El Tribunal Supremo Electoral contrató a dos abogadas, antiguas integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que aparecen en el caso Comisiones Paralelas 2020 y ahora fungen como asesoras de la institución.
Por Cristian García
Los magistrados electorales han recibido asesoría durante este año de Elvia Ester Velásquez Sagastume y Benicia Contreras Calderón, dos profesionales que fueron señaladas de corrupción.
Ambas estuvieron en la Corte Suprema de Justicia luego de ser electas en un proceso controvertido, en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad —entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval— señaló varias irregularidades.
La principal fue la existencia de un supuesto acuerdo ilícito entre varios personajes de la política nacional, con el fin de colocar en las cortes a personas que le eran afines y respondieran a sus intereses.
Para ello, según la investigación, crearon un listado con los nombres de los abogados y abogadas que debían, eventualmente, ocupar los puestos judiciales. Entre ellas estaban Velásquez Sagastume y Contreras Calderón.
El caso no les generó ninguna consecuencia, porque durante la gestión de Consuelo Porras el caso sufrió varias incidencias. Incluso, tuvo cambio de juez. Aunque sigue abierto, el Ministerio Público no ha anunciado avances en la investigación.
Estos antecedentes no fueron impedimento para que el Tribunal Supremo Electoral requiriera los servicios de las profesionales citadas, quienes tienen asignado un salario mensual de Q24,000.
La institución fue escueta respecto de las contrataciones. Indicó que la autorización de Velásquez Sagastume se firmó el 15 de abril de este año. Mientras que la de Contreras Calderón fue aprobada el 13 de mayo pasado.
Respecto de sus funciones, no hay información específica. El perfil del puesto detalla, brevemente, que deben apoyar a los magistrados en temas legales, normativos, técnicos, de gestión u otra área que le sea asignada.
Además, las profesionales fueron contratadas de forma permanente. Es decir, gozan de prestaciones y bonos, cuyos beneficios no tenían antiguos asesores, quienes prestaban sus servicios bajo un esquema de acuerdos laborales que se renovaban año con año.
En este 2026, el Tribunal también firmó un convenio con Rudy Gallardo, quien fue señalado en el caso Cooptación del Estado y de tener vínculos con la UNE de Sandra Torres. La intención era que se convirtiera en el asesor personal del magistrado Roberto Morales.
Los honorarios que se acordaron fueron de Q30,000 mensuales, para que realizara análisis y propuestas de buenas prácticas internacionales y fortalecimiento institucional. Tras recibir muchas críticas, la institución rescindió el contrato en junio pasado.
Hojas de vida
Elvia Ester Velásquez Sagastume tiene historial político. Trabajó en el Congreso de la República durante los gobiernos del Frente Republicano Guatemalteco y el Partido Patriota. Además, es amiga del juez Mynor Moto.
Benicia Contreras Calderón laboró para el Organismo Judicial por casi tres décadas. Sus fallos protegieron al diputado Felipe Alejos, cuando se le señaló en el caso Traficantes de Influencias; y beneficiaron a Zury Ríos, cuya candidatura fue respaldada por la abogada.
