El Ministerio Público (MP) pidió al juez Mynor Moto cerrar el caso contra las cuatro autoridades indígenas del 2023, al considerar que su participación en las manifestaciones estuvieron amparadas por el derecho de resistencia y la libertad de expresión. El MP desistió de solicitar la apertura a juicio por los delitos que inicialmente se les atribuyeron durante la gestión de Consuelo Porras.
Por Alexander Valdéz
Diez años después, la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvió a ser utilizada para una audiencia en un proceso penal. La diferencia es que esta vez, ya no fue utilizada para un caso de corrupción, sino uno de criminalización que inició Consuelo Porras contra autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la alcaldía indígena de Sololá, quienes en 2023 defendieron los resultados electorales.
El Ministerio Público (MP), ahora con Gabriel García Luna al frente, cambió su postura en el proceso contra los líderes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Esteban Toc y Basilio Puac. Durante la diligencia, el MP solicitó no continuar con la acusación y desistió de pedir que los cuatro enfrenten juicio.
El fiscal Cristian Beteta, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, argumentó que las acciones atribuidas a los dirigentes indígenas ocurrieron en el marco del derecho de resistencia y la libertad de expresión, reconocidos constitucionalmente. Apartándose de la tesis que había sostenido el MP de Consuelo Porras para llevar el caso a otra etapa e incluso encarcelar a los dirigentes indígenas.
Los delitos que el propio MP consideró que no se acreditaran son: terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. Estos eran los delitos que formaban parte de la persecución penal iniciada contra los dirigentes por su participación en las movilizaciones y acciones de protesta.
“Al comprobarse que los procesados actúan desprovistos de una voluntad autónoma criminal, sino en estricto cumplimiento de un mandato asambleario, se desvanece que no lo requerieron para los delitos de terrorismo”, fue parte de lo explicado sobre el nuevo análisis del proceso y a un informe de la Secretaría de Pueblos Indígenas del MP, que considera que sus acciones no constituyen delitos.
Defensa se suma a lo pedido por MP
La defensa también expuso sus argumentos ante el juez Mynor Moto y planteó las razones por las que considera que el proceso debe cerrarse. Durante su intervención, los abogados cuestionaron los hechos imputados por el anterior MP y señalaron que, a su criterio, no existen fundamentos suficientes para que el caso continúe.
Los abogados defensores sostuvieron que los hechos atribuidos a los acusados no configuran los delitos que se les imputan y que existen inconsistencias que impiden sostener la acusación. Por ello, solicitaron al juez valorar los argumentos expuestos y determinar que no corresponde avanzar a una nueva etapa del proceso.
“No somos delincuentes ni hemos cometido algún delito. Esto ha sido consecuencia de servir bien, con honestidad y transparencia. Espero en Dios que la resolución que se dicte mañana se dé con esa claridad y objetividad que hemos visto el día de hoy”, expresó Luis Pacheco al salir de audiencia.
Con estos planteamientos, tanto del MP como de la defensa, la decisión quedará en manos de Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal , quien retomará la diligencia para anunciar su decisión, este viernes a las 10:00 de la mañana.
Se cae un caso de Consuelo Porras
El caso fue impulsado por el Ministerio Público (MP) durante la gestión de Consuelo Porras y ha sido cuestionado por organizaciones que consideran que la prisión preventiva fue utilizada como una forma de castigo contra líderes indígenas.
En total, cuatro personas permanecen vinculadas a este caso: Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Esteban Toc y Basilio Puac. Todos continúan procesados por hechos relacionados con las movilizaciones ciudadanas de 2023, autoridades indígenas que encabezaron protestas para exigir el respeto a los resultados de las elecciones generales y rechazar las acciones que buscaban impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Aunque fueron los únicos detenidos, otras personas que participaron en la movilización social contra el intento de Golpe de Estado, también fueron obligadas a exiliarse por el miedo a ser detenidos. Pacheco y Chaclán, pasaron más de un año en prisión, apenas hace un mes fueron liberados con arresto domiciliario.
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