En la audiencia llevada a cabo este 7 de enero de 2025, la jueza Carol Berganza rechazó cerrar el caso contra Rolando Hernández, excomandante de la Zona Militar No. 21 (CREOMPAZ), señalado de cometer el delito de violación con agravación de la pena y ordenó al MP presentar un nuevo escrito para procesar la acusación en su contra.
Por Prensa Comunitaria
Candelaria Pop Coy fue detenida en mayo de 1984, su esposo e hijo estuvieron en cautiverio en la Base Militar número 21, a cargo del coronel Edgar Rolando Hernández Méndez, de acuerdo con la conclusión de la audiencia del 26 de agosto de 2025 en el Juzgado de Mayor Riesgo C, todo esto documentado en el documento de inteligencia conocido como Diario Militar.
En consecuencia, Edgar Hernández Méndez fue ligado a proceso por los delitos de deberes contra la humanidad y violación agravada en contra de Pop Coy. La reacción del Ministerio Público (MP) fue solicitar el sobreseimiento de los delitos contra Hernández Méndez.
La Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Noe Rivera, solicitó a la jueza que decretara la clausura provisional por el delito de deberes contra la humanidad al no contar con suficientes elementos para llevarlo a juicio y que dictara el sobreseimiento por el delito de violación al considerar que no hay elementos para acusar al militar retirado.
Durante la audiencia, de este 7 de enero de 2026, la jueza Carol Berganza rechazó el sobreseimiento del proceso contra Hernández Méndez debido a que el MP incumplió con la orden de investigar en un plazo de tres meses al excomandante de la Zona Militar No. 21, en donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ).
La jueza dijo que no existió acercamiento del Ministerio Público con la víctima directa, Pop Coy y, por ello ni siquiera sabe si la víctima se encuentra con vida; que el MP no realizó el análisis de los medios de prueba con los que solicitó la detención del militar, y que al contrario, se dedicó a desvirtuar su propia investigación, además, que durante el tiempo otorgado para la investigación no se realizó ninguna diligencia para respaldar la solicitud de sobreseimiento del caso.
“Vemos con buenos ojos la resolución de la jueza porque la actitud del Ministerio Público ha sido deplorable”, indicaron los querellantes.
El lunes 22 de diciembre de 2025, en el Juzgado de Mayor Riesgo C, se quedó en suspenso la resolución del sobreseimiento del caso Diario Militar o Dossier de la Muerte debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no asignó a un Juez de Paz que acompañará la diligencia de Hernández.
El peritaje, leído durante la audiencia, concluye que Candelaria Pop Coy fue torturada y sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes por autoridades militares y policiales. Además, advierte que, de no hacerse justicia y dejar el hecho en impunidad, ella y su familia, tanto nuclear como extensa, corren riesgos para su integridad física y psicológica”.
A partir de este punto, los querellantes rechazaron de forma frontal la solicitud del MP de sobreseer el delito de violación con agravación de la pena. Explicaron que el sobreseimiento implica el cierre definitivo de ese delito y que, en este momento procesal, no resulta procedente. En su argumentación, situaron la violencia sexual dentro de un engranaje de represión estatal y recordaron que, tratándose de hechos ocurridos hace décadas y de estructuras clandestinas de poder, no puede exigirse un estándar probatorio imposible para permitir que el caso llegue a juicio.
Plazo para el MP
La jueza ha dado un plazo de diez días al Ministerio Público para que presente un nuevo escrito de acusación y solicite la apertura a juicio. Esta forma permitirá analizar todos los elementos que contiene la investigación y se dará una resolución concreta en el caso.
El próximo 10 de febrero se llevará a cabo la audiencia para discutir este nuevo escrito y determinar si Hernández debe o no enfrentar debate oral y público.
En octubre de 2025, los querellantes que representan a los familiares de las víctimas del caso Diario Militar informaron a la jueza de Mayor Riesgo “C”, Carol Berganza, que solicitaron a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, apartar del proceso a los fiscales recientemente asignados a la Fiscalía de Derechos Humanos. Señalan que la designación de Noé Rivera y otros fiscales genera desconfianza, pues consideran que podrían no actuar con la imparcialidad necesaria en el proceso.
La petición surgió después de que los fiscales encargados del proceso solicitaron el cierre provisional de la investigación a favor de los acusados Toribio Acevedo, Malfred Pérez, Edgar Virgilio de León Sigüenza y Alix Leonel Barillas Soto, señalados de participar en las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales documentadas en el Diario Militar.
La representación legal de las víctimas pidió desde octubre a Porras nombrar un fiscal especial que continúe con la investigación de forma independiente, al margen de la actual estructura de la Fiscalía de Derechos Humanos.
