a la escuela abrir el procedimiento por la denuncia de bullying. No obstante, rechazó el reclamo contra el MEP y la Presidencia por la anunciada derogatoria del protocolo al considerarlo una amenaza todavía hipotética. Sin embargo, tres magistrados consideraron que eliminar el protocolo era una regresión prohibida en la protección de la niñez trans.

El Protocolo de Atención del Bullying contra la Población Estudiantil LGTBIQA+ fue eliminado oficialmente un año después. Pero en el año del anuncio, la abogada tuvo conocimiento de cinco casos de discriminación ocurridos tras el mensaje de Chaves.

Miles de personas asistieron a un plantón el pasado 6 de agosto en la capital costarricense para defender al Poder Judicial y a la independencia de poderes. La razón de la movilización: los continuos ataques del gobierno del expresidente Rodrigo Chaves y de la mandataria Laura Fernández contra ese poder de la República. Foto Mayela López

En junio de 2026,  Fernández elevó los cambios de Costa Rica hasta la política exterior, al anunciar que el país ya no participaría en foros sobre “derechos, diversidades y esas cosas”. Un mes más tarde, el país  se desvinculó ante la ONU de los términos “interseccionalidad”, “violencia reproductiva” y “masculinidad patriarcal” y cuestionó los términos relacionados con género, autonomía corporal y derechos sexuales y reproductivos.

La diputada oficialista y pastora Kattia Mora celebró la intervención. “Costa Rica reafirma su respeto por la vida, por la correcta conceptualización del término género, la masculinidad, la femineidad, la familia natural y la autoridad parental… Decimos ABSOLUTAMENTE NO a agendas internacionales que quieran ingresar a nuestra casa por la puerta del patio. ¡Ya no lo permitiremos más!, manifestó Mora en sus redes sociales.

La fe que persigue “demonios”

Deiby Steller tenía 16 años cuando una hermana de la iglesia evangélica a la que asistía le preguntó si era homosexual. Él, que desde pequeño había discernido erróneamente que sus sentimientos estaban mal, dijo que no. La mujer no le creyó y le propuso sesiones de oración con otros hermanos a quienes llamaban “profetas”.

A Steller le dijeron que dentro de él habitaba “un demonio muy fuerte de homosexualidad” en intervenciones de sanación que duraban hasta dos horas. Le exigían ayunos frecuentes. En una de las sesiones, cuenta, lo amarraron y le pidieron que confesara el nombre del demonio que llevaba dentro.

Cansado de la persecución, se mudó de iglesia y creció hasta convertirse en pastor de jóvenes. Steller seguía en duelo interno e incluso se levantaba de madrugada a orar para vencer aquello que le habían enseñado a considerar una falta. Cuando le confesó al pastor que no podía dejar de sentir atracción por los hombres, fue despojado de sus responsabilidades y marginado. El pastor decía a los demás: “Él no existe en esta iglesia”.

Colectivos feministas protestan el 23 de octubre contra la decisión de una comisión legislativa de sacar la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos que recibiría una persona que acaba de ser violada pues dudaban si la pastilla era anticonceptiva o abortiva. Ante las críticas, las diputadas afirmaron que podrían devolver al proyecto de ley el uso de la pastilla pero condicionada a una prueba de embarazo obligatoria. Foto Mayela López

El joven huyó de esa otra iglesia, pero no perdió la fe: un hermano le hizo ver que lo que hicieron con él estaba mal. “Siempre con Dios me he llevado muy bien, somos muy buenos amigos”, dice ahora.

La experiencia de Steller entra dentro de las prácticas denominadas ‘ECOSIG’ (Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género), más conocidas como terapias de conversión. Según representantes del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, estas prácticas buscan corregir o modificar la identidad en lugar de guiar a la persona hacia el bienestar o la autoaceptación.

El colegio las considera pseudoterapias y están relacionadas a consejerías religiosas o espirituales impartidas por religiosos o psicólogos. Incluyen internamientos, el uso de medicamentos y hasta de terapia electroconvulsiva, explica Virginia Béliard, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

La historia de Steller no es única en Costa Rica, pero tampoco es indicador de que todas las iglesias evangélicas compartan esas prácticas. Sin embargo, su posible prohibición es motivo de veto para sectores conservadores y religiosos desde 2018. Ese año, un grupo de diputados intentó que el Estado legislara para prohibirlas, pero durante ocho años la medida no ha logrado vencer a las bancadas conservadoras.

El proyecto fue presentado por el Frente Amplio y entre sus detractores está la Alianza Evangélica y los partidos en los que ha participado Fabricio Alvarado (Restauración Nacional y Nueva República), que forman mayorías con otras fuerzas políticas para bloquear el proyecto.

En 2022, el diputado David Segura aseguró que para Nueva República la homosexualidad es una condición reversible que puede tratarse con religiosos. Su compañera de bancada, Gloria Navas, respaldó el argumento exponiendo pasajes bíblicos.

Los legisladores invocan la libertad religiosa y el derecho de las personas a buscar un cambio; sus promotores sostienen que las terapias de conversión se basan en prácticas pseudocientíficas y que la prohibición no atenta contra las creencias ni el acompañamiento espiritual. El expresidente Chaves también aseguró en 2025 que se opondría al proyecto, a pesar de que no conocía el texto.

El diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio, participó en la redacción del proyecto original, que se archivó en setiembre de 2026 por vencimiento de plazo. Trejos, abogado con más de 15 años de experiencia en justicia social y derechos humanos, presentó cinco días después una nueva iniciativa y explica que ésta busca sanciones administrativas a profesionales en psicología que realicen esos procedimientos.

Él resalta que el proyecto responde a denuncias reales, sobre todo de jóvenes entre 15 y 22 años que estaban “siendo sometidos a terapias de conversión sexual en clínicas de profesionales en salud (con) repercusiones negativas sobre su salud mental y emocional”. El abogado aclaró que el proyecto continúa sin contemplar acciones contra religiosos ni iglesias.

La persecución contra las disidencias es ahora debate público. El pasado 28 de junio, miles de costarricenses acudieron a la Marcha de la Diversidad con mensajes en contra de los retrocesos del oficialismo. “Hoy marchamos contra quienes siguen negociando con nuestros derechos para alcanzar el voto conservador”, señalaron los organizadores.

El Pride 2026 también tuvo la intención de llamar la atención ante el aumento de “los discursos de odio y las agresiones hacia la población sexualmente diversa”, que crecieron un 344 % entre 2024 y 2025. Otros sectores, como el Colegio de Profesionales en Psicología, asistieron con un mensaje en contra de las terapias de conversión.

El pastor Eduardo López llevó una pancarta que decía: “No tenés que elegir entre tu identidad y tu fe en Cristo”. López pertenece a la iglesia Refugio y ese día ofrecía abrazos a quienes habían sido lastimados por otras congregaciones. El pastor asegura que existen textos bíblicos que se han malinterpretado y utilizado “para excluir a las personas LGBTI”. Similar opinión expresó Keller Araya, de la Iglesia Luterana de Costa Rica, también presente en la marcha.

La sociedad civil continúa resistiendo en las calles y haciendo uso de las leyes que los protegen. La Sala Constitucional ha recibido entre 2025 y 2026 al menos cinco denuncias contra la eliminación del Protocolo de Atención del Bullying contra la Población Estudiantil LGTBIQA+, anunciada en enero de 2025. Foto Mayela López

Proteger al  “nasciturus”, desamparar a las mujeres en riesgo

En octubre de 2025, el gobierno también sustituyó la norma técnica de 2019 que establecía procedimientos para acceder al aborto terapéutico cuando peligra la vida o la salud de la mujer, permitido por la legislación costarricense desde 1970. Durante casi cinco décadas, la ley fue casi inaplicable debido a la ausencia de esos protocolos y normas técnicas en el sistema de salud, pero el conservadurismo tenía en la mira un protocolo aprobado durante el gobierno de Alvarado por tener “portillos” que permitían, decían, abortos fuera de los permitidos por el Código Penal.

Especialistas consultados, sin embargo, desmienten estos argumentos -cercanos a los argumentos de organizaciones religiosas y provida-  y cuestionan que la nueva regulación eleve exigencias médicas y deje sin plazos claros la resolución de casos.

La abogada Larissa Arroyo aseguró que entre 2017 y 2024 se presentaron 20 solicitudes de aborto terapéutico en todo el país, de las cuales solo 10 fueron autorizadas. “No solo están mintiendo porque no se están haciendo abortos por doquier, sino que no se están haciendo los que se tienen que hacer, los que garantizaba el código”.

La nueva norma introduce además un término ajeno al lenguaje médico y jurídico costarricense: el “nasciturus”, el niño por nacer, y hace énfasis en salvar la vida del “binomio” madre-hijo, no sólo de la mujer. “Esta norma, tal como está redactada, hace que ya no sea claro a quién hay que salvar primero cuando hay una emergencia”, aseguró Arroyo.

El texto señala como objetivo fundamental salvar ambas vidas y llevar al feto a la viabilidad. Además, indica que la terminación es “éticamente lícita” solo cuando la Junta Médica que analiza el caso está “razonablemente convencida de que si no se realiza dicha acción, sus dos pacientes morirán”. El Ministerio de Salud aún tiene pendiente elaborar los protocolos a aplicar.

El médico y bioeticista Alejandro Marín afirma que la norma de 2019 establecía un procedimiento operativo claro para los sistemas de salud pública y el privado. Ahora no. Además, se exigen más especialistas y esto no lo podrían cumplir hospitales periféricos, lo que complicaría más el diagnóstico y haría perder tiempo valioso en casos de emergencia, añadió el experto, quien criticó que el texto no salió a consulta pública como es usual.

Marín advierte sobre términos como “diagnóstico catastrófico fetal”, a su juicio un concepto ambiguo que da incertidumbre jurídica pues no se sabe con certeza a qué patologías o condiciones médicas se refiere. La ambigüedad, opina, suena a estrategia para causar temor en el cuerpo médico y desincentivar en la práctica lo que no pueden prohibir por ley.

Ambos expertos advierten sobre la posibilidad de “objeción de conciencia”. Arroyo señaló que “si le damos prioridad a la objeción de conciencia, los derechos de la mujer quedan postergados a la voluntad de otra persona”. Marín, por su parte, asegura que en la interrupción terapéutica del embarazo la objeción de conciencia no aplica.

La abogada Larissa Arroyo añade que a esto se suma que la nueva norma incluye la voluntad de la pareja en la decisión, lo que en un caso de violencia o abuso podría significar que un agresor tenga voz sobre el cuerpo de la mujer que embarazó.

La activista feminista costarricense Vivian Solís aseguró que para los grupos conservadores la norma técnica “significa un instrumento a través de los cuales las mujeres podemos establecer nuestra relación con el cuerpo y las decisiones que podemos tomar”. La nueva discusión ya no gira en torno a la ciencia sino a dogmas de fe y en medio queda el riesgo para que muchas mujeres “pierdan su vida”, aseveró.

La heredera del acuerdo

El 25 de septiembre, en su discurso en el marco del Día de la Biblia, la presidenta Fernández refrendó su cercanía con el movimiento neopentecostal de Costa Rica. “Algunos (de ustedes) son pastores amigos, con quienes hablo casi que todos los días, saben que siempre cuando me pongo en las manos de Dios, cuando hago mi momento de oración con él, siempre le digo: ‘Señor, soy un vasito vacío. Padre, llénelo, lléveme a donde usted quiera llevarme’”.

Fernández es una católica confesa, “siempre se los he contado”, pero a sus nuevos aliados les insiste: “…yo hago oración con ustedes… mientras el camino nos lleve al Padre, eso es más que suficiente”.

Días después de haber sido electa, Fernández asistió a una actividad con la Alianza Evangélica y en lo que va de su mandato ha participado al menos en otras dos actividades organizadas por el sector evangélico. Según Salazar, Fernández era aliada de los pactos desde que fungía como ministra de Planificación en el gobierno de Chaves.

El 14 de enero, en un podcast de corte cristiano y en compañía de la entonces candidata a la presidencia, Salazar aseguró que los logros del pacto con Chaves se obtuvieron “por el gran trabajo que hace doña Laura Fernández desde adentro del Poder Ejecutivo”.

Salazar reveló que Fernández firmó un nuevo convenio para fortalecer los acuerdos anteriores que esta vez amplían a quince los principios y valores cristianos que funcionarían como orientación de las políticas públicas.

El nuevo pacto permitía al sector recomendar religiosos y religiosas para ocupar cargos públicos en ministerios, viceministerios y puestos en el servicio exterior. Además, recomendar aspirantes a diputaciones, hecho que ya se había cumplido, pues 24 de los 57 aspirantes legislativos del partido oficialista eran cristianos evangélicos, cuatro de ellos establecidos por el Foro Mi País, aseguró Salazar en el podcast mientras Fernández asentía con su cabeza. Tras la elección, cuatro pastores y otros candidatos vinculados al sector llegaron al Congreso.

Los pastores son Kattia Mora, abogada notarial, líder de la iglesia Catedral de Fe junto a su esposo Juan Luis Calvo Calderón, miembro de Foro Mi País y expresidente de la Federación Evangélica de Costa Rica. Otro es Gerald Campos, abogado laboralista y exvicepresidente del Frente Nacional por la Vida que se define como activista provida. Campos es miembro de las Asambleas de Dios de Costa Rica y además es presidente de la Alianza Evangélica Latina (AEC), según la página oficial de la AEC.

Robert Johsan Barrantes se define como pastor y coach de vida, es productor audiovisual y pastor de la Iglesia Brazos de Amor. Es conocido en el ámbito público por sus publicaciones como influencer a favor del gobierno de  Chaves. En 2023 también fue señalado por otro creador de contenido de liderar un equipo de trolles a favor del exgobernante, acusación que él rechazó.

El legislador con más experiencia política es Gonzalo Ramírez, que entre 2014 y 2018 fue diputado por el cristiano Renovación Costarricense y fue el primer legislador del sector evangélico en presidir la Asamblea Legislativa. En su periodo encabezó un “Bloque Cristiano” que se opuso a la agenda LGBTQA+, la discusión sobre otras causales de despenalización del aborto y la fecundación in vitro.

En 2001, Ramírez estuvo en prisión preventiva por la supuesta falsificación de la firma de un juez civil para levantar el embargo de siete propiedades, pero su caso no llegó a juicio porque concilió en una etapa preliminar. Ahora, preside la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde fue criticado por la oposición porque archivó nueve investigaciones, entre ellas una para indagar presuntas presiones del expresidente Chaves para contratar a una constructora mexicana en un proyecto de ampliación de una carretera al norte del país.

La cercanía del sector evangélico con la presidenta Laura Fernández no se limitó a la firma de compromisos. En enero de 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones declaró con lugar un recurso de amparo electoral contra el oficialista Partido Pueblo Soberano y Reinaldo Salazar por la distribución prevista de un folleto titulado “¿Por qué los cristianos deben votar por el PPSO?”.

El documento estaba destinado a congregaciones y mostraba incluso las casillas electorales que debían marcar los fieles. La Constitución costarricense prohíbe utilizar creencias religiosas para hacer propaganda política.

El folleto contenía otra promesa de acceso institucional: Foro Mi País podría presentar nombres para la Defensoría de los Habitantes y para distintas salas del Poder Judicial. Hasta la fecha, estos dos pactos no se han cumplido, pero preocupa a sectores críticos dadas las arengas del oficialismo que anuncian que buscan conquistar e intervenir el poder judicial, un órgano que sirve como contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo.

Ante los constantes ataques de Chaves y Fernández contra el Poder Judicial, miles de personas asistieron a un plantón para defender a ese órgano y la independencia de poderes el pasado 6 de agosto. La multitud participó con pancartas a favor de la democracia y en contra de la ‘dictadura’. Miembros del Poder Judicial se acercaron a la manifestación pacífica, así como los principales candidatos de oposición de las pasadas elecciones presidenciales.

La investigación del Tribunal Electoral, ahora, es revisada en un contexto en el que dirigentes evangélicos y legisladores oficialistas han encendido antorchas contra instituciones que no están alineadas con el oficialismo. Un asesor de Fernández llegó a describir la resolución como “terrorismo de Estado”.

El enfrentamiento deja claro quiénes están en una esquina del ring: una organización religiosa que busca incidir cada vez más en la política costarricense y un partido oficialista que se aferra a esa base para seguir enfrentado a instituciones capaces de limitarla.

Este es el tercer capítulo de Los negocios de la fe, una investigación de Redacción Regional y medios aliados sobre el poder, la religión y los negocios en Centroamérica.

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