La Corte de Constitucionalidad (CC) abrió la puerta a que se favorezca al militar Edgar Rolando Hernández Méndez, implicado en el caso Diario Militar, al ordenar que continúe el trámite de un amparo promovido por el MP durante la gestión de Consuelo Porras. La acción busca revertir la decisión de una jueza que rechazó cerrar el proceso penal y ordenó presentar acusación para analizar si debía o no ir a juicio.
Por Alexander Valdéz
El caso Diario Militar es un proceso que no ha logrado avanzar en los tribunales y mientras las familias de las víctimas siguen esperando que la justicia llegue, un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) podría abrir la puerta a un beneficio para el militar Edgar Rolando Hernández Méndez, al ordenar que continúe el trámite de un amparo promovido por el Ministerio Público (MP) durante la gestión de Consuelo Porras, con el que se busca revertir la decisión de una jueza que rechazó cerrar el proceso penal y ordenó presentar acusación para analizar si debe ir a juicio.
La acción, presentada por el propio ente investigador a través del fiscal José Crisanto Gómez Meléndez, cuestiona que se le ordenara a la Fiscalía de Derechos Humanos presentar acusación y solicitar que el militar enfrente juicio por delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Todo surgió durante la audiencia del 7 de enero de 2026, cuando el MP intentó cerrar el proceso contra el sindicado. Sin embargo, la entonces jueza de Mayor Riesgo “C” declaró sin lugar la solicitud de cerrar el expediente por el delito de violación con agravación de la pena y la petición de clausura provisional por delitos contra los deberes de la humanidad. En cambio, ordenó presentar acusación por ambos delitos y solicitar la apertura a juicio.
El MP argumentó que la jueza vulneró el debido proceso al rechazar sus solicitudes y ordenar la presentación de una acusación. También cuestionó que, a su criterio, la juzgadora valoró medios de prueba y emitió consideraciones que corresponden a un tribunal de sentencia. Por ello, busca que se deje sin efecto la resolución que obliga a continuar el proceso penal contra Hernández Méndez.
Sin embargo, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones suspendió definitivamente el trámite del amparo; es decir,no lo conoció, al considerar que el MP no había aclarado los argumentos sobre las supuestas violaciones denunciadas, pese a que se le había concedido un plazo para hacerlo. La Fiscalía apeló esa decisión y, por esa razón, el asunto llegó a la CC, que ahora ordenó continuar con el trámite de la acción legal.
MP ordena conocer el amparo
Al resolver, la CC concluyó que el memorial presentado por el MP sí contenía los argumentos necesarios para tramitar el amparo y que exigir una nueva aclaración constituía un rigorismo formal excesivo. Por ello, revocó la suspensión definitiva y ordenó continuar el procedimiento para que se determine si la acción cumple los requisitos legales y se emita la resolución correspondiente.
¿Pero qué implica? El fallo abre una puerta para que se pueda favorecer al acusado. Porque, de otorgarse el amparo solicitado podría suspenderse la orden para presentar la acusación y desligarlo del caso. Un proceso en el que aún las familias de las víctimas esperan justicia.
“Ordena al órgano jurisdiccional aludido que continúe con la tramitación de la acción constitucional en la fase procesal que corresponda, de conformidad con las disposiciones aplicables y con la celeridad que impone la ley de la materia, requiriendo a la autoridad denunciada los antecedentes del caso, o en su defecto, informe circunstanciado y, ulteriormente, analice el debido cumplimiento de presupuestos procesales y doctrinas legales de esta Corte”, resolvió.
La resolución fue emitida por unanimidad. Se firmó por Annabella Morfín, Astrid Lemus, Julia Rivera, Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto.
El acusado
Al militar se le vincula con el caso porque Candelaria Pop Coy fue detenida en mayo de 1984 y su esposo e hijo estuvieron en cautiverio en la Base Militar número 21, a cargo del coronel Edgar Rolando Hernández Méndez. Estos hechos, documentados en el informe de inteligencia conocido como Diario Militar, fueron expuestos durante la audiencia del 26 de agosto de 2025 en el Juzgado de Mayor Riesgo “C”.
En consecuencia, Edgar Hernández Méndez fue ligado a proceso por los delitos de delitos contra los deberes de la humanidad y violación con agravación de la pena en contra de Pop Coy. Sin embargo, la reacción del anterior Ministerio Público (MP) fue solicitar el sobreseimiento de los delitos atribuidos a Hernández Méndez. Esa fiscalía fue dirigida por Noé Rivera, quien ya fue destituido del MP.
El Diario Militar, pieza central del caso, es un documento que registra información de 195 personas detenidas y desaparecidas de manera ilegal entre 1983 y 1985, durante el gobierno de facto de Óscar Humberto Mejía Víctores. El archivo detalla capturas, seguimientos y ejecuciones extrajudiciales realizadas por estructuras de inteligencia del Estado.
Durante la audiencia del 7 de enero de 2026, la jueza Carol Berganza, antes a cargo del proceso, rechazó el sobreseimiento del proceso contra Hernández Méndez debido a que el MP incumplió la orden de investigar, en un plazo de tres meses, al excomandante de la Zona Militar número 21, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ).
La jueza señaló que el Ministerio Público no se había acercado a la víctima directa, Pop Coy, por lo que ni siquiera sabía si seguía con vida. También indicó que el MP no realizó un análisis de los medios de prueba con los que solicitó la detención del militar y que, por el contrario, se dedicó a desvirtuar su propia investigación. Además, durante el plazo otorgado para profundizar en las pesquisas, no efectuó ninguna diligencia que respaldara su solicitud de sobreseimiento del caso.
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En otro juzgado Actualmente, el proceso penal está en manos de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz. El pasado 9 de septiembre, la jueza informó que consultará al Ministerio Público si designaría a otra fiscalía para continuar con el caso. La decisión surgió luego de que la fiscalía, durante la gestión de Consuelo Porras, solicitara cerrar el proceso y favorecer a distintos acusados, una petición que fue rechazada por las víctimas y pidieron que se designara a una Fiscalía Especial.
En octubre de 2025, los querellantes que representan a los familiares de las víctimas del caso Diario Militar señalaron que la designación del exfiscal Noé Rivera y otros fiscales generaba desconfianza, pues consideraban que podrían no actuar con la imparcialidad necesaria.
De esa cuenta, el caso ha pasado por diferentes juzgados y ha estado paralizado por distintas acciones legales.
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