El Ministerio Público (MP) solicitó apartar al juez Fredy Orellana del proceso que se busca abrir contra el exjefe de la FECI, Rafael Curruchiche. La petición surge luego de que el juzgador dejara sin efecto diligencias que habían sido autorizadas para avanzar en la investigación contra el exfiscal señalado de corrupción.
Por Alexander Valdéz
La Fiscalía de Asuntos Internos presentó una solicitud para apartar al juez del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana, luego de que este favoreció al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y dejó sin efecto una citación a primera declaración y la autorización para que el Ministerio Público (MP) hiciera allanamientos para obtener indicios que sumen a la investigación.
El reclamo se remonta a lo acontecido semanas atrás, cuando un Juzgado de Diligencias Urgentes, a cargo de María Benilda Sandoval Valdez, no autorizó la orden de captura de Curruchiche, pero sí autorizó las diligencias que luego fueron anuladas por Fredy Orellana, quien había quedado como encargado del proceso.
La finalidad de un Juzgado de Diligencias Urgentes es procesar judicialmente hechos con prontitud ante el riesgo de que alguna persona se dé a la fuga o altere una escena; sin embargo, acá ocurrió lo contrario. No solo se negó la orden de captura, sino que el caso pasó a manos de un juez considerado aliado de Curruchiche y de la gestión anterior de Consuelo Porras. De hecho, comparten sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, por supuestamente buscar alterar los resultados electorales de 2023.
Fuentes a lo interno del Ministerio Público confirmaron a Prensa Comunitaria que, derivado del actuar del juzgador en favor de Curruchiche, se decidió pedir el apartamiento (una recusación) y aún se analiza un amparo contra la resolución que les impide practicar los allanamientos e imputar al exjefe de la FECI la posible comisión de dos delitos.
Los hechos que se le buscaba imputar están relacionados a los delitos de uso indebido de bienes y el de filtración de información reservada del ente investigador, hechos acontecidos cuando dirigía la FECI. Algunos actores que han denunciado a Curruchiche ponen en duda el actuar de la unidad que tiene el caso, por ejemplo: se desconoce si se hicieron los allanamientos una vez se los autorizaron.
¿Qué sigue ahora?
Ahora el juez Orellana deberá pronunciarse sobre la recusación presentada; luego debe tramitarla y enviarla a una Sala de Apelaciones para que ésta decida si puede o no continuar conociendo ese proceso penal. El juez tiene una característica, en casos como Semilla se negó a tramitar las recusaciones y siguió conociendolos, evitando que fueran analizadas por una Sala.
Cuando se presenta la recusación se bloquea el proceso, porque de tramitarse impide que el juez pueda seguir resolviendo distintas solicitudes que no sean de urgencia. Esto quiere decir que el caso contra Curruchiche, al menos el que se dilucida en este juzgado no puede avanzar y estará detenido.
Fuentes judiciales afirman que Curruchiche y Orellana construyeron una relación cercana desde 2023, cuando ambos avanzaron en un caso que buscaba declarar la nulidad de los resultados electorales de ese año. Desde entonces, ambos han estado vinculados a acciones judiciales contra distintos actores relacionados con el partido oficial.
Pero no fue el único caso, Orellana fue quien les autorizó la captura de Jose Rubén Zamora y los allanamientos en el diario elPeriódico, algunos señalan que fue el punto de partida para crear una relación con Curruchiche, allí fue donde acudía para perseguir a quienes fueron actores críticos a la gestión anterior del MP.
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Un difícil camino en el OJ
El MP ha realizado cambios y nuevos nombramientos en fiscalías, en un intento por modificar la conducción de investigaciones abiertas en la administración de Consuelo Porras. Sin embargo, estos movimientos han encontrado una barrera dentro del Organismo Judicial (OJ), donde jueces que fueron considerados cercanos o aliados de la gestión anterior continúan al frente de juzgados clave.
Entre ellos se encuentran Fredy Orellana, Víctor Cruz, Jimi Bremer, Mynor Moto y Abelina Cruz, entre otros, quienes tienen bajo su responsabilidad expedientes relacionados con casos de criminalización y procesos de corrupción en los que distintas resoluciones judiciales han favorecido a actores.
Uno de los ejemplos más recientes es el caso de Rafael Curruchiche, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a quien el juez Fredy Orellana favoreció al dejar sin efecto diligencias que habían sido autorizadas previamente por un Juzgado de Diligencias Urgentes. Otro caso es el de Saúl Sánchez, exfiscal que estuvo involucrado en investigaciones contra estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) que se opusieron al fraude electoral de 2022.
Muchos de ellos no solo fueron expulsados de la universidad, sino que también fueron perseguidos penalmente desde la unidad de investigación que estuvo bajo la dirección de Sánchez. Ahora, fuera del MP Sánchez también enfrenta un señalamiento en el que se le busca imputar el delito de allanamientos ilegales.
El caso de Sánchez
El caso es diferente al del exjefe de la FECI, este fue asignado a un juzgado de Antigua Guatemala, que inicialmente programó su primera declaración para el 13 de agosto. Sin embargo, esa audiencia fue reprogramada y ahora está prevista para el 8 de diciembre.
La investigación señala que Saúl Sánchez, exjefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y cercano a la exfiscal general Consuelo Porras, habría promovido el desalojo del inmueble donde funcionaba el Museo de Arte Colonial para obtener un beneficio particular, lo que derivó en el retiro de 287 piezas y posibles daños durante el operativo, el pasado 8 de abril.
El edificio había sido entregado por la Municipalidad de Antigua Guatemala al Ministerio de Cultura y Deportes en usufructo por 30 años, hasta 2032, y un convenio permitía a la municipalidad utilizarlo únicamente para actividades culturales.
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