Los magistrados notificaron la resolución en la que confirman la condena de 70 años de cárcel contra Kevin Manolo Rivas Cordón por el secuestro y asesinato de la joven universitaria Litzy Amelia Cordón Guardado, un femicidio ocurrido enoctubre de 2020, en el departamento de Zacapa. La familia había pedido aumentar el castigo como la aplicación de a pena de muerte.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la condena de 70 años de prisión impuesta a Kevin Manolo Rivas Cordón por el secuestro y asesinato de la joven universitaria Litzy Amelia Cordón Guardado. Los magistrados no hicieron ninguna modificación a la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, que lo declaró culpable de los delitos de plagio o secuestro y asesinato.
La condena, emitida por el tribunal presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, está dividida en 35 años de prisión por el secuestro y otros 35 por el asesinato. Aunque durante el proceso el Ministerio Público solicitó una pena de 112 años, el tribunal impuso 70 años de cárcel, además de la suspensión de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena y una reparación que supera el Q1 millón.
Tras conocerse la sentencia, la familia de Litzy Cordón había manifestado su inconformidad ante la Sala y pidió que se impusiera la pena de muerte contra Rivas, al considerar que el castigo debía ser mayor por la gravedad del crimen. Sin embargo, la Sala Segunda mantuvo intacta la resolución y descartó cualquier modificación a la pena.
Un dato relevante es que, en en país la pena de muerte aunque continúa vigente no puede imponerse ni ejecutarse en un tribunal de justicia. Esto se debe a que su reconocimiento constitucional no basta para hacerla aplicable; también debe existir una disposición penal vigente que establezca expresamente esa sanción para un delito determinado y que sea compatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
A ello se suma que Guatemala es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 4 establece restricciones a la pena de muerte, particularmente la prohibición de extenderla a delitos para los cuales no estaba prevista.
La justicia tardó, pero llegó
El 5 de octubre de 2020, Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años, fue secuestrada en Teculután, Zacapa. Un día después, su cuerpo fue localizado en la aldea Los Puentes. La joven estudiaba Trabajo Social en la Universidad Rafael Landívar y atendía la tienda de su abuela paterna. Su asesinato provocó conmoción en la comunidad y una ola de solidaridad para exigir justicia.
El 10 de diciembre de 2020, Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de Litzy, fue capturado durante un allanamiento en su vivienda. El 4 de enero de 2021 fue ligado a proceso por los delitos de plagio o secuestro y asesinato. La familia cuestionó desde el inicio que fuera el único detenido y señaló que podrían existir más personas involucradas en el crimen. Incluso solicitó cambios en la fiscalía por inconformidades con la investigación.
El proceso avanzó entre suspensiones de audiencias y retrasos judiciales. El padre de Litzy, Edgar Cordón, se constituyó como querellante adhesivo y acompañó las diligencias, mientras la familia insistía en que se investigara a todos los responsables. El 18 de junio de 2021, Rivas fue enviado a juicio. Posteriormente, el Tribunal de Mayor Riesgo B lo declaró culpable.
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