Ochenta y dos años después de la masacre de 1944 en Patzicía, Chimaltenango, sobrevivientes y ajq’ija’ (guías espirituales) del pueblo Kaqchikel conmemoran a más de mil víctimas mortales y exigen justicia ante la persistente impunidad y el olvido oficial.
Por Joel Solano
Frente a las llamas de la ceremonia maya, el choloj (discurso ceremonial) de los ajq’ij evocan e invocan el coraje de ancianos como Pedro Mactzul Umul, Victoriano Pérez y Esteban Pantéul quienes arriesgaron la vida en la clandestinidad para organizar a la comunidad y denunciar la violencia en Pa Tz’iya’.
Bajo el amparo de la casa del Tata Emilio Ajquejay, ubicada en Patzicía, los ajq’ij (guías espirituales) de la comunidad Maya’ Na’oj guiaron una ceremonia maya frente al fuego sagrado el pasado domingo 25 de octubre.
En este altar ceremonial, entre el resplandor de las llamas, el humo del copal y las oraciones ancestrales, se honró la memoria de las personas masacradas durante los trágicos acontecimientos de octubre de 1944.
La ceremonia reviste un valor trascendental al recordar la trágica Masacre de Patzicía, un episodio cruento ocurrido en octubre de 1944. Durante este suceso, marcado por el conflicto social y la represión estatal e interétnica de la época, ocurrieron violentos enfrentamientos que derivaron en la muerte de aproximadamente 1,100 personas, en su gran mayoría pobladores indígenas kaqchikeles.
La masacre de 1944 en Patzicía
La masacre de 1944 en Patzicía marca una de las fracturas más profundas en la historia del pueblo kaqchikel, donde las tensiones por la tierra y las desigualdades estructurales desencadenaron una brutal ola de violencia. Es también uno de los acontecimientos de los cuales no existe mayor documentación, con excepción de personas que han indagado sobre los hechos.
Las crónicas de la época y la tradición oral coinciden en que “el terror se impuso para silenciar las demandas del pueblo indígena.
Alrededor del sagrado fuego, los ajq’ij (guías espirituales) encabezan el Xukulem (ceremonia maya) para rendir homenaje a los abuelos, abuelas, niños y jóvenes caídos en la masacre de 1944, dignificando su memoria con ofrendas de velas, flores y resinas ancestrales que elevan el dolor guardado en el territorio.
En medio de las llamas, el choloj (discurso ceremonial) de los Ajq’ij recuerda el camino de los ancestros y reafirman su firme decisión de no seguir agachando la cabeza bajo el dominio ladino, buscando curar las heridas de la historia y mantener encendida la dignidad y la libertad legadas a las nuevas generaciones del pueblo maya kaqchikel de Pa Tz’iya’.
¿Por qué sucedió la masacre?
El origen del conflicto se arraigó en el acaparamiento de la tierra y la servidumbre impuesta. El magister Emilio Ajquejay, de Maya’ Na’oj, y una de las personas que ha investigado esta masacre recuerda lo que le narraron sus abuelos y padres que fueron entrevistados para una investigación, sobre el origen de esta masacre. La esclavitud limitaba el trabajo en las propias tierras y milpas, obligándolos a laborar exclusivamente para las familias ladinas.
Se ocupaban “desde la preparación de la tierra hasta dejar el maíz en la troja de los ladinos”, señala.
Realizaban todas las faenas agrícolas sin recibir una retribución justa, muchas veces apenas les pagaban cinco centavos al día o pasaban jornadas enteras sin percibir un solo centavo.
Los catorce años del gobierno de Jorge Ubico (1931 a 1944) mantuvieron a la población indígena bajo un régimen de extrema servidumbre que obligaba a cumplir con listas de hasta ciento cincuenta jornales para los ladinos o las fincas de la costa, sumados a treinta días de trabajo obligatorio en los caminos sin recibir un centavo del Estado.
Esta situación se agravó deliberadamente mediante el alcoholismo inducido por las cantinas instaladas en la comunidad.
“Llevamos escrituras por un par de botellas de aguardiente, dejaban la escritura de unos 10, 15, 30 cuerdas de terreno”, evoca Ajquejay al recordar la memoria de sus padres sobre cómo las cantinas sirvieron de trampa para arrebatar las parcelas a los varones.
El estallido de la violencia y la complicidad estatal
Emilio explica que el descontento acumulado y el cansancio ante tanta desposesión impulsaron a los primeros líderes a organizarse, incluso desde las filas de la reserva militar donde la mayoría eran indígenas sometidos. “Ellos ni tienen maíz, ni tienen frijol, más que la troja y las cajas de los ladinos llenas”, dijo.
Al percatarse de la organización comunitaria, los ladinos aprovecharon el contexto nacional desatado por los sucesos de la capital para actuar de inmediato.
“La revolución fue viernes, la masacre empezó a las 3:30 el 22 de octubre de 1944”, detalla Ajquejay.
La decisión de aniquilar a la población indígena respondió al temor de perder el control y la servidumbre.
“¿Para qué van a estar mejor? Eliminemos, aunque ya no tengan comida”, recuerda sobre la lógica con la que actuaron los sectores dominantes, aprovechando que en ese tiempo solo gobernaron los ladinos y ellos son los que decidían qué hacer, mientras tanto no había alcaldía indígena.
Ante la falta de representación, la gente comenzó a organizarse de manera individual. “Incluso mi papá dice que se quería meter en algún partido político, porque tal vez de esa manera pueden zafarse de esa esclavitud de los ladinos”, recuerda.
A medida que los líderes comunitarios comenzaron a tomar distancia y a organizarse por cuenta propia, los sectores dominantes arremetieron contra la población indígena, sin distinción.
La masacre contra el pueblo Kaqchikel no fue un hecho aislado, sino una agresión coordinada por los sectores ladinos de Patzicía que movilizaron refuerzos desde Zaragoza e Itzapa, contando además con la participación activa de los militares provenientes de Antigua Guatemala.
Aunque el discurso oficial pregonaba que la presencia castrense buscaba pacificar la zona, las memorias comunitarias desmienten dicha versión al evidenciar que las propias tropas formaron parte de las ejecuciones. Tata Ajquejay señala que la prueba documental de esa complicidad sigue exhibida en el poder local:
“En Zaragoza un día bajé allá y entré a la muni, ahí está el diploma que les dieron por venir a ayudar a la masacre de Patzicía”.
La respuesta comunitaria y la búsqueda de justicia
Los periódicos de la época prefirieron culpabilizar a las víctimas tildando a los comuneros de “indígenas sanguinarios”, una maniobra que encubrió a los verdaderos responsables. Sin embargo, la comunidad se levantó en respuesta al asesinato previo de tres pobladores.
“Aquí en la esquina antes había una carnicería… y ahí los dejaron colgados como carne de res”, señala Emilio sobre el momento en que unas doscientas personas ajusticiaron a machetazos y palazos a nueve de los agresores.
La revuelta habría tomado otro rumbo de no haber sido por la intervención externa: “Cuando se levanta, se levanta de verdad, no es aquello de que voy o no voy”, manifiesta al recordar que la balanza se inclinó trágicamente cuando a las siete de la noche ingresaron los refuerzos de Zaragoza para buscar a los hombres Kaqchikeles casa por casa.
El Tata narra que a pesar de que se firmó un acta de paz tras la masacre, las agresiones continuaron hacia la región. Ante esa persecución, el abuelo Pedro Mactzul Umul se reunió de noche con otras personas para buscar una salida urgente y viajar hacia Comalapa.
“Escucharon que en Comalapa había un diputado que es indígena y se confiaron mucho de que si es indígena, los va a apoyar”.
Tras diversas dificultades y con la ayuda de una anciana que los orientó, el grupo se reunió con el diputado Alejandro Otzoy, presenciando con preocupación cómo en el antiguo mercado municipal se armaba a los grupos de ladinos. La intervención del legislador resultó determinante al elevar la denuncia ante el Congreso y la Presidencia de la República, obligando a enviar tropas para verificar la situación y detener las matanzas.
A pesar de los avances democráticos y las reformas sociales impulsadas durante el gobierno del presidente Juan José Arévalo Bermejo, sectores de la población ladina continuaron manifestando una profunda hostilidad e intolerancia hacia los pueblos originarios.
En una muestra extrema de racismo y violencia estructural, surgieron solicitudes para que el mandatario autorizara la castración de los hombres mayas como un mecanismo deliberado para frenar su crecimiento poblacional e impedir su reproducción, indicó Marcotulio Pichiyá, también integrante de Maya Na’oj, que aglutina a los ajq’ij que buscan preservar la historia.
Esta terrible propuesta no representaba solo una violación atroz a la integridad y dignidad humana, sino que constituía en sí misma una clara e innegable estrategia de exterminio y genocidio hacia las comunidades indígenas.
El destino de los opresores
Tata Emilio sostiene que de acuerdo con sus investigaciones se calculan cerca de mil cien víctimas, en su mayoría hombres, aunque remarca que hubo tramos de crueldad absoluta donde familias enteras resultaron exterminadas. “Solo cuando fueron masacrados el grupo de la familia Choc aquí en el camino de Acatenango, ahí venían niños, venían mujeres, ahí sí nadie escapó”, relata al rememorar cómo los engañaron con el falso ofrecimiento de la paz para masacrarlos en el trayecto, añadiendo que incluso a las personas convocadas para cavar las fosas las ejecutaron en el mismo lugar.
El Tata sostiene que entre los ejecutores de la atrocidad figuraban hombres con influencias, entre ellos el abuelo del exmagistrado José de Mata Vela, además de Don Pedro Ruiz y Cayetano Gálvez.
“Pero sí ellos fueron los que hicieron toda esa atrocidad, pero también lastimosamente que no lo disfrutaron porque sufrieron mucho”, detalla al evocar el trágico destino de los opresores: desde el primer agresor que se quitó la vida en 1945, hasta el principal instigador que murió tras ser arrastrado por su caballo en la misma zona de la masacre, o aquellos que terminaron mendigando
Recuerda Emilio que su padre se topó en las gradas de la terminal con uno de los antiguos opresores convertido en mendigo que pedía caridad cargando un petate. Frente a la ruina de los victimarios, la comunidad floreció:
“Mire, el indígena después empezó con la agricultura que gracias a Dios que nuestra tierra es muy buena para la agricultura y eso levantó a Patzicía” indicó.
El rescate de la memoria
Tata Ajquejay relata que la inquietud por indagar en estos sucesos nació del encargo directo del abuelo Pedro Mactzul Umul de grabar su testimonio, un impulso que lo llevó a toparse con un vacío documental.
“Casi no se ha tomado en cuenta, hice investigaciones, apenas encontré dos informaciones nomás”, señala al exponer el abandono de la memoria institucional, destacando que los registros más amplios aparecieron en un trabajo de investigadores norteamericanos y en un documento de la Universidad Mariano Gálvez.
Pichiyá enfatiza que estos crímenes respondieron a una estructura estatal erigida sobre el racismo donde los actos no se tipifican adecuadamente. Rescatar la verdad histórica requiere escuchar directamente a las comunidades, pues los relatos oficiales suelen estar viciados por miradas ajenas que alteran la información a conveniencia.
Para dignificar la memoria de quienes sufrieron aquellos crímenes, el relato comunitario plantea tres acciones urgentes: que la historia local sea integrada en los planes de estudio escolares, que se conmemore cada veintidós de octubre con participación de maestros y estudiantes, y que la municipalidad impulse conversatorios abiertos para reflexionar y honrar colectivamente el pasado.
Frente a las heridas dejadas por el terror, la lucha incansable del abuelo Pedro Mactzul Umul resuena hoy con la misma fuerza con la que Emilio Ajquejay y Marcotulio Pichiyá defienden la memoria viva del pueblo Kaqchikel,.
