Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, unidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han condenado el doble asesinato ocurrido en el Campo Marte de la zona 5.
Por Simón Antonio Ramón
Activistas de derechos humanos, funcionarios internacionales sobre seguridad e independencia de jueces, e integrantes de diferentes organizaciones sociales condenaron los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, y han pedido una investigación independiente y una justicia pronta.
Solórzano Foppa, fue fiscal de delitos contra la vida e intendente de Administración Tributaria entre enero de 2016 hasta su destitución en enero de 2018. Mientras que Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro se desempeñaba como auxiliar de información pública en la Federación Deportiva Nacional de Judo.
La condena internacional
“Condeno el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, un exfiscal guatemalteco que dedicó su carrera a exponer la corrupción y exigir responsabilidades a los poderosos intereses. Guatemala merece una investigación completa y transparente, así como rendición de cuentas por este crimen atroz. Nadie debería ser asesinado por exigir justicia”, publicó la diputada estadounidense Norma Torres, representante del Estado de California ante la Cámara de Representantes.
La relatora especial de la Organización Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, Andrea Bolaños, pidió el esclarecimiento de este crimen junto a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala.
“Expreso mis más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos y me sumo al llamado de la OACNUDH de Guatemala para que se lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, y para que las personas responsables sean investigadas, juzgadas y sancionadas”, publicó Bolaños en su cuenta de X.
Margaret Satterthwaite, relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, condenó el asesinato del exsuperintendente. “Desde mi mandato, condeno este crimen y expreso mis condolencias a su familia. Demando también a las autoridades que esclarezcan los hechos y protejan a las autoridades de justicia del país”, publicó en su cuenta de X.
El crimen considerado como asesinato político
El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) calificó el asesinato de Solórzano Foppa como un asesinato político que se suma al debilitamiento de la institucionalidad democrática. “Nos pronunciamos con gran preocupación por el asesinato político de una figura pública, con lo cual se continúa y profundiza el retroceso histórico a una época cada vez más oscura de este estado represivo, en vísperas de un año electoral”, señalaron en un comunicado de prensa.
Mientras el partido político Raíces dijo que parte de la criminalidad tiene origen en el desmantelamiento que hizo Enrique Degenhart, cuando ocupó el cargo de ministro de Gobernación durante el gobierno de Jimmy Morales y la llegada de Consuelo Porras a la fiscalía general del Ministerio Público (MP), por lo que instaron al presidente Bernardo Arévalo tomar acciones acerca de la inseguridad en el país.
La Asamblea de Organizaciones Sociales se solidarizó con Silvia Solórzano Foppa, madre de Juan Francisco y pidió que este hecho no quede en la impunidad. “Demandamos a las autoridades correspondientes para esclarecer este hecho de violencia y evitar que la impunidad continúe siendo una herramienta para quienes continúan acallando las voces de aquellos que denuncian la corrupción y proponen formas de cómo salir de ella”, señaló.
Este doble asesinato pone en la discusión pública la estrategia de seguridad del gobierno bajo la dirección del ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, quien informó esta mañana que solicitarán la compra de cámaras individuales para las y los agentes policiales como respuesta a la controversia por la detección de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, quienes fueron señalados inicialmente como los presuntos responsables del asesinato de Solorzano Foppa y Aguillar Gamarro.
Por su parte, la Universidad Rafael Landívar exigió a las autoridades del sistema de justicia una investigación exhaustiva que permita identificar a los responsables y que respondan ante la justicia. Las autoridades universitarias también llamaron a la sociedad guatemalteca a no ceder ante el miedo.
