El 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, organizaciones campesinas aprovecharon para presentar diversas demandas al Estado, entre estas el cese de los despojos de la tierra y que cumpla con brindar los servicios básicos a la población guatemalteca.
Por Simón Antonio Ramón
A nivel nacional se movilizaron los integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y del Frente Nacional de Lucha (FNL) este lunes 12 de octubre cuando se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, frente a los 532 años de colonialismo, despojo territorial, racismo y violencia estructural.
En la ciudad de Guatemala, la movilización se inició frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el Centro Cívico, para recorrer el Centro Histórico sobre la Sexta Avenida hasta el Congreso de la República, en la 9a avenida y desplazarse entre la 9a. y 10a. calle, posteriormente se dirigieron al Parque Central para hacer una parada enfrente del Palacio Nacional.
La caminata finalizó frente a la casa del dirigente estudiantil Oliverio Castañeda De León asesinado en 1978, ubicada a un costado del Parque San Sebastián, el cual actualmente está siendo centro de una disputa, ya que personas ajenas a la familia ocupan dicho edificio, el cual fue donado a la Universidad de San Carlos (USAC).
Integrantes del CCDA marchan en Sololá. Foto cortesía CCDA
En los departamentos, las comunidades bases de las tres organizaciones indígenas, campesinas y sindicales se movilizaron y se concentraron en las plazas y ante las oficinas de instituciones públicas como las gobernaciones departamentales. Esto ocurrió en Sololá, Cobán, Alta Verapaz, Escuintla, Totonicapán, Retalhuleu, Huehuetenango y Petén.
Demandas
En la movilización demandaron el cese del despojo de la tierra y territorios a las comunidades y familias indígenas y campesinas como también la deducción de responsabilidades de actores que atentan en contra de las comunidades.
“Exigimos el cese de la criminalización de las luchas sociales y el respeto efectivo al derecho a defender derechos humanos. Demandamos que el Ministerio Público investigue de manera independiente y objetiva los posibles actos de corrupción y determine las responsabilidades de funcionarios, diputados, magistrados, jueces, fiscales o cualquier otra persona que haya incurrido en actos ilícitos, sin privilegios ni impunidad”, plantearon.
En la ciudad capital también hubo una movilización. Foto CCDA
Las organizaciones denunciaron que el Estado ha abandonado los servicios públicos como el sistema de salud pública; la educación, la infraestructura vial y ha consentido los abusos a la población de las empresas de Energuate y la Empresa de Energía Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la prestación del servicio de la energía eléctrica.
Señalaron que este servicio es uno de los puntos de conflictividad y criminalización en las comunidades indígenas y campesinas. “El servicio de energía eléctrica está en manos de empresas criminales, que cooptan los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y líderes mafiosos para generar conflictividad comunitaria”, manifestaron en el comunicado.
También que el aumento del costo de combustible, la canasta básica, los fertilizantes y otros productos esenciales está afectando gravemente la economía de las familias y comunidades indígenas y campesinas.
Otros pronunciamientos
El Comité de Unidad Campesina (CUC) denunció que el gobierno de Bernardo Arévalo no ha actuado de manera concreta ante las demandas de los pueblos indígenas, a pesar de que la movilización convocada por autoridades indígenas en octubre de 2023 logró que el gobierno tomara posesión.
Se han multiplicado los espacios de diálogo y las acciones simbólicas, mientras que en lo concreto no se ha avanzado en enfrentar el racismo y la discriminación presentes en la administración pública y en la sociedad señaló la organización campesina.
La Asociación de Abogadas Indígenas Chomijá denunció en un comunicado la utilización del sistema de justicia para perseguir a quienes ejercen sus derechos y defienden sus comunidades lo que vulnera principios fundamentales de un Estado democrático y de derecho, por lo que demandaron que en lugar de la persecución se debe dar garantías a la defensa de derechos.
“Exigimos garantías para el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, el respeto a nuestras autoridades legítimas, el cese de la persecución política y el debido proceso para todas las personas privadas de libertad, incluidas aquellas que denuncian ser víctimas de criminalización por su labor en defensa de los derechos”, señalaron.
