Tras más de cuatro décadas de la desaparición de la estudiante universitaria, uno de los señalados como responsables del operativo podría recibir una sentencia. Mirtala Hernández pide que la sentencia sea condenatoria.
Por Simón Antonio Ramón
El juicio oral y público por la desaparición de la estudiante universitaria Luz Leticia Hernández Agustín, hace 44 años, el cual se lleva a cabo en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal contra Juan Francisco Cifuentes Cano, llega a su fase final.
El martes 18 de agosto se escuchará al último testigo por videoconferencia, posteriormente la representación legal de la familia de Luz Leticia, la fiscalía y la defensa del acusado emitirán sus conclusiones previo a que los juzgadores emitan una sentencia.
Luz Leticia Agustín, estudiaba la carrera de Economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En 1980 se incorporó al grupo Nuestro Movimiento, una célula de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).
Fue desaparecida el 21 de noviembre de 1982 durante el gobierno de facto de José Efraín Ríos Montt, en un operativo dirigido por el ahora acusado Juan Francisco Cifuentes Cano.
Ese día detuvieron a 14 personas y nueve de ellos eran menores de 18 años. Cifuentes Cano era el comandante del Batallón Reacción y Operaciones Especiales (BROE), también conocido como el Quinto Cuerpo de la extinta Policía Nacional. Ahora el acusado enfrenta el juicio oral y público por delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada de Luz Leticia Hernández Agustín.
La desaparición rompe todos los tejidos familiares y sociales
Mirtala del Rosario Hernández Agustín, hermana de Luz Leticia, asegura que un perito señaló que la desaparición es una forma de tortura tanto contra la persona desaparecida y contra las familias.
“Es muy fuerte, es un hecho que vulnera nuestro ser tanto internamente como externamente, aparentemente, ahora que se estaban presentando los peritajes, dijo un perito que es una tortura la que cometen contra las personas, contra las familias porque en este momento que no la tenemos en nuestra familia, se está volviendo a cometer el hecho, ella sigue desaparecida y eso vulnera nuestra integridad”, dijo.
Además, señaló que una desaparición como el caso de Luz Leticia rompe el tejido social porque se estaba cometiendo en otros lugares. “Nosotros consideramos que esta desaparición de mi hermana vino a sesgar nuestro camino, a vulnerar nuestra integridad y no solo la nuestra, sino a descomponer el tejido social en toda la población en donde fue cometido este delito, ya sea en los territorios o en la ciudad”, señaló.
“Nosotros creemos que el tribunal debe emitir una sentencia, porque hemos trabajado por ello, debe ser una sentencia condenatoria, en todo caso que la sentencia no sea condenatoria, nosotros consideramos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. El hecho de que no se dé una sentencia condenatoria no va a quitar esa lucha que se ha emprendido”, aseguró.
Proceso marcado por el litigio malicioso
El abogado Alejandro Aspuac, representante legal de la familia de Luz Leticia Hernández Agustín, señaló que el sistema de justicia provocó un retardo en el proceso lo que se puede considerar como litigio malicioso.
“A lo largo del proceso lo que hemos enfrentado es un litigio malicioso, el proceso en sí lleva más de 44 años. La etapa de judicialización lleva alrededor de cinco años, eso nos ha llevado una serie de amparos que ha construido el avance del proceso, una serie de suspensiones de audiencias, para la realización de la audiencia de etapa intermedia se canceló más de 15 veces”, denunció el abogado.
Además, informó que en la gestión de testigos en otros países, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidió requisitos no contemplados cuando el objetivo es la búsqueda de la justicia. “Esa situación de parte de la presidencia del Organismo Judicial, atrasó las diligencias de testimonios de testigos o peritos en el exterior, llama poderosamente la atención, que la presidencia obstaculice un trámite que normalmente es sencillo”, denunció el abogado.
Juan Francisco Cifuentes Cano también está ligado a proceso penal por desapariciones de estudiantes, dirigentes sociales durante el gobierno de facto de Óscar Mejía Víctores entre 1983-1985 en el caso denominado como Diario Militar.
