En la Plaza de las Niñas del Centro Histórico, donde se rindió homenaje al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa el 20 de octubre, organizaciones sociales, políticas y comunitarias, señalaron a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos y de Seguridad (CIACS) de estar detrás de lo que consideran fue un crimen político. En un comunicado de prensa solicitan justicia y exigen al gobierno de Bernardo Arévalo profundizar en el desmantelamiento de las CIACS.
Por Simón Antonio Ramón
A 18 días del asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre en el Campo Marte de la zona 5 capitalina, organizaciones sociales, políticas y comunitarias pidieron al gobierno, a las autoridades judiciales y al Ministerio Público, que este caso no quede impune.
Estas organizaciones opinan que el asesinato fue ejecutado por Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos y de Seguridad (CIACS). El término CIACS fue una categoría que se usó a partir de los Acuerdos de Paz (1996) para identificar a actores que cometen actos criminales estando incrustados dentro del Estado.
La Asamblea de la Sociedad Civil, que aglutina a organizaciones campesinas y urbanas, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que reúne a partidos políticos progresistas y de izquierda y la Alianza por las Reformas denunciaron que el crimen contra el abogado Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro fue un crimen político, que forma parte de las prácticas contrainsurgentes y criminales vividas durante muchos años en Guatemala.
Las organizaciones consideran que el asesinato de Foppa fue político. Foto Fabricio Alonzo
“Consideramos que es un asesinato político, primero porque creemos que se da en el marco de las elecciones de 2027 que ya comenzaron; segundo, porque Juan Francisco era una persona muy importante en los movimientos y en la ciudadanía por la información que daba, por lo que develaba, por el rol que había jugado en el Ministerio Público, en la SAT y, por tanto, callar esa voz es importante para aquellos que nosostros llamamos CIACS”, dijo la exdiputada Sandra Morán, del colectivo Mujeres con Poder Constituyente.
“La forma en que se dio, haberlo hecho públicamente, en la mañana; era un operativo bien planificado y por eso estamos exigiendo justicia para que esto no quede en la impunidad porque sería terrible”, agregó.
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Urgen combatir a los CIACS
En una conferencia de prensa realizada en la Plaza de la Constitución pidieron a las autoridades procurar justicia en este crimen, “que sin duda fue planificado y ejecutado por actores antidemocráticos (pacto de corruptos) que se integran por grupos empresariales, narcotráfico, políticos, poderes extranjeros interesados en profundizar el despojo y el dominio sobre Guatemala”, sostuvo xxx.
“Demandamos al Ministerio Público realizar una investigación independiente que finalice con la captura y procesamiento judicial de los autores intelectuales y materiales del crimen para evitar que los CIACS sigan operando con impunidad”, dijo Misael Méndez de Centinelas por la Dignificación del Estado..
“Es importante frenar estos actos de acallar y neutralizar a quienes luchan contra la corrupción, el crimen organizado y las políticas de extrema derecha en el país”, señaló.
Las organizaciones pidieron esclarecer este crimen. Foto de Simón Antonio Ramón.
Las organizaciones advirtieron al gobierno del presidente Bernardo Arévalo que las consecuencias de no combatir los CIACS profundiza la captura del Estado e impacta sobre el futuro del poder público. “Si esto no se logra, se corre el riesgo que retomen el control del Ejecutivo, el MP y se consoliden en el control del Organismo Judicial y otros órganos de trascendencia nacional”, dijo Méndez, al leer el comunicado de prensa de las organizaciones.
El presidente Bernardo Arévalo informó a la prensa el 27 de octubre, durante la conferencia semanal La Ronda que se desarrolla en el Palacio Nacional, que no haría ninguna declaración sobre este asesinato y la masacre ocurrida en el municipio de Huité, Zacapa, porque se encuentra en fase de investigación y porque el Ministerio Público había pedido su reserva.
“Ambos casos el Ministerio Público los tiene en investigación y en situación de reserva, por lo que es imposible compartir datos sobre los avances”, señaló en aquella ocasión.
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Asesinato busca generar desestabilización
Marta Godínez, del Sector de Mujeres, denunció que en Guatemala continúan los atentados políticos en contra de personas defensoras de derechos humanos y estos casos, como el asesinato del abogado Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, agravan más la situación.
“Los riesgos políticos para personas defensoras y el movimiento social en Guatemala no han terminado. Con el asesinato de Foppa “de nuevo ponemos en el ámbito social, político y público el tema del pacto de corruptos y de otros poderes oscuros que buscan recapturar la institucionalidad”, dijo.
Marta Godínez señaló además que estos hechos desestabilizan y polarizan el país, creado un estado de desmovilización social, la antítesis de las acciones ciudadanas de 2023. “Este gobierno es el resultado de una movilización política de los pueblos originarios y de la población que ha estado en un nivel de hartazgo. Es por eso que hay otro gobierno; sin embargo, nos parece que el pacto de corruptos quiere seguir controlando el Estado y las instituciones para darse impunidad. Siempre han estado ahí y siguen ahí fortaleciéndose”, señaló.
Elvis Morales, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), llamó a la población a defender la democracia con la finalidad de que los crímenes en el país no queden en la impunidad.
“Queremos hacer el llamado a la población que es importante que nos involucremos en la participación democrática activa. Estamos de cara a un proceso electoral en donde nosotros debemos jugar un papel importante como observadores y participantes activos y sobretodo para defender lo poco que nos queda de democracia, para que crímenes como este sean esclarecidos”, expresó
¿Quién era Foppa?
El abogado Solórzano Foppa fue fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida desde 2006 y director de la Unidad de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) en 2013. Fue nombrado superintendente de Administración Tributaria (SAT) en 2016 por el presidente Jimmy Morales hasta su destitución en enero de 2018.
También buscó ser candidato a la alcaldía en 2019 a través de un comité cívico, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su inscripción por tres denuncias en su contra. En 2021 participaba en la construcción de un partido político cuando fue detenido por el Caso Política y Falsedad cuando la Fiscalía de Delitos Electorales era dirigida por Rafael Curruchiche.
Foppa fue criminalizado y encarcelado dos veces antes de su asesinato. Foto de Prensa Comunitaria.
Curruchiche, ahora exfiscal, lo encarceló en marzo de 2023 cuando dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por haber sido abogado defensor del periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador del diario elPeriódico, ocasión en la que se criminalizaron a varios de los abogados que defendieron al periodista.
Solórzano Foppa era nieto de la poeta guatemalteca Alaíde Foppa, quien fue detenida y desaparecida en la ciudad de Guatemala el 19 de diciembre de 1980, durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García. Sus tíos Juan Pablo y Mario Solórzano Foppa fueron asesinados en 1981. Ambos formaban parte del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), una de las cuatro organizaciones guerrilleras en el país.
En los últimos años, desde su cuenta en redes sociales donde tenía miles de seguidores, Fopa denunciaba diferentes nexos de funcionarios de gobierno con el crimen organizado y hechos de seguridad como la fuga de 20 reos en 2025.
