La audiencia que buscaba retomar el proceso del caso Diario Militar fue suspendida luego de que la defensa informara sobre un amparo que ordena apartar a la Fiscalía de Derechos Humanos del expediente y designar una nueva fiscalía para continuar con la investigación. La jueza Abelina Cruz decidió aplazar la diligencia hasta conocer si la resolución ya fue notificada y ejecutada.
Por Alexander Valdéz
Han transcurrido casi diez años desde que el Ministerio Público (MP) presentó una investigación conocida como Diario Militar, en la que los acusados son militares que habrían participado en graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Sin embargo, desde entonces el proceso no ha avanzado y los señalados incluso han sido beneficiados con libertad condicional, pese a que se trata de delitos que no lo permiten.
En un nuevo intento por retomar el proceso, ahora con una nueva cara al frente del caso, la audiencia tampoco pudo realizarse. El expediente está bajo el control de la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, una jueza con cuestionamientos por fallos favorables a señalados de corrupción, quien tenía previsto realizar la apertura a juicio (en la que se discute la prueba y se analiza si los acusados deben o no enfrentar un juicio), pero esta fue aplazada para el 21 de septiembre.
A la audiencia acudieron Toribio Acevedo, Malfred Orlando Pérez, Edgar Virgilio de León y Alix Barillas. Sin embargo, aún deberán esperar para conocer si el caso avanza a otra fase. La defensa busca que el expediente pase a una fiscalía especial del Ministerio Público (MP) y no continúe en la Fiscalía de Derechos Humanos, desarticulada durante la gestión de Consuelo Porras.
¿Qué pasó en la audiencia?
El abogado Francisco Vivar informó sobre un amparo otorgado el 30 de abril de 2026 a favor de los querellantes, mediante el cual se ordena apartar a la Fiscalía de Derechos Humanos del conocimiento del proceso y designar una nueva fiscalía. Vivar señaló que, mientras la resolución no sea ejecutada y no se designe la nueva fiscalía, la Fiscalía de Derechos Humanos no puede continuar conociendo el caso, por lo que solicitó suspender la audiencia.
La fiscal Claudia Hernández Barrera confirmó que tuvo conocimiento de la resolución durante la audiencia y señaló que corresponde informar a las autoridades superiores del Ministerio Público para determinar qué fiscalía continuará con el expediente. La abogada Jovita Tzul, así como Hugo Archila y Santiago Choc, se adhirieron a lo expuesto por Vivar y también solicitaron suspender la audiencia hasta que se dé cumplimiento a la resolución de amparo.
Por su parte, la jueza explicó que, de acuerdo con el amparo, la autoridad cuestionada debe emitir una nueva disposición dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la ejecutoria. Sin embargo, tanto las partes como el juzgado desconocen si esta ya fue remitida y ejecutada. Por ello, ordenó oficiar a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal y a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, para que informen sobre el conocimiento y cumplimiento de la resolución de amparo.
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Un caso sin avanzar
En octubre de 2025, los querellantes que representan a los familiares de las víctimas del caso Diario Militar informaron a la entonces jueza a cargo, Carol Berganza, que habían solicitado a la fiscal general del Ministerio Público apartar del proceso a los fiscales recientemente asignados a la Fiscalía de Derechos Humanos.
Señalaron que la designación del exfiscal Noé Rivera y otros fiscales generaba desconfianza, pues consideraban que podrían no actuar con la imparcialidad necesaria. La petición surgió después de que los fiscales encargados del proceso solicitaran el cierre provisional de la investigación a favor de Toribio Acevedo, Malfred Pérez, Edgar Virgilio de León Sigüenza y Alix Leonel Barillas Soto.
La representación legal de las víctimas pidió entonces nombrar a un fiscal especial que continuara con la investigación de forma independiente, al margen de la actual estructura de la Fiscalía de Derechos Humanos. El caso Diario Militar, también conocido como “Dossier de la Muerte”, se origina en un documento de inteligencia del Ejército de Guatemala que detalla cronológicamente la forma en que las fuerzas de seguridad del Estado habrían cometido una serie de crímenes durante el conflicto armado interno.
Entre ellos se encuentran secuestros, traslados a centros clandestinos de detención, tortura, violencia sexual y asesinatos. Según la Fiscalía de Derechos Humanos, el archivo, hecho público en 1999, recoge registros de asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 183 personas entre 1983 y 1985. El 27 de mayo de 2021, la fiscalía informó sobre la captura de 11 militares señalados por la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual de aproximadamente 195 personas durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores.
El proceso ha enfrentado distintos obstáculos para avanzar. Antes, el expediente estuvo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien dejó el Organismo Judicial tras denunciar hostigamiento y enfrentar un proceso de criminalización a raíz de fallos dictados en este caso.
