Las autoridades municipales de San Pedro La Laguna, junto con agentes policiales, desalojaron el 26 de septiembre de 2025 a más de 150 vendedoras y vendedores del mercado central, un espacio ocupado históricamente por comerciantes durante más de 100 años y conocido como Chi Nimajay, “Puerta o corredor grande” en el idioma maya Tz’utujil. En el lugar, la comuna construyó un parque con una inversión que supera los Q7 millones y trasladó el mercado a un nuevo edificio en Bella Vista, lejos del área urbana y sin consultar a la población. Ahora, un grupo de vendedoras, en su mayoría mujeres maya Tz’utujil de la tercera edad que denuncian criminalización por defender este espacio “ancestral”, espera que la Corte de Constitucionalidad resuelva su petición de retorno del mercado al centro del municipio.
Por Lucero Sapalú
El 26 de septiembre de 2025, a las 8:30 horas, es una fecha que las y los vendedores del mercado central de San Pedro La Laguna, un sitio turístico del departamento de Sololá, recuerdan con terror. Ese día, la alcaldesa Cándida González, junto con empleados municipales con el rostro tapado y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), desalojó de manera violenta a más de 150 comerciantes que ocupaban el mercado desde hace más de 100 años. El espacio es conocido históricamente como Chi Nimajay, que en el idioma maya Tz’utujil significa “Puerta o corredor grande”.
Los comerciantes, originarios de este municipio y de lugares aledaños, intentaron defender el espacio que hoy se ha reducido a un parque y parqueo subterráneo que pocos visitan, pero donde las autoridades invirtieron más de Q7 millones.
El parque y paseo “Colibrí” se construyó en el lugar donde antiguamente funcionaba el mercado, junto a un parque administrado por la parroquia. Antes del desalojo, cientos de turistas nacionales y extranjeros llegaban a tomarse fotografías y continuaban su ruta conociendo el mercado y la producción de este municipio habitado por el pueblo Tz’utujil, según cuentan las y los vendedores.
En el lugar ahora está en construcción un parque que pocos visitan.
Ana Cox, una mujer maya Tz’utujil de 87 años, cuenta que durante más de 45 años vendió hierbas, verduras y maíz en el mercado, y que muchas mujeres venían desde distintos municipios a comercializar lo que cosechaban. A sus 87 años, no puede caminar hasta Bella Vista, a un kilómetro del centro, donde la municipalidad construyó el nuevo mercado.
“Vendemos desde hace 20 años en el mercado. Ella (la alcaldesa) nunca nos llamó cuando hizo el desalojo; nos entristeció mucho y nos traumó con tanta violencia”, aseguró Nicolás Tumax de 63 años, pescador de la tercera generación de su familia.
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El costo elevado del proyecto
En noviembre de 2024, la municipalidad de San Pedro La Laguna adjudicó la construcción del parque central por más de Q5 millones, aunque el costo final llegó a Q7 millones. No fue hasta finales de ese año que las y los vendedores supieron que el mercado sería demolido y que serían desalojados.
En diciembre de 2024, los comerciantes solicitaron a la alcaldesa una reunión y la reprogramación del proyecto, alarmados por un diseño que nunca fue consensuado con vecinos ni con ellas. Ante la falta de respuesta, presentaron una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), que tampoco rindió resultados, y luego una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el “mercado ancestral” retorne al centro de San Pedro La Laguna.
La corporación municipal también construyó un mercado cantonal cuyo costo inicial fue de Q5.5 millones, según el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras). El proyecto fue adjudicado en febrero de 2025, cuando se iniciaban los desalojos del mercado central. Según reportes públicos, el precio actual de la obra, aún no concluida, aumentó a Q7 millones 677 mil. Actualmente ya hay inquilinos en el edificio inconcluso; algunos aseguran que todavía no les cobran alquiler y que llegan pocas personas, porque hay dos mercados. “Nosotros nos instalamos aquí porque no nos están cobrando y porque nos dijeron que todos debíamos estar aquí”, explica una vendedora en un local casi vacío a las 11:00 de un día normal.
De la misma manera, en diciembre de 2024 la comuna adjudicó el proyecto del parque central a la empresa Constructora Oza Proyectos por Q5 millones 44 mil 129, pese a que existían dos ofertas más económicas, una de Q4.9 millones. Como el mercado, este proyecto también tuvo un aumento cercano a los Q2 millones: el costo total fue de Q7 millones 61 mil.
Las vendedoras criminalizadas por la alcaldesa
Con lágrimas, pero persistente ante las eventualidades, Delfina Chavajay recuerda el 26 de septiembre como uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue detenida por desorden público, ligada a proceso con medidas sustitutivas y permaneció encarcelada durante 19 días.
“No sabía si era de día o de noche, no vi la luz del día durante 19 días. Después de salir continuaron las denuncias en mi contra. Tengo miedo de que vuelva a pasar. Me agarraron fuertemente, me jalonearon, como si yo fuera una delincuente. Nunca he tenido problemas con la justicia. Me acusaron injustamente”, lamentó entre sollozos.
Chavajay cuestiona que la primera mujer maya Tz’utujil que gobierna el municipio, electa por el partido VIVA, les dé la espalda a las mismas personas que la llevaron al poder. “Es indignante que nos dé la espalda. Hemos heredado el mercado de nuestros ancestros; lo queremos conservar porque la herencia de ellos es nuestro trabajo y con lo que sostenemos a nuestra familia”, detalló.
El traslado golpea también a las consumidoras de la tercera edad, como María Churunel de Batzín, de 76 años. “Por mi dolor de rodilla ya no puedo caminar hasta lejos y los mototaxis serían otros Q10 diarios al gasto normal”, puntualizó.
Josefina Navichoc, vendedora de frutas, es otra de las criminalizadas y resiste vendiendo en la calle. “Buscamos una audiencia, fuimos varias veces y nunca se realizó un diálogo; hicimos un memorial y nunca lo aceptó, eso fue en 2024. En 2025 se dieron tres desalojos, todos violentos, pero lo peor fue en septiembre: perdimos todo y muchos resultaron heridos”, cuenta.
Las vendedoras coinciden en que nunca hubo socialización del nuevo mercado y que quienes lo ocupan ahora son personas nuevas, ninguna de las anteriores fue tomada en cuenta. No están en contra del desarrollo ni del nuevo mercado, dicen, porque el pueblo está creciendo; están en contra de que desaparezca el mercado conocido como Chi Nimajay.
Un lugar para preservar la memoria
María Chiyal Pablo lleva 60 años vendiendo en San Pedro La Laguna. Viaja cada día desde Santiago Atitlán para vender frijoles, mangos, hojas de maxán y chipilín. Fue durante el Conflicto Armado Interno (1960–1996) que inició su comercio, temiendo que mataran a su esposo y ella se quedara sin nada. Recuerda que fue un alcalde quien instaló las galeras fuera de la municipalidad, las mismas que ahora fueron destruidas “con motosierra”, mientras las sacaban con gases lacrimógenos.
En el mercado de San Pedro La Laguna convergen principalmente mujeres del pueblo maya Tz’utujil de alrededor del lago de Atitlán, que comercializan los productos que cosechan o preservan de manera ancestral, como Candelaria Quiacain Coché, quien vende el matz’, atol de maíz ancestral del pueblo Tz’utujil.
Nicolás Tumax, pescador que aprendió el oficio de su padre y su abuelo, y su esposa Josefa Quiché, quien compraba pescado en el mercado desde hacía más de 40 años, viven hoy con temor por las represalias por su organización en defensa del mercado. “Tres veces desataron mi cayuco y ha aparecido hasta Panajachel, eso sucede desde que defiendo a la gente en el mercado. Nos han tachado hasta de terroristas, pero realmente solo estamos vendiendo y ganándonos la vida”, explicó.
Alfonso Cruz, uno de los comerciantes más jóvenes, vende verduras y frutas para sostener sus estudios de derecho y ayudar en su hogar. La comunidad atraviesa una asfixia económica tras el desalojo: “El miedo, la incertidumbre y el pánico social es latente”, afirmó. “Hubo una violación del debido proceso y del derecho a la presunción de inocencia. No estamos en contra de la autonomía municipal ni del ordenamiento territorial, pero sí de que desaparezca el mercado ancestral y de dejar por un lado nuestras raíces”, dijo Cruz.
La antigüedad del mercado explica por qué la mayoría de quienes trabajaban allí son personas de la tercera edad. Los comerciantes aseguran que no hay un dato exacto sobre su construcción, pero estiman que data de hace más de 100 años, algunos de los más antiguos recuerdan que fue durante el mandato del alcalde Salvador Sac (1996–2000) que se instalaron las galeras fuera de la comuna. Llegaron vendedores de Santiago Atitlán, Santa Clara, San Pablo y otros municipios, y a cada uno le fue asignado un espacio.
¿Por qué hablamos de este caso?
En noviembre de 2024, la comuna adjudicó el proyecto de construcción del parque central por más de Q5 millones, sin embargo, el costo final fue de Q7 millones.
La corporación municipal también construyó un mercado cantonal cuyo costo inicial fue de Q5.5 millones, según Guatecompras. El proyecto fue adjudicado en febrero de 2025 cuando comenzaron los desalojos del mercado central. El precio actual de la obra, aún inconclusa, aumentó a Q7 millones 677 mil.
Los comerciantes denuncian que en los desalojos hubo gases lacrimógenos, heridos y violencia contra personas mayores, mujeres, niños y niñas. Denuncian que los procesos por sus denuncias no avanzan, en contraste con la criminalización por parte de la autoridad municipal, que mantiene procesados a varios vendedores indígenas. “Ella no quiere que los comerciantes de aquí ni de otros lugares vengan a vender y los discrimina”, lamentó Cruz.
La organización de las y los vendedores
A raíz del conflicto, las y los comerciantes se organizaron en la Asociación Ancestral de Vendedores del Centro San Pedro La Laguna, Sololá. Desde el 13 de enero de 2025 se declararon en resistencia para resguardar el mercado central que consideran ancestral.
Pedro Petzey, integrante de la Asociación, señala que el conflicto inició en enero de 2025, cuando la alcaldesa advirtió que el proyecto ya estaba en ejecución sin consulta previa. “Autoritariamente decidió trasladar el mercado y se demolió el antiguo. En enero, durante tres días realizaron desalojos en horas de la madrugada; en abril el Juez de Asuntos Municipales ordenó otro desalojo con acompañamiento de la PNC”, señaló Petzey.
En abril, mediante un comunicado, la alcaldesa anunció acciones legales contra al menos 80 vendedores por “desobediencia y resistencia”; algunos fueron notificados de multas de hasta Q50 mil, según Petzey.
También se denunció que agentes municipales interceptaban a vendedoras que llegaban de municipios vecinos como Santa Clara, San Juan La Laguna, Santiago Atitlán y San Pablo. Una de ellas, que pidió omitir su nombre, denunció pérdidas de Q5 mil por decomisos de verduras y frutas. En otros casos, a las mujeres que llegan a vender “hierbitas” les han incautado sus productos como forma de presión y hostigamiento para que dejen de vender.
Victoria Tubin, de la Comisión Contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala (Codisra), afirma que han acompañado a las y los vendedores criminalizados. “Ha existido abuso de poder y de autoridad para violentar a las vendedoras: el hecho de limitar su llegada si vienen de otros lugares, prohibirles y robarles la mercadería, y controlarlos excesivamente. Estamos revisando para tomar acciones, porque se buscó un acercamiento, pero no se pudo”, enfatizó.
Según Tubin, desde Codisra se busca “reivindicar y dignificar el aporte de mujeres y hombres que siguen resistiendo en los mercados municipales de población mayoritaria maya. Consideramos fundamental apoyar que se mantengan en esos territorios y que ninguna política municipal, aunque tenga autonomía, pueda justificar los desalojos, porque de eso se vale el abuso de poder hacia la población”.
La alcaldesa y su reacción en redes sociales
La reportera de Prensa Comunitaria buscó a la alcaldesa de San Pedro La Laguna en repetidas ocasiones: dos veces esperó en su oficina, donde le indicaron que no estaba disponible; solicitó cita y personal de la secretaría respondió que tenía la agenda llena y llamó por teléfono sin obtener respuesta.
Sin embargo, en redes sociales la municipalidad ha reiterado que el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santiago Atitlán, constituido en Tribunal de Amparo, declaró el 9 de marzo de 2026 “sin lugar” la acción constitucional de amparo promovida contra la alcaldesa y el Concejo Municipal en relación con el traslado al nuevo mercado. El tribunal, según el comunicado de abril “determinó que la autoridad municipal actuó conforme a derecho, cumpliendo con los requisitos legales, técnicos y de participación ciudadana”, e instó a los vendedores que aún ocupan la vía pública, especialmente el Paseo del Colibrí y calles conexas, a trasladarse de inmediato al Mercado Municipal Bella Vista, “privilegiando siempre el interés colectivo, la legalidad y el desarrollo ordenado de nuestro municipio”.
Ante dichas resoluciones, la Asociación de Vendedores de San Pedro tuvo una vista pública el 24 de julio de 2026, donde expuso ante los magistrados de la CC los vejámenes a los que fueron expuestos por parte de las autoridades locales y policiales.
Las y los vendedores de este sitio turístico de Guatemala, en el lago de Atitlán, esperan la resolución que les permita seguir preservando la memoria histórica de su municipio, y aseguran que se mantendrán en resistencia.
Con edición de Francisco Simón y Lucy Chay
