La Sala Cuarta de Apelaciones anuló la sentencia que absolvió al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y a otros dos exintegrantes del Ministerio Público, reabriendo el primer proceso penal en su contra. La resolución deja sin efecto el fallo que concluyó que no existían elementos para condenarlos y reactiva la criminalización en ese primer proceso contra los exfiscales.
Por Alexander Valdéz
Esa sala integrada por Fernando Manolo Rodas, Mónica Fortín y Marcelo Sarti revocó la sentencia absolutoria que se había emitido a favor del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y otros dos exintegrantes de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, el 18 de julio de 2025, dejando sin efecto lo decidido por el Tribunal Décimo de Sentencia que los había declarado inocentes del delito de incumplimiento de deberes.
La resolución reabre el primer proceso penal que enfrentó Campo desde su captura en 2023, un caso por el que permaneció más de un año en prisión preventiva y que concluyó, en julio de 2025, con una absolución al considerar que no existían suficientes pruebas para condenarlo.
A este expediente se le conoce como caso “Alfa Siete”, acá el Ministerio Público (MP) señaló a Campo, al exfiscal adjunto Gonzalo Chilel y al agente fiscal Carlos Pérez Flores de haber incurrido en supuestas omisiones que derivaron en la captura errónea de María Bárbara Andrés Hernández de López.
Sin embargo, durante el juicio, el tribunal concluyó que el caso no debía resolverse por la vía penal. La jueza determinó que el error correspondía, en todo caso, a una posible falta de carácter administrativo o disciplinario, y no a un delito, al no haberse demostrado que los acusados actuaran con dolo o con la intención de provocar un daño a la agraviada. Por esa razón, absolvió a los tres exfiscales de toda responsabilidad penal.
Con la decisión de la Sala Cuarta de Apelaciones, la absolución queda sin efecto y el juicio se repite. La resolución representa un nuevo revés judicial para Campo, uno de los exfiscales que encabezó investigaciones de alto impacto contra estructuras de corrupción y que, desde la llegada de la exfiscal Consuelo Porras, fue perseguido en tres procesos penales.
“En consecuencia, se anula la misma y se ordena el reenvío, con el objeto, de que la nueva autoridad competente que deba conocer este asunto, según la designación interna de casos lleve a cabo un nuevo debate oral y público sin las inobservancias constatadas en la presente sentencia de segundo grado, y así debe resolverse”, concluye el fallo de apelación especial del MP.
El fallo aún no está firme
La resolución emitida por la Sala Cuarta de Apelaciones aún no está firme y fue impugnada por la defensa del exfiscal Stuardo Campo mediante un recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esa vía legal permitirá que los magistrados de la CSJ revisen si la decisión de anular la sentencia absolutoria debe o no ser corregida.
Por ahora, se debe esperar a que una vez admitido el recurso, la Cámara Penal programe una vista pública y luego decida si confirma la decisión de la Sala o si la revoca y restablece la absolución dictada por el Tribunal Décimo de Sentencia. Mientras esa instancia no emita una resolución definitiva, el proceso permanecerá suspendido.
Entre los que firmaron la resolución están Fernando Rodas, exfuncionario de Alejandro Giammattei y Marcelo Sarti, exabogado de los familiares del expresidente Jimmy Morales. Campo investigó casos de corrupción que involucraron a funcionarios de los dos gobiernos.
Además, la magistrada Mónica Fortín es hija de Ana María Villegas de Fortín, quien fue diputada y señalada en el caso Comisiones Paralelas 2020.
La criminalización desde el OJ
Aunque hubo un relevo en el Ministerio Público (MP), los procesos penales impulsados durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras siguen vigentes en el Organismo Judicial (OJ). Decenas de expedientes abiertos contra operadores de justicia, activistas, estudiantes y periodistas permanecen activos, sin haber sido desestimados o archivados, lo que impide a varios de los criminalizados regresar a Guatemala.
Stuardo Campo dirigió importantes investigaciones, entre ellas los casos del Libramiento de Chimaltenango, la corrupción en el Ministerio de Cultura, el manejo irregular de fondos durante la pandemia y procesos contra exfuncionarios como Mynor Moto y Jimmy Morales.
Sin embargo, su traslado de la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en abril de 2021, marcó un giro en esas investigaciones. Muchas de ellas quedaron estancadas o fueron archivadas, como el caso que involucra a Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima.
Campo no fue el único. Su colega Eduardo Pantaleón, quien también investigaba redes de corrupción, fue detenido, suspendido del cargo y posteriormente absuelto en debate. En el caso de Campo, aún enfrenta tres procesos penales: uno de ellos permanece estancado en la etapa intermedia desde hace más de dos meses, situación que lo mantiene en prisión preventiva.
Además del caso al que se hace referencia al inicio de esta nota, sigue vigente un segundo proceso que conoce el Juzgado Décimo Penal. En este expediente fue señalado por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia. La investigación señala supuestas anomalías que pudieron haberse cometido durante las pesquisas realizadas en la Zona Libre Santo Tomás de Castilla, en un caso por defraudación tributaria en el que, hasta la fecha, ya hay personas condenadas por corrupción.
Asimismo, se le notificó un tercer proceso, en el que el Ministerio Público busca imputarle nuevamente el delito de incumplimiento de deberes. Se trata del mismo caso que enfrentó su excompañero Eduardo Pantaleón, quien fue absuelto en juicio. El MP lo acusó de presuntas irregularidades en la entrega del expediente del caso Libramiento de Chimaltenango.
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