Los antejuicios contra Esduin Javier Javier empolvados en la CSJ 

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Créditos: Estuardo de Paz

Más de cinco años han pasado desde que el Ministerio Público (MP) vinculó al ahora diputado Esduin Javier Javier, conocido como “Tres Quiebres”, con la estructura de narcotráfico conocida como “Los Ipala”. El expediente avanzó hasta la etapa en la que debía emitirse el informe del pesquisidor, pero quedó detenido en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde permanece sin ser elevado al pleno para nombrar a otro pesquisidor en una Sala de Apelaciones.

Por Alexander Valdéz 

En el 2021, Gerson Alegría estaba a cargo de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, después fue destituido por Consuelo Porras. Alegría el 11 de marzo de ese año, anunció en conferencia de prensa una investigación que había surgido a partir de una alerta de la justicia de Estados Unidos al Ministerio Público (MP) acerca de una supuesta transacción relacionada con drogas. 

Las pesquisas llevaron al grupo conocido como “Los Ipala”, cuyo supuesto cabecilla era Carlos Alexander Guerra y Guerra. Según la fiscalía, se estableció que mantenía una relación y comunicación directa con Esduin Javier Javier, alias “Tres Quiebres”, entonces alcalde de Ipala, municipio de Chiquimula, y ahora diputado. 

Guerra y Guerra ya fue extraditado a EE.UU. Fue acusado por la justicia norteamericana por distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia de cocaína, fabricación y distribución, con fines de introducirla a aquel país. “Se ha evidenciado que existe una estrecha relación entre el líder de la estructura criminal y el señor Esduin Jerson Javier Javier, así también una serie de elementos que podrían inferir la participación del señor Esduin Jerson Javier Javier en los hechos atribuidos a la estructura criminal”, indica el MP.

Por eso, lo que parecía uno de los casos más relevantes contra un político cuestionado por presuntos vínculos con una organización de narcotráfico, pasó a quedar estancado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Conferencia de prensa del 2021:

Este señalamiento lo hizo el MP dos años antes del evento electoral de 2023, el caso no fue investigado y el antejuicio seguía paralizado entre excusas de jueces pesquisidores en la CSJ. Tampoco el anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE) impidió su inscripción y lo dejó correr en los pasados comicios. 

Sin avanzar 

En los últimos comicios, “Tres Quiebres” dejó la comuna y ganó una curul como diputado por el partido del Congreso de la República por el partido Cambio de los hijos de Manuel Baldizón. Mientras tanto, conservó su inmunidad y el proceso de antejuicio se detuvo aún más. Prensa Comunitaria revisó el expediente 42-2021 que se compone de más de 1,000 páginas, entre medios de investigación y documentos judiciales que surgieron desde 2021, aunque no es el único caso. 

Consta que el expediente avanzó inicialmente con el trámite del pesquisidor y la realización de diligencias preliminares de investigación. Sin embargo, el proceso quedó paralizado porque ningún juez quería conocer pese a la orden de la CSJ y por eso a la fecha el funcionario no ha sido investigado. 

En la documentación aparece que durante la presidencia de Óscar Cruz, en la magistratura de un año, determinó que, debido a que el exalcalde fue electo y asumió como diputado, el procedimiento debía reiniciarse y que correspondía al pleno de magistrados conocer el expediente. Eso lo benefició; no solo porque conservó su inmunidad, sino que le hizo ganar más tiempo para no ser investigado. 

Esa fue la última actuación de esa magistratura, según consta en la documentación. Ya con el cambio de autoridades de la CSJ; que ha estado presidida por los magistrados Teódulo Cifuentes y Claudia Paredes, tampoco hubo avance. Mientras que, la Cámara de Amparo y Antejuicio, bajo el control de un grupo mayoritario de magistrados, tampoco elevó éste y  un segundo expediente, en el que es señalado por un supuesto caso de lavado de dinero.

Otro antejuicio sin resolución

No es el único proceso de antejuicio que se pidió contra el diputado, de hecho, hubo otro que llegó tres años después; en febrero de 2024. La FECI presentó una nueva solicitud para retirarle el derecho de antejuicio y poder investigarlo por un supuesto caso de lavado de dinero, identificado con el número (38-2024), un caso que alcanza a otros políticos. La solicitud lo señala de estar vinculado con el lavado de aproximadamente Q18 millones. Según el MP, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2011 y la fecha de la denuncia, periodo que abarca los años en que “Tres Quiebres” fue alcalde de Ipala y su posterior llegada al Congreso de la República. 

En ese proceso, el MP aseguró que hubo dos denuncias penales presentadas por la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), “la cual reportó diversas transacciones sospechosas efectuadas desde 2005 hasta por lo menos 2015, en cuentas que se encuentran relacionadas con el señor Esduin Jerson Javier Javier, a través de las cuales se detectó la realización de múltiples transacciones en efectivo y la recepción de fondos de proyectos gubernamentales, que posteriormente emitieron cheques a favor del entonces alcalde y otras personas relacionadas”.

Según el ente investigador, la primera de las denuncias refieren que el análisis financiero efectuado como parte de las funciones de la IVE a las operaciones realizadas en las cuentas de depósito monetario del diputado, estableció que dicha persona registró un total de Q17 millones 169 mil 812.42 en créditos y Q4 millones 451 mil 343.09 en débitos, en un período de tiempo aproximado de 4 meses.

Este segundo expediente también quedó en manos de la CSJ y, al igual que el relacionado con Los Ipala, permanece pendiente de avanzar en la Cámara de Amparo y Antejuicio, sin que la solicitud haya llegado al pleno de magistrados para que se determine si corresponde o no retirar su inmunidad.

¿Quién tiene la responsabilidad?

La Cámara de Amparo y Antejuicio es la encargada de recibir y dar seguimiento a estos expedientes, por lo que es clave dentro de la CSJ y es una de las más codiciadas. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en esa unidad. El presidente de la CSJ también interviene en el trámite de los antejuicios, porque es quien firma decisiones relacionadas con estos procesos.

En 2021, cuando ingresó el primer antejuicio, han pasado distintas personas al frente de esa Cámara y de la propia CSJ. Desde entonces, la presidencia estuvo en manos de Silvia Valdés hasta noviembre de 2023; luego llegó Óscar Cruz, quien ocupó el cargo hasta octubre de 2024. Desde entonces, la actual magistratura, controlada por un grupo mayoritario, ha tenido el control de este proceso.

Por ejemplo, durante la presidencia de Teódulo Cifuentes, la Cámara estuvo a cargo del magistrado Carlos Ramiro Contreras y tampoco en ese periodo el asunto fue elevado para resolución. Con la llegada de Clemen Vanessa Juárez, el control de la Cámara siguió el mismo rumbo. Bajo la presidencia de Claudia Paredes en la CSJ, los casos tampoco han avanzado.

Al inicio de la actual magistratura, Contreras, quien presidía y aún integra la Cámara, emitió una circular en la que estableció que únicamente él tendría acceso a la información relacionada con los expedientes de antejuicio. Es decir, ningún otro magistrado podía disponer de esos documentos ni revisar esos procesos.

La medida fue cuestionada por su colega Estuardo Cárdenas, pero el grupo mayoritario no atendió sus objeciones y, de hecho, ya fue apartado y enviado a la Cámara Civil. Esta redacción conoció que, cuando Cárdenas presidió la Cámara de manera interina, durante las ausencias de Contreras, solicitó información sobre los expedientes y la compartió con los demás integrantes de la CSJ para analizar los casos y avanzar en su estudio. Sin embargo, esa decisión recibió cuestionamientos y fue calificada de impertinente.

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Se han incumplido los plazos 

Fuentes a lo interno de la CSJ, aseguran que el magistrado Carlos Ramiro Contreras ha sostenido que los antejuicios no están sujetos a un plazo específico. Sin embargo, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, la Ley en Materia de Antejuicio establece plazos que no están diseñados para que los expedientes permanezcan paralizados durante años.

Sandoval aclaró que esos 60 días corresponden específicamente al trabajo del pesquisidor y que la ley no establece expresamente un plazo de ese mismo período para que el pleno resuelva después de recibir el informe. Sin embargo, señaló que mantener expedientes de 2021 o 2024 durante años, cuando ya concluyó la fase de pesquisa, resulta difícil de conciliar con la naturaleza y los plazos previstos en la ley.

“De hecho, el artículo 19 de la ley respectiva establece que cuando corresponde conocer a la Corte Suprema de Justicia debe nombrarse pesquisidor quien realiza las diligencias correspondientes y tiene un plazo máximo de 60 días para emitir su dictamen o informe. Hay que hacer una precisión, esos 60 días están expresamente establecidos para la labor del pesquisidor, sin decir literalmente que el pleno tenga 60 días para discutir y resolver después de recibir el informe”, agregó. 

Por ejemplo, el caso de 2021 por supuesto narcotráfico avanzó hasta las diligencias de investigación con pesquisidor, pero nunca hubo un informe final para que se decidiera si el ahora diputado podría ser investigado. A su criterio, la demora prolongada convierte el antejuicio en un mecanismo que permite mantener indefinidamente una denuncia sin resolución. 

Agregó que para determinar con precisión dónde se produjo el retraso en cada expediente sería necesario revisar la cronología de su ingreso a la Corte, el nombramiento del pesquisidor y la fecha en que este entregó su informe.

El historial de 3K 

“Tres Quiebres” no solo ha sido político, tiene un pasado vinculado con constructoras, de hecho allí surge uno de los señalamientos que enfrenta. En 2015 llegó a la alcaldía de Ipala, Chiquimula, postulado por el comité cívico Movimiento Ipalteco Libre y Pensamiento Activo (Milpa). En esa elección derrotó a Roel de Jesús Pérez Argueta, quien había ocupado la alcaldía durante 17 años y competía por el partido Líder, de Manuel Baldizón. Javier Javier obtuvo 7 mil 58 votos, frente a los 1 mil 485 de su rival.

Su llegada a la política estuvo acompañada de señalamientos. En 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo identificó entre personas señaladas de tener vínculos con estructuras criminales y buscar cargos de elección popular. Un año antes, la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público lo había vinculado con la estructura de Juancho León, dedicada al narcotráfico.

A pesar de los señalamientos y de haber sobrevivido a tres ataques armados desde 2010, mantuvo su carrera política. En 2019 consiguió la reelección como alcalde y posteriormente buscó una diputación por Chiquimula, mientras su hermano, Lusvin Ellioani Javier, se postuló para sucederlo en la alcaldía. Pese a su supuesta vinculación con la estructura denominada Los Ipala, el TSE, admitió su inscripción para participar en las elecciones.

Nueva presidencia: ¿Avanzará el caso?

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia eligió a Jenni Alvarado Teni como presidenta de la CSJ para el periodo 2026-2027, decisión que fue tomada por unanimidad. Eso significa que Paredes, quien actualmente ocupa ese puesto, dejará ese cargo el 13 de octubre, cuando también asumirán los nuevos presidentes de las cámaras.

En los cambios se acordó que el magistrado René Guillermo Girón Palacios estará al frente de la Cámara Penal; Igmaín Galicia Pimentel presidirá la Cámara de Amparos y Antejuicios, mientras que Claudia Paredes quedará a cargo de la Cámara Civil.

Eso implica que, corre y va de nuevo, en una nueva administración de la CSJ se debe definir si los dos procesos de antejuicio son elevados al pleno de magistrados para que se emita una resolución. Por ejemplo, ahora Alvarado Teni tendrá la responsabilidad de avanzar en ese asunto, misma situación con Galicia Pimentel, quien ahora será el encargado de elevar los expedientes para el análisis del pleno.

En relación con el primer proceso, se debe determinar cómo se retomarán las pesquisas, mientras que, en el segundo, si se le da o no trámite para que también se nombre juez pesquisidor.

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