El nuevo contralor aseguró una gestión independiente, pero ofreció agilizar finiquitos para el proceso de elección de 2027. Castañón recibió un respaldo casi unánime en el Congreso.
Por Rony Ríos
Elfego Odair Castañón González llegará a la Contraloría General de Cuentas (CGC) con una promesa de independencia y el respaldo total del Congreso -154 votos, solo su hermano votó en contra para evitar el “conflicto de interés”-.
Castañón llegó a la elección con 65 puntos sobre 100, la calificación más baja de los seis aspirantes que integraron la nómina final y aunque enfrentó tachas por nepotismo que no logró desvancer durante el proceso de postulación, consiguió el respaldo casi total del Congreso.
Dos de esos señalamientos estaban relacionados con la contratación de su hermano, Lenin Magdonal Castañón González, y con el supuesto favorecimiento del ascenso de su esposa, Liliana Aracely Fuentes Fuentes, dentro de la Contraloría.
Ese nivel de acuerdos para una elección raramente se ve dentro del hemiciclo, por lo que se levantan dudas sobre presiones desde Estados Unidos, incentivos presupuestarios, tendencias para permitir que todos se postulen en el 2027, entre otros cuestionamientos, que obligan a Castañón a demostrar que el acuerdo que lo llevó al cargo no condicionará las auditorías ni la emisión de finiquitos.
El Congreso lo eligió y lo juramentó el 6 de octubre para el período 2026-2030 que comenzará el 13 de octubre.
Castañón se desempeñó como subcontralor administrativo de Frank Bode. En la misma jornada, Giovanni Castellanos, quien había figurado como favorito de varias bancadas opositoras, obtuvo apenas 20 votos.
Para Castañón, la elección es “un sueño hecho realidad”, pero algunos expertos en política y transparencia como Renzo Rosal y Edie Cux avizoran un panorama complicado en el que se espera que el nuevo contralor se desempeñe con independencia y tome las mejores decisiones frente a la fiscalización del gasto público y la emisión de finiquitos para los aspirantes a cargos de elección popular.
Castañón sostiene que la CGC es un órgano técnico e independiente y que el ámbito electoral corresponde a otras instituciones. Sin embargo, reconoce una responsabilidad con consecuencias para las candidaturas y para ello se comprometió a extender la constancia de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito, cuando corresponda, y acelerar su entrega.
La Contraloría debe fiscalizar los recursos que administran los organismos del Estado, municipalidades y demás instituciones, a través de auditorías que muchas veces derivan en hallazgos que a su vez se convierten en sanciones administrativas o denuncias penales en contra de los funcionarios que tienen hallazgos.
Los acuerdos detrás de la casi unanimidad
Según el politólogo Renzo Rosal “ese número de votos no se alcanza por casualidad”, por lo que considera que la designación fue precedida por negociaciones impulsadas desde el oficialismo, posiblemente en paralelo a las conversaciones de las bancadas opositoras que promovían a Castellanos.
La lectura de Rosal es que Castañón ya constituía una alternativa mientras se hacía público el respaldo al otro subcontralor del Gasto, por lo cual la votación casi unánime sería el resultado de un acuerdo trabajado con anticipación y con incentivos suficientes para reunir a grupos enfrentados en otros asuntos.
El alcance de esos posibles compromisos sigue sin conocerse, aunque previo a la elección, en el Congreso se hablaba de un incremento de entre Q70 y Q75 millones a los aportes extraordinarios y la garantía de extensión de finiquitos para todos los diputados que apoyaran a Castañón.
Lo cual, para Rosal es una hipótesis probable, ya que él plantea que la negociación pudo involucrar recursos del presupuesto 2027 de interés para los diputados distritales.
El riesgo que identifica es que los recursos públicos se conviertan en incentivos para obtener apoyos políticos en la antesala electoral, ya que, si ese escenario se materializara, la Contraloría tendría que fiscalizar precisamente el gasto relacionado con las negociaciones que pudieron facilitar la elección de Castañón.
El nuevo contralor asegura que “nadie, absolutamente nadie, me ha pedido que yo incluya a ciertos profesionales dentro de la institución”, respondiendo a cuestionamientos sobre la posibilidad de cuotas en los nombramientos.
Castañón fue nombrado subcontralor administrativo por Frank Bode en mayo de 2024 y es hermano del diputado oficialista Duvalier Castañón y aunque esto le sumó apoyos dentro de la Comisión de Postulación, fuentes cercanas a Bode hablan de un rompimiento de relaciones entre ambos previo a la elección en el Legislativo.
Duvalier Castañón es diputado electo por el partido Semilla en la casilla 3 del listado nacional y fue fundador de la agrupación política en la que también coordinó la campaña en el área occidental en 2023. Tras ser juramentado, el contralor buscó a su hermano en el hemiciclo para fundirse en un abrazo y agradecer a los diputados.
Según estas fuentes, Bode quería a Castellanos, pero Castañón le comió el mandado en el Congreso, lo que provocó la ruptura de la relación.
“De hecho Castañón ni era gente de Bode al principio, sino que se fue metiendo y es por eso que llega a la Contraloría hasta 2024 y no al inicio de la gestión; entonces la relación no era tan fuerte y el pacto era impulsar a Castellanos como primerísima opción, pero el nuevo contralor se les volteó”, explicaron.
Aunque Samuel Pérez negara negociaciones en favor de Castañón y Sanabria no respondiera cuestionamientos. Posterior a la elección, el presidente Bernardo Arévalo expresó una expectativa distinta indicando que “nosotros esperamos una gestión absolutamente técnica, una gestión independiente, una gestión profesional”.
Además, Arévalo ofreció trabajar con el nuevo contralor en los términos establecidos por la ley.
Estados Unidos elevó el costo político de la elección
La designación estuvo precedida por una advertencia de Estados Unidos, ya que, el 29 de septiembre la embajada lanzó un comunicado en redes sociales en el que manifestó su respaldo al fortalecimiento de instituciones libres de la influencia del narcotráfico y del financiamiento ilícito, e incluyó en ese mensaje a las instituciones relacionadas con las próximas elecciones.
Informó además que el encargado de Negocios, Jorgan Andrews, mantenía reuniones para respaldar una selección transparente del contralor y basada en méritos.
La advertencia coincidió con el intento de adelantar la elección y colocar a Castellanos, aunque en su momento varios diputados señalaron que el mensaje diplomático influyó en que el intento por nombrar al subcontralor no prosperara. Una semana después, Castañón reunió 154 votos.
Agilizar finiquitos también exige controles
Castañón anunció que agilizará los procesos para que los candidatos obtengan su finiquito con mayor rapidez, “siempre que no tengan reclamaciones”.
Sin embargo, para el experto en transparencia, Edie Cux, se mantiene una tendencia política orientada a permitir la participación de la mayoría de aspirantes para evitar un escenario similar al de 2023 en el que limitar la participación de candidatos propició que el voto se diluyera y encausara en los gobernantes actuales.
Esa tendencia, según Cux, ya se habría marcado en la discusión alrededor de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En tanto, Rosal advierte que el contralor enfrentará intereses de la administración que concluye y de los actores que buscan integrar la siguiente. Entre los riesgos que describe están la protección de la etapa final del gobierno, la facilitación de finiquitos para aliados y los obstáculos para adversarios.
La digitalización tiene antecedentes y resultados pendientes
Otra promesa del nuevo contralor es impulsar la digitalización para reducir la discrecionalidad, ya que, al salir del Congreso, Castañón reconoció que ese proceso no es novedoso en otros países y que el sector público guatemalteco se ha quedado rezagado, por lo que será su prioridad.
En junio de 2023 la CGC anunció un módulo electrónico de consulta de acciones legales y administrativas, una herramienta para que el TSE verificara finiquitos en tiempo real y una aplicación para registrar posibles usos de recursos públicos durante las elecciones, la cual contemplaba reportes sobre vehículos oficiales, combustible, transporte y entrega de alimentos.
Para Cux la Contraloría es una institución burocrática y alejada de los principales fenómenos de corrupción, y cuestiona el abuso de hallazgos y las negociaciones con alcaldes para realizar auditorías e informes laxos, por lo cual la institución debe fortalecer la prevención y revisar qué sectores y gastos fiscalizará prioritariamente.
El abogado identifica dos caminos para Castañón, mantener una fiscalización permisiva o concentrada en hallazgos intrascendentes, o emprender una reforma que controle prácticas como el abuso en salarios y gastos de representación.
