Mynor Moto cerró el proceso contra Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc, cuatro autoridades indígenas de 2023, al concluir que no existen pruebas suficientes para llevarlos a juicio y descartó que los 48 Cantones y la Alcaldía Indígena de Sololá sean una “organización criminal”. Además, ordenó al Estado ofrecer una disculpa y revocó la orden de captura contra María Juana Elías, quien permanece en el exilio.
Por Alexander Valdéz
Las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la alcaldía de Sololá de 2023 quedaron libres del proceso judicial que los criminalizaba bajo los delitos de terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstrucción de justicia y obstaculización penal por defender los resultados elctorales.
No fue un camino sencillo ya que pasaron de ser los referentes en una movilización pacífica a ser perseguidos por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras. A tres años de las movilizaciones y a uno de haber pasado por un encarcelamiento arbitrario el juez Mynor Moto accedió la petición de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de cerrar el caso, porque a su criterio no existen hechos que demuestren que se trate de terrorismo u otros delitos.
Aparte, el ente investigador hizo ver que derivado de un nuevo análisis científico y antropológico por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas del MP, se acredita que Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc, actuaron conforme a su derecho de libre expresión y a resistencia comunitaria. Además, porque así lo demanda su articulación dentro de su organización ancestral.
En el fallo, el juez Moto cuestionó la acusación del MP y descartó que los líderes de los 48 Cantones y la alcaldía indígena de Sololá constituyeran una organización criminal. “¿Son una organización criminal? No”, afirmó el juez, al señalar que las acciones realizadas a partir del 30 de septiembre de 2023 estuvieron relacionadas con la convocatoria a un paro nacional en defensa de la democracia, la institucionalidad y el cambio de autoridades en el marco del proceso electoral.
Moto destacó que las actividades desarrolladas fueron pacíficas, no violentas y sin armas, además de incluir llamados públicos a la población para sumarse a las manifestaciones. “Todo esto está claro y está acreditado”, sostuvo. Finalmente, al referirse a los delitos atribuidos, concluyó que la evidencia presentada no permitía establecer fundamentos serios para que los acusados fueran sometidos a un juicio.
“El juez no encuentra fundamentos serios para poder contradecir la postura del MP (cerrar el caso) con respecto a que los actos realizados en el tiempo, con condiciones y reproches, que se revisó en la plataforma fáctica de la acusación, no cuentan con asidero probatorio para que ustedes se enfrenten al debate oral. Razón por la cual esta judicatura, con base en el artículo 328, numeral 2, del Código Procesal Penal, decreta el sobreseimiento del presente proceso a favor de ustedes por todos los ilícitos penales por los cuales se decretó auto de procesamiento”.
Esa decisión implica que el caso no continuará y pone fin a uno de los capítulos de criminalización que se vivieron en el país y en el que se castigó a voces disidentes y a los pueblos indígenas. Al no haber oposición del MP, tampoco se podrá impugnar la decisión de Moto, por lo que quedará firme el cierre de este expediente judicial.
Foto Fabrizio Alonzo
El Estado debe disculparse
Como parte del fallo, el juez Moto ordenó al Estado ofrecer una disculpa pública o privada a la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y a la Alcaldía Indígena de Sololá, luego de considerar que ambas organizaciones fueron señaladas y tratadas como una “organización criminal” durante las investigaciones relacionadas con las movilizaciones de 2023.
La resolución establece que la disculpa deberá realizarse en un plazo de 20 días. La medida forma parte de las disposiciones dictadas por el juez al concluir que no hubo ningún motivo para someter a proceso a las cuatro autoridades indígenas de 2023.
Luego de conocer el fallo emitido por el juez, hubo abrazos entre los presentes. Luis Pacheco habló con la prensa y llamó a los pueblos indígenas a continuar la lucha por el país. “Aprovechemoslo para luchar por el pueblo”
El juez también ordenó que se les devuelvan los Q160 mil a Luis Pacheco y a Héctor Chaclán, lo que ambos pagaron para poder gozar de arresto domiciliario.
Lideresa indígena libre de detención
Inicialmente, cinco líderes indígenas fueron señalados en este proceso por el Ministerio Público de Consuelo Porras. Entre ellos se encontraba María Juana Elías, lideresa indígena de Totonicapán, quien permanecía en el exilio y tenía una orden de captura pendiente en su contra.
Durante la audiencia, la Fiscalía contra el Crimen Organizado solicitó al juez Mynor Moto revocar la orden de captura contra Elías. El juez aceptó la petición y dejó sin efecto la orden, pero ordenó que la lideresa sea citada a primera declaración el próximo 25 de septiembre, por lo que su situación dentro del proceso deberá resolverse en esa audiencia.
Foto Fabrizio Alonzo
Largas jornadas de lucha social
Las elecciones generales de 2023 habían concluido y daban como ganadores a Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Sin embargo, desde la primera vuelta electoral existía una amenaza: un Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras y un expresidente, Alejandro Giammattei, que buscaban impedir que los resultados se concretaran. Las alarmas ante un intento de golpe de Estado provocaron la articulación de los territorios ancestrales. Fueron ellos quienes salieron a defender la democracia.
A partir de entonces comenzaron largas jornadas de caminatas bajo el sol que culminaron frente a la sede del Ministerio Público, en Gerona. Allí se exigía el cese de las acciones encaminadas a anular los resultados electorales y la renuncia de Porras, Rafael Curruchiche, Leonor Morales, Cinthia Monterroso y otros integrantes del círculo cercano de la entonces fiscal general.
En el primer día se contabilizaban hasta 17 puntos tomados por la población. Para el 6 de octubre, sin embargo, el movimiento había cobrado mayor fuerza con la incorporación de barrios de la capital, entre ellos las zonas 3, 11, 12, 19 y 21. Para entonces, se contabilizaban más de 150 puntos de protesta en todo el país.
En total, fueron 106 días de Paro Nacional. El movimiento comenzó en Totonicapán, pero se extendió por todo el país. Las movilizaciones pacíficas fueron una de las principales expresiones de rechazo a las acciones encaminadas a impedir que Arévalo y Herrera asumieran sus cargos.
La Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán ha sostenido que los pueblos indígenas actuaron en ejercicio del derecho a la legítima resistencia pacífica, en beneficio de la población guatemalteca. Este derecho está contemplado en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.
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