En la aldea Matazano, en Jocotán, Chiquimula, la última lluvia cayó el 10 de junio de 2026 y la milpa se quedó sin jilote en un año en que El Niño agravó la crisis climática en comunidades mayas Ch’orti’ que ya cargaban con cosechas perdidas, con mineras e hidroeléctricas en su territorio y con un Estado que no las toma en cuenta ni mide el desgaste emocional que les deja perder otra cosecha. Doña Juana Ramírez, guía espiritual y autoridad indígena, recuerda las fechas en que antes las siembras recibían el agua puntual del cielo. Ella y otras autoridades Ch’orti’ explican cómo su memoria, litigio y libre determinación son la fuente de su resiliencia y esperanza en medio de autoridades municipales que cedieron tierras comunales a sus espaldas y de empresas transnacionales que se instalaron en su territorio sin consultarles.
Por Prensa Comunitaria*
Es una mañana de agosto de 2026 y podría ser cualquier mañana del mes, porque en el municipio de Jocotán el calor se siente desde temprano y es casi permanente. Jocotán queda en el oriente, al norte del departamento de Chiquimula, a unos 204 kilómetros de la ciudad de Guatemala y cerca de la frontera con Honduras. Es parte de la gran nación maya Ch’orti’, igual que Camotán, Olopa y San Juan Ermita. La cabecera municipal está a 480 metros sobre el nivel del mar, en tierra caliente. Todo el municipio forma parte del Corredor Seco, esa franja de Centroamérica donde llueve poco y la canícula se alarga cada año. En este territorio la sequía se mide en las cosechas perdidas y también en el desgaste emocional de las familias, un daño que nadie ha medido todavía en el oriente de Guatemala.
Desde la calzada principal del municipio hasta la aldea Matazano, recorremos una hora y media de caminos polvorientos, entre paisajes áridos y milpas dobladas de rodillas, como si quisiera pedirle al suelo el agua que no cae del cielo, porque la lluvia se fue desde el 10 de junio de 2026. La milpa solo echó la flor y se quedó a medio crecer; este año “no llegó ni a jilotear” nos dice una de las personas que nos acompaña. El jilote es la mazorca tierna del maíz.
En el centro de la aldea nos esperan tres autoridades indígenas maya Ch’orti’: doña Juana Ramírez, don Dámaso Aldana García y don Faustino Raimundo. Caminamos unos minutos por una pequeña calle de cemento hasta que doña Juana nos invita a entrar a su casa. Ahí, sentados en un círculo, las tres autoridades indígenas nos hablaron de la sequía y lo que sienten al perder otra vez su cosecha, de los proyectos extractivos que han talado parte de sus bosques, sobre la resistencia pacífica, la restitución de las formas de organización, sobre sus nietos y los jóvenes que migran buscando una mejor calidad de vida.
Doña Juana nació en 1961 y recuerda con precisión cómo era el clima en su infancia y los cambios que se han acumulado. Sus conocimientos también los usa para cultivar en la pequeña parcela de milpa que tiene detrás de su casa. Nos cuenta que entre 1965 y 1970 bastaba con sembrar y limpiar la milpa, que las primeras lluvias caían entre el 20 y el 25 de marzo, que desde el 1 de mayo se sembraba y que la cosecha alcanzaba para tres a cinco meses. Con esas fechas lleva la cuenta de cuánto se ha corrido el calendario de la lluvia, un cambio que se nota en las milpas secas que vimos mientras recorríamos las calles de la montaña de Jocotán. Hoy doña Juana es guía espiritual y autoridad maya Ch’orti’ de la comunidad de Matazano.
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Don Faustino, representante legal de la comunidad, hace cuentas y estima que nadie sacará “ni una carga de frijol”. Con ese cálculo, las familias de la comunidad planifican la segunda siembra, que en la parte alta de Jocotán se hace entre el 5 y el 16 de septiembre, con un maíz que tarda tres meses. Si la lluvia vuelve a tiempo, habrá algo que cosechar, si no vuelve, las familias tendrán que comprar el maíz a un precio más alto, que ahora está entre los Q270 y Q300 el quintal.
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Entre las tres autoridades calculan que una familia de cinco a diez personas necesita para subsistir un año, entre 17 y 18 quintales de maíz y unos 3 de frijol. Para producirlos hacen falta al menos ocho tareas de tierra, que según la región de Guatemala en la que nos encontramos puede equivaler a unos 5,000 metros cuadrados, algo así como media manzana. Cuando la cosecha se pierde, hay que comprar ese maíz y ese frijol, pero las familias no tienen dinero para eso. Entonces salen de la comunidad a trabajar como jornaleros en otras fincas, se endeudan con préstamos o algún familiar se va a los Estados Unidos para mandar dinero a la casa.
Marzo traía las primeras aguas y hoy ni septiembre las promete
Doña Juana recuerda que el clima de Jocotán cambió fuerte por primera vez entre 1982 y 1985, cuando las familias empezaron a comprar abono y a pagar por lo que antes sacaban de la tierra solo con trabajo. Don Faustino Raimundo, principal de la autoridad indígena, tiene 63 años y dice que a los ocho años vio la sequía de 1970, cuando el maíz “reventó la flor”, ya que con el calor, la flor se secó y se cayó antes de dar la mazorca. Recuerda también que en los años ochenta y noventa las lluvias fueron empeorando y que entre 2000 y 2003 hubo unos años de buena lluvia, pero después no se repitieron. Los dos coinciden en que los años con buena lluvia son cada vez más raros.
En la nota “El Niño vuelve a golpear donde el hambre ya estaba sembrada”, publicada en Prensa Comunitaria en junio de 2026, contamos cómo El Niño regresó a este municipio y golpeó a comunidades que ya venían con años de pérdidas. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) El Niño es la fase de calentamiento de la oscilación del sur en el océano Pacífico que aparece cada dos a siete años, en Guatemala suele traer menos lluvia, más calor y una canícula más larga. En los últimos años estás fases se han vuelto más intensas y duraderas, al grado de cambiar las fechas de siembra que las familias usaron por generaciones. Son las mismas fechas que doña Juana aprendió de niña y que ya no coinciden con lo que ve ahora.
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En la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) para el periodo de mayo de 2025 a abril de 2026, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) clasificó a Chiquimula en crisis por falta de alimentos. En este análisis reportó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinó cuatro millones de dólares de su fondo de emergencias para atender a 6,600 familias de Jocotán y Camotán. En la aldea Matazano, doña Juana, mide la crisis con otra referencia, la de los quintales de maíz que le faltan en su hogar y los meses que quedan hasta la próxima cosecha.
Una sequía ocurre cuando llueve menos de lo normal durante tanto tiempo, que la tierra y los cultivos se quedan sin la humedad que necesitan. Según el “Informe climático agropecuario No. 3: Cómo enfrentar la canícula”, publicado en 2020 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), la canícula es la disminución de la lluvia dentro de la estación lluviosa, que suele darse entre julio y agosto. Cuando se prolonga y el déficit de lluvia se acumula de un mes a otro, se le llama sequía meteorológica. Según el mismo informe, quienes resultan afectados son los agricultores de infra y subsistencia que siembran maíz y frijol, así como las familias de este territorio.
En el estudio “La culpa no es del clima”, que la Universidad Rafael Landívar (URL) publicó en 2026 sobre desplazamiento forzado en comunidades de Zacapa y Chiquimula, la investigadora Ana Eugenia Paredes añade que la sequía en este territorio también tiene una historia agraria y política. Según su revisión de investigaciones previas, la expropiación de las tierras comunales y ejidales del pueblo Ch’orti’ en el siglo XIX y la tala de bosques para plantaciones y ganado, alteraron la siembra y los suelos; al grado que en 1930 hubo una hambruna asociada a sequías. La investigadora ubica otra sequía con hambruna en la década de 1970, con efectos principalmente para el pueblo Ch’orti’, que coincide con la sequía de 1970 que recuerdan las autoridades.
En el mismo estudio, la investigadora documenta el ciclo de sequías y tormentas en dos comunidades Ch’orti’ de Chiquimula, que no son la de esta nota. En Miramundo, en San Juan Ermita, diez días seguidos de lluvia intensa en 2015 desmoronaron una casa de bajareque y adobe y ocasionaron la pérdida total del maíz y el frijol de una familia. Luego vinieron tres años de sequía extrema, entre 2016 y 2018. Un vecino del caserío dice que cada tres o cuatro años, después de tormentas extremas, la sequía se asienta de nuevo en el territorio. En Agua Zarca, en Jocotán, las quebradas se llenan de agua, inundan los corredores de las casas y se ensanchan por la deforestación de la aldea.
El costo invisible que no aparece en las estadísticas
Doña Juana cuida hoy a sus nietos, un trabajo que se suma a la milpa que siembra detrás de su casa y a sus responsabilidades como guía espiritual maya Ch´orti´. En la misma conversación en que habla de la sequía, recuerda que ese trabajo de cuidado de sus nietos, lo hizo antes con sus hijos. Los envolvía en un costal, pedía prestados 50 quetzales y caminaba hasta que caía la noche para conseguir una libra de frijol.
Según Sharon Macario Lemus, psicóloga social con experiencia en acompañamiento psicosocial en el suroriente de Guatemala, en relatos como este aparece otro daño de la crisis climática, el que las personas cargan en el ánimo cuando la milpa se pierde, cuando un familiar migra o cuando se agudizan las presiones sobre el territorio. Las familias se endeudan, salen a buscar jornales mal pagados lejos de su casa y algunas despiden a hijos y nietos que migran. Las autoridades pueden contar que se sienten mal por la pérdida de la cosecha, pero en el oriente de Guatemala nadie ha medido todavía cómo la crisis climática afecta la salud mental de sus comunidades.
En una entrevista para este reportaje, en octubre de 2026, Sharon Macario explicó que sin estudios locales solo puede hablarse desde marcos generales y no de diagnósticos puntuales. Según ella, en territorios donde lo urgente es sobrevivir a la sequía, resolver las necesidades inmediatas y organizarse para que no desalojen a la comunidad ni se instalen proyectos extractivos, las necesidades personales pasan a un segundo plano. Cuando las emociones no se nombran ni se atienden, dice, “pueden aparecer ansiedad, estrés, problemas de sueño y gastritis ansiosa, posibilidades que todavía habría que investigar en el territorio”.
En Matazano, las familias esperan una segunda siembra que solo se hará si llueve, compran el maíz a un precio más alto, se endeudan y despiden a hijos y nietos que migran. Según la psicóloga, son esas urgencias las que relegan la salud mental a un segundo plano.
Las autoridades comunitarias relacionan la falta de lluvia con la pérdida de bosque, las ofertas para instalar torres de energía y con las presiones extractivas, entre ellas una mina que opera cerca de Matazano. Nadie ha investigado esa relación en la región, aunque esas presiones, sumadas a la sequía, podrían hoy estar agravando y ampliando el desgaste emocional que describe la psicóloga Sharon Macario.
La investigadora Paredes observó señales de ese desgaste en su estudio titulado “La culpa no es del clima”. Las personas entrevistadas, cuyas casas se perdieron por deslaves, inundaciones y tormentas, lloraron o se quebraron al recordar los desastres, o se negaron a visitar la vivienda destruida. Ana Paredes observó en El Arenal, en Cabañas, Zacapa, síntomas de desesperanza, frustración y tristeza por las viviendas perdidas; y reiteró que la salud mental está degradada y que cada persona enfrenta esos sentimientos sin herramientas de apoyo. Mientras que, en Jocotán, Prensa Comunitaria igualmente observó en una entrevistada sentimientos de angustia al recordar la pérdida de toda su cosecha de maíz y frijol y las deudas que dejó. La investigadora indica además que las mujeres suelen contener la expresión de lo vivido.
Doña Juana, don Dámaso y don Faustino calcularon por su cuenta cuánta asistencia humanitaria llega al territorio. Por lo que han visto en sus aldeas, los programas que entran a la zona alcanzan para unas 25 o 30 personas en comunidades que tienen entre 10 mil y 12 mil habitantes. “Migajas” le dice doña Juana a ese reparto desigual. Tanto las ONGs como las instituciones de gobierno actúan por ambición, según dice, porque ven el dinero en efectivo que llega de la cooperación internacional, pero entregan beneficios a grupos pequeños.
Según doña Juana, las mujeres con niños pequeños no llegan a las reuniones donde se reparte la ayuda porque el cuidado de la casa y de los hijos ocupa el tiempo que haría falta para participar en las decisiones. Así, ellas quedan fuera de las decisiones del Estado y también de las de su propia comunidad.
Doña Juana cuenta que, cuando sus hijos eran pequeños, no le quedaba tiempo para andar de comunidad en comunidad, y que se metió de lleno en la organización en 2010, cuando ellos ya habían crecido. Piensa que les pasa lo mismo a las mujeres que hoy cuidan “niños chiquitos”. En las comunidades que estudió la investigadora Ana Paredes, cuando los hombres jóvenes se van, las mujeres adultas quedan como jefas de hogar y suelen administrar las remesas, garantizar la educación de los niños y sostener la estabilidad emocional de la familia. También encontró que el peso de la reconstrucción comunitaria cae sobre ellas.
En ese reparto de la poca ayuda interviene también el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), que según las autoridades Ch’orti’ responden en su mayoría a intereses e indicaciones de los gobiernos municipales. Uno de los dirigentes cuenta que el alcalde no habla de “los COCODE” sino que suele decir “que vengan mis COCODE”. Explican que “los alcaldes sientan en esas estructuras a sus aliados y a quienes les movilizaron gente durante la campaña electoral”. Cuando llegan al territorio programas del Estado, como los del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la municipalidad y los COCODE hacen de intermediarios y la autoridad indígena queda al margen. Cuentan incluso que algunos integrantes de los COCODE han negado ante las empresas que exista una autoridad indígena, para negociar directamente con la municipalidad. Antes de la gira de campo contactamos a integrantes de un COCODE para entrevistarlos, pero cuando llegamos a Jocotán ya no respondieron las llamadas y la entrevista no fue posible.
Las autoridades Ch’orti’ dicen que las dejan fuera porque, como alcaldía indígena, se mantienen autónomas, no se afilian a ningún partido y no reciben dinero. Además mencionan que los COCODE y los alcaldes, en cambio, firman contratos y hacen negocios con los recursos naturales, en proyectos de minería, hidroeléctricas o instalación de torres, a espaldas de la comunidad y sin hacer las consultas comunitarias obligatorias.
Mientras las gallinas corretean por el patio, una de las autoridades dice que también hay que hablar de la migración. Entonces hablan de los jóvenes que salen, de muchachos que se van al norte (Estados Unidos), de deportaciones y de una familia con nueve niños y sobrinos en camino. Don Dámaso dice que otros cruzan a trabajar en las fincas del lado de Copán, en Honduras, por jornales de 80 a 100 quetzales al día, según “que tan buena persona sea el patrón”. Pero a pesar de ser una región que se entiende como territorio común centroamericano, muchos de estos jóvenes encuentran dificultades en el paso fronterizo El Florido; las autoridades cuentan que “hacia Copán ponen muchas trabas para pasar y que esos límites son complejos, porque la nación Ch’orti’ llegaba antes hasta Copán y la frontera la dividió”.
Sobre la relación entre la milpa pérdida y el aumento de la migración año con año, Oxfam expone en el estudio “‘Mojados’ por la sequía: Hambre y migración en el Corredor Seco de Guatemala”, basado en una muestra de 8,631 hogares del corredor seco y publicado en 2019, una correlación de 0.89 entre inseguridad alimentaria moderada y migración, lo que significa que el máximo de esta medida es 1, así que 0.89 indica que las dos variables se mueven casi al mismo ritmo, es decir, que donde crece la dificultad para conseguir alimentos también crece la salida de personas. Por sí sola la correlación no prueba que el hambre cause la migración, aunque un valor tan alto muestra que ambas aparecen juntas con mucha frecuencia.
Pero Guatemala no tiene una figura legal de desplazamiento climático y en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2023, del Instituto Nacional de Estadística (INE), Chiquimula no aparece entre los principales departamentos de origen de desplazamiento por desastres, la categoría con la que el INE registra los eventos climáticos extremos. En los registros oficiales, quienes se van del país debido a las condiciones que provoca la sequía, aparecen como migrantes económicos, y nadie lleva la cuenta de las familias que se quedan sin ellos.
En el estudio de la Universidad Rafael Landívar, se describen caseríos poblados por mujeres adultas, personas mayores y niñez, porque los jóvenes se fueron a zonas urbanas o a Estados Unidos. También señala que, para la mayoría de las familias entrevistadas, esa salida significó asumir deudas que se saldan si el joven logra cruzar la frontera. Indica también que la estabilidad de algunas familias depende de las remesas, que pueden suspenderse con las deportaciones.
A media conversación, don Faustino nos cuenta que muchos medios retratan el territorio Ch’orti’ desde la carencia y la victimización. Por eso dice que las noticias que hablan de muertes por hambre en el municipio no son más que “difamación”. La comunidad reconoce que la milpa y la poca siembra se perdieron y que el maíz subirá de precio, pero no acepta que su historia se cuente solo desde el hambre. Con esa negativa la comunidad se defiende de un racismo que reduce al pueblo Ch’orti’ a víctima y lo deja fuera de las decisiones sobre su propio territorio, una exclusión contra la que las autoridades indígenas llevan años organizándose.
Una batalla de 12 años en defensa del título comunal
Doña Juana entró al movimiento en 2010. La defensa del territorio ya tenía más de una década de historia en Jocotán, donde la Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día nació en 1998. Don Dámaso se integró un año después y suma 27 años en la organización. Relata que la lucha empezó por la defensa del territorio en contra de la minería y una hidroeléctrica, después de que el alcalde municipal Ramón Díaz entregó en usufructo al consorcio en telecomunicaciones America Trans Group (ATG), dos millones de metros cuadrados de la ribera del río Jupilingo a un costo de Q250 mil, y por un período de 50 años, según datos de la tesorería municipal citados en una nota de Prensa Comunitaria de agosto de 2020.
Según el informe “Guatemala: Derechos humanos e hidroeléctricas”, publicado en 2019 por el Business & Human Rights Resource Centre, organización que registra el impacto de las empresas en los derechos humanos, la municipalidad de Jocotán sin consultar a las comunidades cedió tierras comunales a la empresa Las Tres Niñas, S.A., del mismo consorcio ATG, para el proyecto hidroeléctrico “El Orégano”.
El 12 de octubre de 2010, pobladores de las aldeas Guaraquiche, Guareruche, Matazano y Las Flores se movilizaron en defensa del territorio frente a la minería y las hidroeléctricas. Ese día, los edificios de la Municipalidad de Jocotán y del Juzgado de Paz fueron consumidos por el fuego. Por la cuenta que llevan en la comunidad, don Dámaso recuerda que después de aquella jornada se emitieron 69 órdenes de detención contra personas de la comunidad. A él lo persiguieron y lo acusaron de haber quemado la municipalidad, y que, como no lograron capturarlo, le enviaron pistoleros que lo rodeaban para intentar matarlo.
Según don Dámaso, gracias a la organización comunitaria y al contacto directo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh), las comunidades lograron que las 69 órdenes de detención quedarán sin efecto. Las comunidades llevaron después la disputa a los tribunales. En 2015, siete de ellas, entre las que estaban Matazano, Las Flores y Guareruche, promovieron un amparo que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a su favor en julio de 2020, cuando reconoció su derecho sobre el título comunal de 635 caballerías que sus antepasados compraron a la Corona de España en 1777.
Según don Faustino, la sentencia obliga al alcalde a consensuar con la autoridad indígena antes de firmar acuerdos con empresas, y con ese respaldo la autoridad de Matazano presenta actas con el aval de 7,050 personas. Don Faustino recuerda que al principio lo rechazaron por no haber nacido en la comunidad, aunque con los años llegó a ser su representante legal. Doña Juana, que nunca aprendió a leer, es guía espiritual y una de las voces que discuten los programas que no alcanzan, la ausencia de las mujeres en las reuniones y las decisiones sobre la tierra.
Rechazar torres y minas para proteger el bosque y las semillas
Para doña Juana la lluvia depende del bosque y de la Madre Tierra. Así nos explica cómo se ha agudizado la sequía y nos habla de la deforestación masiva en Puerto Barrios y Morales (Izabal), de la palma de aceite, de la ganadería intensiva y de la madera que sacan de forma ilegal de la montaña de Chiquimula hacia Zacapa. Según ella, la crisis climática tiene que ver con “la vida que se le quitó al territorio”, y con ese argumento las autoridades indígenas deciden qué hacer con los proyectos que llegan al territorio.
Uno de esos proyectos es una mina que opera a unos 35 minutos de la aldea Matazano. Las autoridades relatan que hace un tiempo un vecino vendió 12 tareas a un “minero” y que desde entonces se perdieron entre 10 y 12 manzanas de bosque. Para doña Juana, ese bosque es parte de lo que hacía llover. En junio, el mismo mes en que dejó de llover, las autoridades rechazaron una oferta de herramientas y cemento a cambio de permitir torres para el traslado de energía eléctrica, porque instalar una torre implica quitar más bosque. Cuando se instaló una de esas torres sin consulta en el terreno de un vecino, pidieron que la retiraran y lo consiguieron.
Además de rechazar esas ofertas, las autoridades defienden y cuidan las semillas nativas, que comparan con la semilla mejorada que les ofrecen como “aguantadoras” frente a la sequía. En un territorio donde los programas alcanzan a 25 o 30 personas y el Estado no nombra el daño emocional de la sequía, las autoridades se reúnen y coordinan sus actividades en el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales Ch’orti’. Allí la comunidad decide sobre su territorio, sus bosques y sus semillas nativas; también discuten mujeres y hombres la pérdida de la cosecha.
La psicóloga Sharon Macario considera que la capacidad de organizarse y de volver a responder, aun cuando no es la primera vez que se pierde la cosecha, permite que las comunidades sigan adelante pese a los momentos de frustración y fatalismo. Para ella, el acompañamiento psicosocial debería ser un espacio seguro donde se articulen distintos saberes, más allá de la organización de gobierno y de las organizaciones que trabajan en estos territorios, sea con asistencia humanitaria o con proyectos económicos. El acompañamiento debiera incluir diagnósticos psicosociales de los contextos comunitarios para conocer la realidad social de las familias antes de plantear un proyecto, de modo que la propuesta responda a lo que cada comunidad necesita y no, como suele ocurrir, a lo que requiere quien dona.
En agosto, cuando visitamos Matazarno, las autoridades contaron que había familias que todavía guardaban semilla de maíz para la siembra de postrera, que en la parte alta de Jocotán se hace entre el 5 y el 16 de septiembre y que solo se haría si llovía. Uno de los dirigentes dice que Dios los ayuda en cualquier momento, aunque sobre si lloverá para la segunda “solo Dios sabe”. En septiembre llovió poco en Matazano y las familias siguen esperando que el agua alcance para poder sacar la cosecha.
Cuando salimos de la casa de doña Juana, ella nos acompañó hasta el centro del municipio de Jocotán. Durante el recorrido vimos de nuevo las milpas dobladas de rodillas, que seguían esperando que septiembre trajera el agua.
En la montaña, las autoridades Ch’orti’ no se afilian a partidos ni reciben dinero del Estado. Tienen a su favor la sentencia de 2020 que reconoce su título comunal y el aval de 7,050 personas, pero la segunda siembra sigue dependiendo de la lluvia.
*Este reportaje fue realizado y documentado por Glenda Álvarez, Wellinton Osorio, Derik Mazariegos, con el apoyo en campo de Amílcar Morales, corresponsal en Chiquimula y edición de Francisco Simón. Se produjo en el marco del programa SIP / Acción Climática Centroamérica, en colaboración con Contracorriente de Honduras. El trabajo de campo se llevó a cabo en agosto de 2026 en Jocotán y Camotán, Chiquimula.
Referencias
Business & Human Rights Resource Centre. (2019). Guatemala: Derechos humanos e hidroeléctricas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/19_03_17_Guate_Hidro.pdf
Instituto Nacional de Estadística. (2023). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023. https://www.ine.gob.gt
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (2020). Informe climático agropecuario No. 3: Cómo enfrentar la canícula. Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos. https://www.maga.gob.gt/download/digegr-b3.pdf
Oxfam. (2019). “Mojados” por la sequía: Hambre y migración en el corredor seco de Guatemala. ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/guatemala/mojados-por-la-sequ-hambre-y-migraci-n-en-el-corredor-seco-de-guatemala
Paredes Marín, A. E. (2026). La culpa no es del clima: Desplazamiento forzado interno en contexto de eventos hidrometeorológicos. Los casos de El Arenal, Miramundo y Agua Zarca. Universidad Rafael Landívar. https://biblioteca.url.edu.gt/vrip/la-culpa-no-es-del-clima/
Prensa Comunitaria. (2026, junio). El Niño vuelve a golpear donde el hambre ya estaba sembrada. https://prensacomunitaria.org/2026/06/el-nino-vuelve-a-golpear-donde-el-hambre-ya-estaba-sembrada/
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. (2025). [Análisis CIF de inseguridad alimentaria aguda en Guatemala, mayo 2025 a abril 2026]. https://portal.sesan.gob.gt/wp-content/uploads/2025/09/20250905-02-3.IPC_Guatemala-2025_AcuteFoodInsecurity_May2025Apr2026_RevSESAN25ago-rev-OA-01-09-25.pdf
