La Corte de Constitucionalidad (CC) cerró la puerta a un intento de uno de los militares procesados en el caso Diario Militar para dejar fuera a las víctimas y sus familiares. Con el fallo, ratificó que podrán continuar participando como querellantes adhesivos en uno de los expedientes por graves violaciones a los derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó el amparo presentado por el coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez, uno de los acusados en el caso Diario Militar, quien buscaba dejar fuera del proceso penal a las víctimas, sus familiares y organizaciones que las representan como querellantes adhesivos. Con esta decisión, el máximo tribunal mantiene vigente su participación en el proceso que se sigue por los delitos de desaparición forzada, deberes contra la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Un caso que ha tenido más retrocesos que avances.
Salán Sánchez argumentó que las víctimas habían solicitado su incorporación definitiva como querellantes fuera del plazo legal y, por esa razón, según él, debían ser excluidas del proceso. Sin embargo, la CC concluyó que esa petición sí fue presentada dentro de la audiencia de etapa intermedia; una audiencia que está en suspenso. Esto quiere decir que determinó que la solicitud fue realizada a tiempo y que, por ello, las víctimas conservan el derecho de intervenir en el caso.
En este fallo la CC consideró incorrecto el reclamo planteado por la defensa del acusado. En aquella oportunidad el Ministerio Público (MP) había expuesto su acusación durante varias jornadas de la audiencia, la etapa intermedia seguía en desarrollo cuando las víctimas pidieron ser reconocidas de manera definitiva como querellantes. Y para los magistrados, mientras esa audiencia no hubiera concluido y el juez no hubiera resuelto la apertura a juicio, la petición seguía siendo válida.
En la resolución se hace ver que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a participar en los procesos judiciales y señaló que la resolución impugnada estaba fundamentada. Por ello, confirmó la decisión de rechazar la solicitud de Salán Sánchez y mantener como querellantes adhesivos a las víctimas y organizaciones que intervienen en el proceso por el caso Diario Militar.
“Reiteradamente, la Comisión (Corte IDH) ha destacado que es imprescindible el adecuado acceso y la participación de las víctimas y sus familiares en todas las etapas de los procesos judiciales orientados a esclarecer violaciones de derechos humanos. Así, se ha indicado que los enjuiciamientos sólo serán medidas de justicia reales si las víctimas y sus familias reciben la información necesaria y participan efectivamente”, resolvió.
Un amparo frenó el avance del caso
El proceso penal contra el coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez quedó estancado tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC). En 2024, el máximo tribunal rechazó la apelación presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos y confirmó el amparo que había sido otorgado al militar dos años antes. Con ello, dejó sin efecto la resolución mediante la cual el entonces juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, había ordenado que Salán Sánchez y otros ocho militares y expolicías enfrentaran juicio.
La decisión obligó a que se emitiera un nuevo auto de apertura a juicio con una fundamentación distinta. Sin embargo, debido a que Gálvez dejó su puesto y permanece en el exilio tras denunciar persecución y criminalización, el expediente cambió de juez y juzgado. Esa resolución ha sido uno de los principales factores que ha retrasado el avance del caso.
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Los hechos investigados
La Fiscalía de Derechos Humanos atribuye a Salán Sánchez y a los demás procesados su presunta participación en los hechos documentados en el llamado Diario Militar o Dossier de la Muerte, un archivo de inteligencia del Ejército que registra operaciones ejecutadas entre 1983 y 1985, durante el Conflicto Armado Interno. De acuerdo con la investigación, el documento contiene información sobre detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y asesinatos cometidos contra al menos 183 personas.
El caso salió a la luz pública a partir de ese archivo, divulgado en 1999, y dio origen a una investigación que derivó en la captura, el 27 de mayo de 2021, de 11 militares retirados señalados de integrar la estructura responsable de esos hechos durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores. Posteriormente, en mayo de 2023, la jueza Eva Recinos suspendió la audiencia de ofrecimiento de prueba porque seguía vigente el amparo concedido a favor de Salán Sánchez, lo que impidió que el proceso avanzara hacia el debate oral y público.
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