La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó los beneficios concedidos al exministro José Luis Benito por el caso de corrupción del Libramiento de Chimaltenango. La resolución mantiene vigente la sentencia por aceptación de cargos, pese a que la Corte de Constitucionalidad había dejado ese fallo en suspenso de forma provisional tras un amparo promovido por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Por Alexander Valdéz
Apenas dos semanas después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la sentencia dictada por aceptación de cargos que favorecía al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, por corrupción en el Libramiento de Chimaltenango, la Sala Segunda de Mayor Riesgo emitió una resolución que vuelve a beneficiar al exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales.
La nueva resolución rechaza en definitiva el amparo promovido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y deja vigente la condena por aceptación de cargos que le permitió evitar la prisión y el pago de Q350 mil.
La PGN, en representación del Estado, había presentado el amparo en la Sala y apelando ante la CC porque busca una reparación de Q93 millones por el daño provocado con las irregularidades de ese proyecto carretero.
Con esta decisión, la Sala confirmó el fallo y concluyó que la jueza de mayor “D”, Abelina Cruz, que conoció el procedimiento especial de aceptación de cargos “actuó conforme a la ley y que no vulneró los derechos del Estado”. A criterio de los magistrados, el reclamo de la PGN respondía, en el fondo, a un desacuerdo con la forma en que se resolvió la reparación por el daño causado, pero consideraron que eso no era suficiente para anular esa sentencia.
“No se evidencia violación, en consecuencia no existe agravio alguno que amerite subsanar por medio del amparo; se evidencia más bien una inconformidad con respecto de la distribución de los montos destinados para la reparación digna”, concluyó la Sala.
De esa cuenta, ese fallo también mantiene uno de los aspectos más cuestionados por la PGN: la negativa a destinarse a resarcir directamente al Estado por el perjuicio ocasionado. Este fallo también contradice a lo resuelto provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC), que otorgó amparo provisional a la representación del Estado.
Benito solo pagará Q350 mil, y no una suma millonaria al Estado por el daño causado como lo pedía la PGN. El exministro también logra mantener intactos los beneficios otorgados como una condena reducida por aceptar el fraude y evitar la cárcel por el caso de corrupción en el Libramiento de Chimaltenango.
“Declara: I. Deniega el amparo solicitado por la Procuraduría General de la Nación, a través de su representante legal, abogada Elisa Maribel Hernández Domingo, en contra de la resolución de fecha doce de diciembre de dos mil veinticinco, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo ‘D’, dentro del expediente número único 01081-2019-00587, por las consideraciones indicadas”, resolvió.
Este fallo aún no está firme, la PGN puede volver acudir ante la CC, buscando revocar esa sentencia de amparo, que a diferencia de lo anterior era provisional.
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Una condena que lo favorece
En diciembre de 2025, Benito aceptó haber cometido el delito de fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango, eso le permitió obtener una reducción significativa de su condena. Aunque la jueza de Mayor Riesgo “D” le impuso una pena de cinco años de prisión, el procedimiento especial de aceptación de cargos redujo la condena a dos años y seis meses, conmutables a razón de Q20 diarios, lo que implica que evita el ingreso a prisión.
No era la primera vez que Benito recurría a esta vía. En noviembre de 2024, la jueza Claudette Domínguez lo había condenado a nueve años de cárcel por el mismo delito, pena que también fue rebajada a cuatro años y seis meses por aceptar los hechos. Posteriormente, esa sentencia quedó sin efecto y el proceso pasó al Juzgado de Mayor Riesgo “D”, donde el exministro volvió a acogerse a la aceptación de cargos y obtuvo una condena aún menor.
En otro proceso penal que presentó la antigua FECI conocido como “122 millones”, Benito también aceptó cargos. En 2024, el exministro admitió los hechos en el caso por lavado de dinero; sin embargo, antes de dictarse la sentencia, el delito fue modificado a conspiración para cometer lavado de dinero, uno menos grave. Con ese cambio, Abelina Cruz lo condenó a cuatro años de prisión mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos e igualmente evitó la prisión.
Un antecedente de gran corrupción
La Fiscalía contra la Corrupción estableció que Benito y otros sindicados defraudaron al Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, (MICIVI) en un evento de licitación pública por Q550 millones, para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango.
Se determinó que se benefició a la entidad Constructora Nacional, S.A. a través de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento; misma que carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, aun así fue adjudicada por el monto de Q.77 millones 798 mil 535.34 por la Junta de Licitación.
Asimismo, se efectuó el pago de indemnizaciones a particulares en concepto de derecho de vía sin que fueran propietarios de los inmuebles y con documentos falsificados. Esto provocó una erogación por parte del Estado de Q15 millones 388 mil 357.35, dinero que fue dispuesto por los mismos a través de distintas transacciones financieras, con el fin de ocultar su destino final.
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