El exfiscal Stuardo Ernesto Campo Aguilar exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Personas, sufre detención arbitraria denunciaron sus abogados defensores a partir de un informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detención Arbitraria.
Por Simón Antonio Ramón
El grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre detención arbitraria identificó cinco características del patrón de criminalización en los casos en contra del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo: la imposibilidad de justificar la prisión preventiva; la violación del debido proceso; la inobservancia total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial y a la discriminación por su condición de fiscal anticorrupción.
A partir de las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo, los abogados defensores que pertenecen a diferentes organizaciones de derechos humanos pidieron a las autoridades del país liberar inmediatamente al exfiscal. “Se recomienda al gobierno de Guatemala liberar inmediatamente a Campo Aguilar, otorgarle indemnización y reparación y sobre todo investigar las circunstancias de su detención”, señaló Claudia López de la Asociación de Abogados Sin Fronteras de Canadá.
Los tres procesos penales
Stuardo Campo enfrenta tres procesos penales cada uno con múltiples irregularidades desde la prisión preventiva, la ausencia de los querellantes a las audiencias, la suspensión continua de audiencias por parte de los juzgados y el litigio malicioso de los querellantes como la Fundación contra el Terrorismo.
El primer caso es Alfa Siete en donde se acusa a Campo junto a los exauxiliares fiscales Carlos Faustino Pérez Flores y Gonzalo Rafael Chilel de incumplimiento de deberes en el marco de un operativo realizado por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes en agosto de 2022.
El 26 de mayo de 2023 fue detenido el exfiscal y fue absuelto el 13 de julio de 2025, pero la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal revocó esa sentencia esta semana, extendiendo la criminalización en contra del exfiscal en donde se ordenó la repetición del debate oral y público.
A consideración del abogado defensor Héctor Reyes Chiquín, la resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones violenta el debido proceso, por lo que ya actuaron en contra de la resolución. “Por esa razón presentamos un recurso de casación el cual debe ser diligenciada en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que ahí se pueda determinar que efectivamente la Sala invade un ámbito que no le corresponde y esperamos que la Cámara Penal confirme la sentencia absolutoria”, informó.
El segundo caso en contra del exfiscal es el conocido como caso Zolic por el que fue detenido el 1 de diciembre de 2023 y en la audiencia 18 de diciembre desde ese año el juez A de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, le dictó prisión preventiva en el Centro Preventivo Mariscal Zavala.
Ha pasado más de dos años en esa condición y se ha solicitado más de cinco veces su libertad condicional, pero el juzgado que conoce el caso no ha accedido.
Entre el 18 de diciembre de 2023 hasta el 26 de febrero de este año, no se realizó el Ministerio Público no ha presentado los resultados de su investigación. En la audiencia del 26 de febrero se solicitó la revisión de medidas de coerción y el juez se negó a hacerlo.
“El juez Víctor Cruz estableció que, hasta que finalizara la fase intermedia se podría entrar a conocer la solicitud de medidas de coerción”, informó la abogada Lucía Xiloj.
Desde el 26 de febrero se han programado 17 audiencias de la etapa intermedia, pero se han suspendido en 10 ocasiones por parte del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal presidido por Víctor Cruz.
Un sistema de justicia que criminaliza
La abogada Jovita Tzul informó que se han agotado todos los mecanismos legales para buscar la libertad de Stuardo Campo, mismos que cuestionan la arbitrariedad de la prisión preventiva que vive, pero el sistema de justicia prefiere criminalizar.
“Inicialmente, cuando a él se le dictó el auto de prisión preventiva en diciembre de 2023, se presentó un recurso de apelación solicitando a la Sala que revisara dicha decisión, considerando que no tiene asidero legal la misma; sin embargo, se justificó que hay más sindicados. No obstante, a los demás sindicados se les accedió el recurso de apelación por parte de Sala estando bajo iguales circunstancias”, dijo la abogada.
Se presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra de la decisión de la Sala, pero tampoco la Cámara de Amparos que conoció la acción legal le dio la razón al exfiscal, según la resolución notificada el 16 de enero y dos días después fue apelada en la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Es importante mencionar que el día de ayer -13 de julio- como parte del equipo de defensa del licenciado Stuardo Campo presentamos formalmente a la Corte de Constitucionalidad una copia de la opinión del Grupo de Trabajo solicitando que al momento de resolver el amparo, la misma sea otorgada”, dijo la abogada Tzul.
El abogado Vidal Ixcoy, abogado defensor de Stuardo Campo en el caso Libramiento de Chimaltenango, dijo que el pecado de su defendido fue perseguir a personas vinculadas a actos de corrupción y que este caso fue fabricado por órdenes de Consuelo Porras. Este caso se inició desde el año 2024 y la audiencia de primera declaración aún no ha concluido, en agosto está programada la audiencia de continuación de la primera fase de este proceso penal.
Vidal Ixcoy dijo que el Gobierno ha admitido las violaciones a los derechos del exfiscal Stuardo Campo. “La espuesta del gobierno de Guatemala al Grupo de Trabajo admite en el presente caso que sí existe un instrumento de violación de garantías individuales de personas quienes han luchado en contra de la corrupción”, señaló.
